Monthly Archives: enero 2008

Jueces, caspa y papeles

No salgo de mi asombro. ¿Qué habrá de ocurrir para que mi capacidