Archivo mensual: septiembre 2007

Son de lo que no hay

Eso sí que no lo entiendo. Voy a un monumento del Patrimonio Nacional y una segurata casi se pone histérica porque detecta a través de los rayos X una navaja multiusos en mi mochila urbana; vas a un edificio de la administración de Justicia y un guardia civil, tranquilamente, sin histerias -es un profesional, después de todo-, se queda con la navaja en cuestión y te la devuelve a la salida. Lo mismo (aunque de nuevo con seguratas) en las oficinas de la Seguridad Social o en las de la Agencia Tributaria.

Lo de los aeropuertos… ¡bah! ¿qué puedo decir que no hayan dicho ya mil ciudadanos cabreados como fieras? Hasta el biberón del bebé o el frasquito de Lavanda Puig son un problema gravísimo para la seguridad mundial. ¿Habré de recordar por enésima vez lo de mis tijeritas del neceser en el aeropuerto de León?

Y, pese a tanta cagarela tocadora de pelotas, resulta que en el aeropuerto de Girona, se les cuela en un avión un tío con una pistola. De fogueo, sí, pero imagino que unos seguratas a los que se les altera el tono de voz por una navajita multiusos habrían de gritar «¡A mí, la Legión!» si detectan algo parecido, aunque fuera lejanamente, a una pistola. Y una pistola de fogueo no se parece lejanamente a una pistola real: es idéntica a ella.

Los de Al Qaeda deben estar descojonándose de risa.

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Visto para sentencia

¿Es posible que los jueces, así en general, sean idiotas? ¿Es posible un fenómeno generalizado de jueces que ignoren la ley? ¿Es posible que todo el colectivo judicial esté entregado a los intereses de una organización privada por más que ésta sea potentísima?

No. No lo creo posible. Puede haber algunos pocos casos aislados que adolezcan de alguna de las tres cosas y no cabe excluir que se dé incluso alguno que reúna las tres; después de todo, si ningún ser humano es perfecto, menos aún es de esperar que lo sea un colectivo. Pero no es en absoluto razonable la idea de que todo el poder judicial esté en masa corroído por taras tan tremendas.

¿Qué ocurre entonces? Tenemos una colección de sentencias judiciales alucinantes que no hay por donde cogerlas. La serie la inauguró la demanda de la $GAE contra la Asociación de Internautas, con dos sentencias, en primera instancia y en audiencia provincial, que hay que ver para creer; afortunadamente parece que, en casación, la cosa pinta mejor en el Supremo pero, de todas maneras, más vale no hacerse ilusiones todavía. Continuó con el asunto Mafius, aquel chaval de un instituto denunciado por algunos miembros del profesorado por presuntas injurias aparecidas en los comentarios de su bitácora, con una sentencia en faltas que había que leer seis veces para asumir que era real; felizmente, la Audiencia Provincial de Madrid rectificó el despropósito. Finalmente (finalmente, de momento), la última levitación jurídico-mística en la demanda interpuesta por el tal Ramoncín contra Alasbarricadas.org, que también déjala correr y que, obviamente, también será recurrida y esperemos que el recurso traiga mejor suerte.

Yo creo que estamos ante un problema de choque psicológico. Empecemos por la constatación de que el colectivo judicial es masivamente conservador. Especifiquemos: no «conservador» en el sentido político de la palabra (que también, pero no es interesante a estos efectos) sino en un sentido sociológico, en el ámbito de los usos y costumbres. Un conservadurismo que venda los ojos ante la evolución de la sociedad, que hace que cueste aceptar los cambios y más cuando son importantes. Ojo, esto no es privativo de los jueces, le sucede a todo ser humano. Lo que ocurre es que mientras la mayoría de los seres humanos o aceptamos los cambios que se producen en la realidad o ésta nos propina una dura patada en el trasero, los jueces, en posesión de un poder efectivo e importante, creen tener -o posiblemente tengan verdaderamente, cuando menos en alguna medida- la atribución de cambiar esa realidad o de detener su evolución.

Así las cosas, los jueces se encuentran con una fenomenología frente a la que no tienen armas legales (que son las únicas que pueden manejar): de forma prácticamente brusca, todo el mundo (en el sentido prácticamente literal de la expresión) tiene fácil acceso, en lo técnico y, sobre todo, en lo económico, a un medio de comunicación y no a un medio de comunicación cualquiera sino al más potente que haya sido concebido en el transcurso de la Historia. Y esto trae algunos problemas.

En primer lugar, la falta de formación de los actuantes en materia de medios de comunicación. Un periódico, una radio, una televisión, o un medio profesional en red, tienen un director que ha recibido una formación profesional de orden académico; y no sólo él: la práctica totalidad del consejo de redacción estará en posesión de una formación análoga. En consecuencia, conocen al dedillo lo que se traen entre manos, incluyendo los entresijos legales del asunto. Por no hablar de la experiencia de todavía no pocos profesionales mediáticos que hicieron sus primeras y hasta sus segundas armas en el contexto de un régimen político con el que había que ir con pies de plomo so pena de pasarlas muy canutas, pero canutas de verdad. Eso, evidentemente, curte. Pero la gente que tiene bitácoras o, más aún, la que interviene en ellas por vía de comentarios, no tiene ni la más remota idea de toda ese complejo entramado legal.

En segundo lugar, habrá que poner en tela de juicio mi afirmación originaria: si he dicho que la red es un medio de comunicación, habré ahora de rectificar para aseverar que, en realidad no es un medio de comunicación sino un foro, un ágora gigantesca al que todo el mundo tiene libre acceso para expresarse también en total libertad. Entonces, siendo así… ¿por qué empiezo diciendo que es un medio de comunicación? Pues porque es la manera que tienen los jueces de ver la red y no quiero que perdamos de vista esa visión judicial.

En tercer lugar, un dato que no he hecho aparecer hasta ahora mismo: el punto común que tienen todos los casos a los que he hecho referencia es que se trata de procedimientos judiciales por injurias o por intromisión en el honor del demandante. Y aquí volvemos a encontrarnos con una carencia de orden académico: el asunto de las injurias y de la intromisión al honor es muy complicado y tiene límites muy borrosos, sobre los que el ciudadano común no tiene formación alguna y, a lo sumo, funciona en base a percepciones y, atención, en base a emulación pública. Y este sí que es un detalle que los jueces debieran tener en cuenta y no valoran.

Desde esa ignorancia de la tecnología jurídica, el ciudadano percibe que hay personajes públicos que insultan. Ya no hablo de los putones de la telebasura sino de elementos de otro orden. Insulta el tal Ramoncín cuando llama «ladrones» a un sinnúmero de ciudadanos normales y corrientes simplemente porque llevan a cabo conductas en absoluto ilegales pero que a él no le cuadran; o insulta el Teddy Bautista cuando moteja de «pendejos electrónicos» a los internautas. Esto lo percibe claramente el ciudadano y, por tanto, percibe que una determinada conducta, llevada a cabo por un ciudadano respetable -o tenido por tal, que no siempre es lo mismo- es socialmente -y por ende, legalmente- aceptable. Ese ciudadano normal y corriente no llega a percibir la sutileza de que ese insulto de los ilustres no se atribuye a una persona o a un colectivo claramente identificables y de ahí la impunidad y, de ella, la confusión.

Cuando el ilustre recibe -o cree recibir o dice que recibe sin creérselo ni él- un insulto y demanda, la primera reacción del demandado -dejando aparte la cuestión de que en todos los casos citados el demandado es inadecuado, es quien no debiera serlo- es de estupefacción: pero… ¿cómo es posible que este tío tenga la jeta de demandarme por insultarlo cuando él ha insultado a media humanidad? Cada vez que uno de esos demanda a alguien por injurias, intromisión en su honor y demás cagarela, los foros echan humo con montones de ingenuos internautas que piden indignados a la AI y a otras asociaciones en red que demanden al tal Ramoncín, al Teddy o incluso a la $GAE en bloque.

Resumiendo hasta ahora: un fenómeno de comunicación que los jueces contemplan como a un medio de comunicación, cosa que no es exactamente y que los ciudadanos ven como la calle misma, cosa que no es únicamente; un fenómeno común, como es el lenguaje agresivo, que no tiene valor de injuria en la calle (llamar a uno imbécil no es un drama) pero que muy fácilmente adquiere tal calidad en un medio de comunicación: en un país donde cada día se parten miles de caras de boquilla, la gente se sorprende de que alguien pueda tomarse seriamente como amenaza una de esas.

Para acabarlo de arreglar, los políticos, en su congénita torpeza y en su brutal ignorancia, en su venalidad y en su generalizada estupidez, confundidos además por el ruido de los lobbyes interesados en conservar sus chollos y en mantener sus chiringuitos y presionados, además, por los intereses de los grupos económicos a los que se deben, pero atemorizados por la presión social que se produce ante sus proyectos de chabacanada, acaban pergeñando una normativa confusa, perjudicial, negativa y contraproducente, que acaba de liarlo todo.

Y, consecuentemente, los jueces se encuentran sin instrumentos que, por una parte, definan claramente el fenómeno al que se enfrentan y, por otra, atribuyan con precisión un efecto legal a un hecho definible. Y esto explica que, por ejemplo, se líen clamorosamente a la hora de evaluar los derechos y obligaciones de un blogger ante los comentarios que se publican en su bitácora. Por lo demás, como la normativa procesal civil impide o, cuando menos, dificulta determinadas actuaciones que sí permite y facilita la vía penal, en orden a la identificación del comentarista, el juez se enfrenta a un fenómeno que odia profundamente: la impunidad. A partir de ahí, el juez se debate como un jabalí herido entre la ignorancia de la realidad a la que le ha llevado el conservadurismo al que aludía al principio y el nudo gordiano que supone el demencial entramado legal que ahora mismo regula -digamos que «regula»- la red en España. Al final, recurre a sus esquemas mentales clásicos, interpreta lo que Dios le da a entender y ahí tenemos las sentencias que tenemos.

Sólo por esta vía creo que puede explicarse lo que está pasando con los jueces y la red. Bueno, por esta vía y por la inherente y tremenda mala fe del entorno de la $GAE.

Arrieritos somos.

Alucinando con casi todo

Cada vez que hablo -muy frecuentemente, por otra parte- del tema «padres, hijos e internet», sea en charlas presenciales o en coloquios radiofónicos, surge la misma cuestión: padres (no pocas veces también educadores o psicólogos) que sufren una tensión entre la necesidad de saber en qué andan sus hijos y el respeto a su intimidad. Porque aunque en la familia haya un clima de franca y cordial confianza entre las dos generaciones presentes (tres, si hay también abuelos), es evidente que la intimidad siempre conlleva un intrínseco secreto, cuando menos en algunos detalles. En casa de mis padres, por ejemplo, jamás de los jamases se le ha abierto una carta a nadie por más niño o menor de edad que fuera. En la mía, igual: mi mujer, por ejemplo, no abre un sobre dirigido a mí por más que esté clarísimo que es la factura del móvil o una de esas publicaciones insulsas, inútiles y estúpidas, de pura propaganda partidista, en las que el achuntamén se gasta nuestra pasta. O la Generalitat, que ídem del lienzo. Y viceversa, por supuesto: yo no le abro un sobre a mi mujer ni aunque esté claro que contiene la factura del gas. Y con las niñas, lo mismo.

Internet es otra cosa. El derecho a la intercepción no lo ejerzo, por lo común, pero me lo reservo. Con algunos matices: el correo electrónico es tan sagrado como el de papel y, por supuesto, los documentos en disco duro (en texto plano, OpenOffice.org, etc.). La cosa no es andar fisgando diarios íntimos. Sin embargo, las dos niñas están avisadas de que, sobre todo en lo que respecta a la mensajería instantánea, la transparencia es total, que debo conocer todas sus contraseñas y que, en cualquier momento, puedo entrar en su ordenador y echar un buen vistazo a sus log y a su historial de navegación. Evidentemente, ese control puede ser burlado, pero para cuando estén en condiciones de burlarlo ya no me hará falta el control.

Algunos interlocutores, al oírme explicar esto abren los ojos, aterrados: pero… pero… ¡esto es un atentado contra su intimidad! Mi respuesta es clara: en primer lugar, prefiero ser yo quien atente contra su intimidad (supuesto y no admitido que tal sea el caso) antes de que terceros lo hagan quizá contra su integridad física; y, en segundo -y principal lugar- habrá que recordarle al falso liberalismo buenrollítico y gilipollesco imperante que los padres no sólo tenemos el derecho de entrar en la intimidad de nuestros hijos cuando estimemos la probable existencia de algún peligro (y el contacto con terceros anónimos disfrazados de sabe Dios qué lo es, sin duda) sino también el deber de hacerlo. Todo ello, claro está sin perjuicio de educarlos en las medidas preventivas: a través de la mensajería, jamás un teléfono, jamás una dirección, jamás una hora, jamás una cita, jamás un número de tarjeta de crédito o de cuenta bancaria, etcétera.

¿Y a qué viene esto en una paella, epígrafe joviano destinado a otras temáticas? Pues a que leo que los tribunales se han cargado dos artículos del código deontológico de los médicos catalanes que permitía que los médicos -a criterio propio- practicaran tratamientos sobre adolescentes sin conocimiento -ni, obviamente, consentimiento- de los padres. Algunos de estos tratamientos son especialmente sensibles: cirugía estética, shocks etílicos o, incluso, abortos y esterilizaciones.

Desconocía la existencia de esos dos artículos ahora derribados (por el momento, puesto que la sentencia es recurrible) y he experimentado una especie de pánico retroactivo: ¿de modo que un médico podía practicarle un aborto a una hija mía menor de edad y yo no sólo no autorizarlo sino ni siquiera enterarme? Bueno, lo digo claramente, muy claramente: ese eventual y espero que inexistente médico (como espero que pueda decirse lo mismo de la circunstancia inherente), apoyado o no por su puto código deontológico, se jugaría muy grave e inminentemente su propia integridad física y me importa tres cojones todo lo demás, ya me entendería luego con el juez, llegado el caso. De momento, el único juez que ha intervenido lo ha hecho muy bien; lo lamentable, en todo caso, es que la impugnación de estos dos artículos ha sido posible gracias al recurso interpuesto por poco más de un centenar de médicos. De todos los miles, sólo un centenar.

¿Qué pasa? Sólo un centenar de médicos ve claro algo tan elemental… ¿y los demás? ¿Es posible que millares y millares de médicos estén de acuerdo con tan enorme desatino? ¿O es más bien, como es tan frecuente a todo lo ancho y largo de la estúpida sociedad actual, y seguramente lo más posible en el presente caso, que lo vean mayoritariamente mal pero que, también mayoritariamente, sean un hatajo de cagones y de apoltronados incapaces de moverse contra un desafuero evidente o de gilipollas atrapados por el temor a cometer un desacato contra lo políticamente correcto?

Y por cierto… ¿a qué podrido mental se le pudo ocurrir la autorización deontológica para practicar actos médicos sobre un menor -por maduro que parezca o incluso sea- y, sobre todo, actos como los aludidos arriba, sin consentimiento ni conocimiento de sus padres o tutores? Pero ¿de qué van? ¿Hay imbéciles que van por ahí predicando -y pensando- que los derechos individuales no tienen límite alguno? ¿A qué coño están jugando?

Estamos dejando que una caterva de pelagatos, que cabalgan sobre sus caponas frustraciones y averigua qué transtornos de conducta, marquen el sendero ideológico de la sociedad entera.

Y lo vamos a pagar muy caro.

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Algunas cosas son típicamente americanas: por ejemplo, que un senador se querelle contra Dios y que un juez admita a trámite la demanda. Nada sorprendente en un país en el que una empresa fabricante de sierras mecánicas debe incluir en su manual de instrucciones un aviso sobre lo peligroso que resulta intentar detener la inercia de las cuchillas, una vez parado el motor, frenándolas entre las dos piernas (rigurosamente auténtico), porque si no lo avisa podría verse obligada a pagar una tremenda indemnización a un idiota -o a sus herederos- que se hubiera seccionado la femoral o rebanado los huevos con tan evidentemente estúpida práctica.

Pero esto de querellarse contra Dios bate todos los récords, aunque no sé si será prudente decir eso siendo ciudadano de un país que tiene una $GAE. Y de un país, además, que en cierta ocasión decidió la inexistencia de Dios por mayoría parlamentaria, o sea que, bien pensado, en todas partes cuecen habas.

La razón de la querella estaría en un supuesto delito de la divinidad imputada por permitir o inducir todos los males del mundo. Bueno, ciertamente este es un problema teológico realmente fácil del que los expertos de las iglesias cristianas nunca han sabido salir con éxito por más que empleen subterfugios como aquel de que los designios divinos son insondables e incuestionables, cosa que no convence y conduce a toda velocidad al ateísmo: es evidente que mirando al mundo, se concluye que, o bien Dios no existe o, de existir, se trata del sádico más acojonante que haya podido concebir la naturaleza o lo que sea. En consecuencia, lo dicho: o no se cree en él (ateísmo) o no se plantea uno si existe o no y pasa del mambo (agnosticismo).

Pero lo de querellarse es inconmensurable. Además, yo me pregunto: ¿y si gana? ¿Y si Dios es condenado? ¿Le impondrán una indemnización? Por ejemplo, como indemnización, podrían imponerle la retirada airosa y victoriosa de los norteamericanos de Irak (si bien hay quien dice que eso no lo arregla ni Dios). ¿Y si lo condenan a prisión? ¿Enviarán al ranger Walker a detener a Dios? Pobre Walker, vaya conflicto de conciencia con lo ultraderechista que es el tío, que sólo le falta llevar boina roja en vez de sombrero Stetson y cantar el «Oriamendi» en vez de tocar a la flauta «Stars and Stripes».

Eso por no hablar de los resultandos y de los considerandos de la sentencia que, sin duda, habrían de ser de verdadera antología del Derecho a nivel mundial. Cágate, Aranzadi…

Sin embargo, sospecho que la cosa se va a quedar en agua de borrajas porque el senador en cuestión no ha tenido en cuenta el viento y va a pinchar la cosa por un detalle técnico: ¿cómo le van a entregar a Dios la sitasión?

Panda de tarados…

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A subvencionar los alquileres se ha dicho. La chavalada -qué envidia- ha conseguido poner a su problema de la vivienda en el eje mismo del debate electoral y, chicas, al salón, parece esto la subasta de la novata en una casa de putas.

Solbes se abrirá las venas el día menos pensado. Entre la pasta que ha tenido que cedernos a los catalanes, separatistas y victimistas (compañero, dame un duro), que se suma a los 2.500 dichosos euros del secuestro de «El Jueves», ay, no, por nacimiento de cada nuevo bebé, quiero decir, y ahora la subvención de los alquileres a la muchachada, habrá que mearse en los depósitos para que los coches oficiales puedan correr. Eso por no hablar del demérito profesional que le supone (aunque en realidad él no tenga la culpa) la ignorancia de que tal subvención la esponjarán hacia su bolsillo los arrendadores, tal como los promotores inmobiliarios hicieron en un principio (luego, ni eso les hizo ya falta) absorbiendo en el precio de las viviendas la rebaja del precio de los préstamos hipotecarios.

De un modo u otro (mejor dicho, de todos modos) se cumple lo que yo predije (y obviamente no fui el único): al final, vamos a pagar todos nosotros el pato, en lugar de lo procedente: cargar todas estas medidas a la cuenta de un impuesto especial que habría que cascarle al sector inmobiliario porque lo que ha acabado ocurriendo, al final, es que los ciudadanos les hemos regalado nuestro dinero a los bandoleros. No hay otra forma real y distanciada de verlo.

Aunque los tíos sean unos cafres en determinados sentidos, a veces se echa de menos no tener aquí a un Hugo Chaves o a un Evo Morales que les confisque a esos cabrones por la cara todo lo que han robado (y más, si es posible, en conceptos de intereses, costas, daños y perjuicios).

Conversando con un compañero mío muy implicado en lo de «V de vivienda» y vecino del otro forat de la vergonya, el de la antigua Bayer, concluíamos que el hundimiento en cuestión no iba a arruinar a Reyna (que viene a ser como el Teddy Bautista de los especuladores inmobiliarios catalanes) pero sí que le había partido por la mitad el pelotazo que tenía el tío preparado con esa promoción. Aún con todo, que le quiten lo [muchísimo que ha] bailado. Por eso, con un Chávez o con un Morales, igual había esperanza.

Y también lo decía: nos han atracado, han atracado en masa a la ciudadanía española que, pagando hipotecas unos o pagándoles las hipotecas a éstos los demás, hemos enriquecido a cuatro desaprensivos que han hecholo que les ha dado la gana con la complicidad de todos los partidos políticos en todas las administraciones públicas: la central, las autonómicas y (sin la menor remisión para las anteriores) sobre todo en las locales. Porque la cantidad de mierda que se acumula en el común de las administraciones locales españolas necesitará de generaciones para limpiarla. Marbella sólo es una muestra gratuita de lo que hay (pero que no llegaremos a ver en los juzgados).

Y luego cae en mis manos un ejemplar de «El Temps» en el que un tal Benjamín Muñoz, a la sazón presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de la Comunidad Valenciana (¡aguanta con el expediente del tío!), se queja de que «los promotores no somos la causa de todos los males, tal como se ha hecho creer» (sic).

No: los promotores son seráficos y angelicales benefactores de la Humanidad que cumplen una función social (¿social de «sociedad anónima»?) y acarician a la ciudadanía con una lluvia de dones maravillosos sin otro fin que la satisfacción del deber cumplido.

¡No te jode…!

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Pues hala, ya vais servidos por hoy. El próximo jueves será 27 de septiembre, primero del otoño y último del tercer trimestre del año. En breve -casi mañana, si la cosa sigue evolucionando como en los últimos años- empezarán a instalarse las luminarias de las Fiestas de la Visa y antes de que nos demos cuenta nos habremos echado otro año al coleto.

Pero, por rápido que pase el tiempo, tres meses son tres meses y aún entrarán ahí unas cuantas paellas, casi una docenita, desde las cuales echar unos cuantos cagontós, así que ojo al cerrojo y a formar aquí todos los jueves.

Sin olvidar, por supuesto, que siguen pasando cosas entre semana -los tropecientos mil abogados de la $GAE no paran de trabajar como locos: mal, pero como locos- y que aquí sigue de guardia «El Incordio» para irlas contando.

Sic transit gloria mundi.

Espejismos

Vaya, vaya, vaya… Ayer, Mariano Rajoy destapó el tarro de las esencias y en esa suerte de subasta electoralera en la que están metidos los dos gordos y las demás comparsas, que sería de risa si no fuera por el viaje brutal que le van a pegar al Presupuesto subvencionando estupideces, ha subido un peldaño y se ha metido con el canon digital. Ojo: se ha metido dentro de un orden y, como diría Pérez-Reverte, aludiendo a su vez a un viejo poema procaz de escolares y quintos, «con la puntita, nada más», no vaya a darle un pasmo a la Salmones.

En síntesis, dijo que cuando gane las elecciones (o sea, «si gana las elecciones»), su política en materia de canon digital será distinta. Y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, fuese… y no hubo nada. Hasta el amigo Daniel Rodríguez, muy poco sospechoso de ser precisamente un revolucionario de izquierdas, se mea de risa indisimuladamente.

Hace falta ser demagogo (Rajoy, no Rodríguez). Primero, porque esto es no decir nada: el tío se ha limitado a asumir algunas de las razones que esgrimimos los internautas, pero usándolas como un lugar común: que no quiere que se tome a toda la ciudadanía por pirata, que hay que primar el talento… tonterías: en boca de Rajoy y en su contexto, perfectas tonterías vacías de contenido; obviamente, tampoco ha precisado mínimamente en qué consistiría o hacia dónde apuntaría ese cambio de política y qué entendería él por «canon discriminado» en oposición a su específico «canon indiscriminado», con la única deducción obvia de que, de un modo u otro, seguiría habiendo canon. Segundo, porque hay que joderse con la inmensa cara dura que le echan los políticos a las cosas: aunque es verdad que después el PSOE empeoró la cuestión con una reforma realmente criminal, lo cierto es que el PP, temporibus Aznaris tuvo una ocasión perfecta -y se le reclamó estruendosamente- para «hacer una política distinta» en materia de canon digital con la propia Ley de Propiedad Intelectual, que, a su vez, también modificó, y, en lugar de eso, escurrió el bulto lamentable, indignante y escandalosamente. Que no venga ahora Rajoy con pamplinas haciéndose de nuevas y pasándose de listo tomándonos por tontos.

En lo demás, para glosar -lo he hecho otras veces- esa especie de síndrome de Estocolmo que guardan los del PP hacia los de la sopa boba pese a los palos que éstos les arrean a los de Rajoy de forma constante e inmisericorde, y para comentar lo pintoresco que es hablar de cambiar la política del canon y tener a esa berroqueña Rodríguez Salmones redactando el programa electoral del PP, me remito al artículo de Daniel, arriba enlazado, el cual suscribo cuando menos en su globalidad.

¿Tiene, pues, algo de bueno esta meada de Rajoy dentro o fuera de no sé qué tiesto? Pues, sí, tiene algunas cosas buenas.

Se me ocurre, en primer lugar, que eso es la constatación de que la vieja aspiración internauta (y por la que hemos trabajado -y seguiremos haciéndolo- muchísimo) de conseguir que el tema del canon y, en general, del conocimiento libre, baje a la arena política y electoral, y que una política u otra comporte costes computables en miles de votos, está ya a la vuelta de la esquina; quizá no esté aún ahí, pero la tenemos cerquita: un empujoncito más y lo habremos logrado.

En segundo lugar, aunque probablemente no en la medida que nos gustaría, estas declaraciones de Rajoy, aún ciertamente tontas, le meten presión al PSOE justamente cuando tenemos en candelero el decreto tarifario sobre el canon respecto del cual, ahora mismo y en lo que se sabe o se cree saber, tenemos pocas razones para ser optimistas. Quizá -sólo quizá- la salida de Rajoy logre que todavía se modifiquen algunas cifras y que haya alguna que otra tachadura. Es un deseo, más que una previsión razonable, pero todo está dentro de lo posible.

En tercer lugar, hay una parte del discurso de Rajoy que, siendo más elíptico, más teórico y enunciativo que contenedor de promesas políticas concretas, es más importante y es el reconocimiento que el lider derechista hace de la red como elemento de primer y casi único orden de debate político, hasta el punto de hacer suyo aquello de que «o se está en la red o no se está». Ya tardaban. Aunque, al igual que la anterior, sea una afirmación un tanto demagógica, en lo intencional, dedicada, más que otra cosa, a epatar a un auditorio presumiblemente internauta y geek, también es cierto que soltarla sin tener la sensación de estar haciendo el ridículo implica un claro reconocimiento de que la red pesa, aunque crean que pesa menos de lo que dicen oportunistamente; y aunque aún pese realmente más de lo que dicen y, por supuesto, de lo que creen, la simple admisión del principio del peso (su correcta cuantificación ya les llegará a tortas) ya es un avance.

¿Hemos ganado o hemos perdido con las afirmaciones de don Mariano?

Pues, en general, nos hemos quedado igual. El acercamiento del problema del canon a la contienda electoral es un éxito que se contrapesa -hasta el déficit- con la nula intención que tienen unos y otros de afrontar seriamente ese problema y de resolverlo de acuerdo con los intereses de los ciudadanos. No es nada nuevo: hace tiempo que sabemos -los que no somos unos inocentes pajaritos, cuando menos en este ámbito- que no contamos con ningún aliado, que no tenemos otra fuerza que la propia de la ciudadanía, que puede ser mucha, pero solamente si existe una concienciación, una movilización y una articulación; hemos logrado casi plenamente lo primero, pero hay aún mucho camino antes de llegar a lo segundo y a lo tercero. Pero llegará, sin duda, y más de uno se encontrará de la noche a la mañana con el culo al aire y buscando desesperadamente sus patéticos calzoncillos.

Por tanto, seguiremos adelante con la caravana, sin hacer caso de los espejismos e ignorando el ladrido de los perros.

Anuncios y pleitos

El blog de Pepe Cervera es una de mis lecturas diarias; bueno, diarias… cuando él es diario, que no lo es siempre. Y hoy he leído en él una entrada que me ha gustado. En síntesis, cuenta Pepe que diversos medios y agencias publicitarias están cabreados porque hay aplicaciones -algún add on de Firefox, entre las más caracterizadas- que se dedican a cegar la publicidad que insertan en sus páginas web; y, para no perder la costumbre, andan barruntando en perseguir judicialmente a los autores de esos programillas. Bueno, más detalles en «Retiario», que para eso he puesto el enlace.

Esto me mueve a un par de reflexiones: una, típicamente internauta, sobre el sentido, forma y modos de la publicidad en red; la otra, sobre el sentido de las leyes y su asunción por la ciudadanía.

Puede sorprender, pero los creativos publicitarios son poco creativos. Han tomado la red como un medio más. No se quitan de la cabeza sus tabloides y sus televisores y así, entre flashes y javascripts nos llenan la pantalla del ordenador de porquería. En su mentalidad anticuada piensan que, como en el periódico, aunque no mires la publicidad tienes que verla forzosamente para decidir que no te interesa y pasar la página: en esos brevísimos segundos, un mensaje bien construido llega correctamente a su destino y la publicidad ha conseguido su objetivo; en el televisor, uno puede irse a mear cuando hacen los anuncios (bueno, según están las cosas, puede uno ir a mear, ducharse, afeitarse y hasta cenar en una pausa publicitaria) pero ellos saben que siempre te tragarás los últimos antes de que se reanude la peli; en todo caso, el lavabo nunca está tan lejos como para que el sonido no alcance a llegar a esa pieza, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría ajusta el volumen como si tuvieran que oir la tele todos los sordos de la ciudad. Todo calculado, todo previsto, así que en la red, lo mismo. Pues no. Vienen unos graciosos que -desinteresadamente, para mayor inri, ya son ganas de joder- te hacen un programilla que se carga con el navegador que te lo elimina todo: el destinatario no ve el anuncio ni siquiera una ínfima fracción de segundo.

Evidentemente -amenazan-, no esperéis contenidos gratis si la publicidad que los financia no es operativa. Y sic stantibus rebus en la red, el usuario se encoje de hombros y vete al peo, so merluzo y que te den…

¿Es verdad? ¿La inoperancia de la publicidad podría dar al traste con esa red plenamente disponible y gratuita que todos queremos? Pues sí, la verdad es que sí. Los contenidos cuestan un dinero y alguien ha de pagarlos, eso está claro; si el usuario quiere los contenidos y no quiere pagar por ellos en efectivo, deberá hacerlo en tiempo y atención a unos mensajes por cuya inserción el «mensajero» pagará una cantidad que comprende el coste de la «emisión» (llamémosla así) de su mensaje y el coste de los contenidos que facilitan la atención sobre su mensaje, juntamente con el coste de los conceptos y demás historias que configuran lo que se suele llamar «un negocio rentable» (para el productor). Pero este es el razonamiento clásico.

Después viene alguien y se pregunta: «¿Y si al usuario le interesara verdaderamente el mensaje publicitario?» Y ese alguien descubre que hay otra publicidad que no molesta, que no es invasiva y que, además, es muy eficiente porque no logra miles y miles de visualizaciones desganadas o forzosas sino cientos y cientos de verdaderos interesados -cuando menos, potenciales- en el mensaje. Se ha dicho hasta la saciedad: si busco coches y encuentro coches ¿qué más me da que la información sea ecléctica o que tenga un origen publicitario? Al final, la publicidad no consiste sino en la conexión de una marca o de un producto identificado con la necesidad o el deseo de poseerlo o consumirlo. Si yo quiero comprar un coche no me va a molestar en absoluto la publicidad sobre coches (¡en el ancien régime, cuando queríamos comprar un coche buscábamos los folletos publicitarios concesionario por concesionario!); y si el coche que busco es un «Seat», menos aún me va a molestar la publicidad de «Seat». Y este es el modelo publicitario de Google.

Vendrán, en un futuro más que próximo, inminente, muchos otros interesantísimos modelos de publicidad bien hecha e interesante para sus destinatarios y para los degustadores de la calidad creativa, aprovechando las facilidades y las enormes ventajas que permite la red para su localización e identificación como target idóneo del mensaje publicitario y que no generará la animadversión de aquellos a quienes ese mensaje no interesa, entre otras cosas porque muy probablemente no lleguen a verlo.

Por tanto… ¿de qué nos está hablando Pepe Cervera? Pues nos está hablando, ni más ni menos, que de profesionales cutres, de unos pobres desgraciados limpios de recursos mentales que han perdido el oficio, si llegaron a tenerlo alguna vez, de vulgares gilipollas incapaces de enterarse de que el mundo evoluciona y de que lo oportuno no es un concepto absoluto sino una relación de espacio y tiempo que delimita un punto micronésimo que, por definición, no es permanente como nada es inmutable.

Vamos a la segunda reflexión. Cada vez que uno de esos (llámalo, ejem, «creativo»; llámalo, ejem, «artista», llámalo como quieras, pero llámalo mal) se cabrea porque alguien se ha comido su queso mientras él contemplaba sus muy bien subvencionadas musarañas, recurre a los jueces. Tal me insulta, tal otro me ofende y el de acullá se niega a plegarse a mis designios. Y poco a poco, cada vez son más los sectores sociales demandados, cada vez son más amplios los colectivos ciudadanos implicados directa, indirecta o afectivamente en demandas de muchísima pasta, en querellas con petición de castigos brutales para un ciudadano común. El signo de los tiempos ha desposeído de prebendas a muchos que vivían del cuento y no se resignan -es, en cierto modo, natural- a perder el chollo así por las buenas, o sea que se defienden como gato panza arriba utilizando para ello, en primer lugar, unas leyes que, en los aspectos que interesan, han sido modeladas a su gusto y ganas por unos políticos absolutamente corruptos, en segundo lugar, una potencia de medios que despliegan sin reparar en gastos (yo no creo exagerar mucho si digo que la $GAE da trabajo al equivalente de un entero colegio de abogados de provincia medianita) y, en tercer lugar, sembrando lo que yo he calificado repetidas veces de «terror procesal» que consiste en obligar a toda una sociedad a arrodillarse ante sus exigencias aprovechándose de la ansiedad que un pleito -por tonto que sea, aunque, en realidad nunca lo son- provoca en un padre de familia normal y corriente (¿de qué, si no, iban a tener pillada a toda la hostelería, sobre todo de pequeños establecimientos?).

¿Y los jueces qué hacen? Pues bueno, unos se apuntan al bochorno con entusiasmo: «dura lex, sed lex», «quien la hace la paga» y toda esa retahíla de estupideces que se oye en todas partes menos en las facultades de Derecho, pero que tiene una legión de seguidores en el mundo de la toga, con puñetas y sin ellas. Por tanto, en cuanto pillan la demanda, se aprestan a preparar toda la artillería legal para cascar al osado transgresor… o a quien aparenta serlo a su inaudito y evidentemente poco documentado modo de ver (recuérdense las sentencias -aún no firmes, y quizá no lleguen a serlo nunca- contra la Asociación de Internautas o la dictada en primera instancia -felizmente derrumbada por la Audiencia Provincial de Madrid- contra Mafius). Hay otros jueces, sin embargo que viven en presente y que tienen los pies en el suelo del siglo XXI. Nos consta que los hay, nos consta que van siendo ya no pocos y nos consta que hacen lo que pueden para meter un poco de raciocinio en esa loca ensalada de ametralladora procesal… Pero los jueces son intérpretes de la ley, no sus productores ni sus modificadores: tienen que trabajar con lo que hay y lo que hay, demasiadas veces, no da para más. Ni para menos.

El problema, pues, no es jurídico sino político: las leyes son injustas, las leyes favorecen los intereses de minorías privilegiadas, las leyes no satisfacen ni los deseos, ni las aspiraciones ni las necesidades de la ciudadanía. Las leyes, pues, son corruptas como lo son, con excesiva y agobiante frecuencia, los políticos que las hacen.

Y cuando las leyes están así, el futuro sólo admite dos posibilidades: o se cambian o se subvierten. Recuerden (o lean, en su caso) los políticos y los jueces del siglo pasado el episodio aquel de «La casa de la Troya», cuando el alcalde accidental compostelano pretende hacer detener a media universidad por un dudoso y, en todo caso, personal agravio y el sereno, compungido, se excusa: «es que no le tengo cuerda bastante, señor alcalde».

Que vayan con cuidado porque el día «que no le haya cuerda bastante» pasarán cosas mucho más gordas de lo que aconteció en aquel episodio de la deliciosa y cándida novela de Pérez Lugín.

Cuya lectura, desde luego, recomiendo.

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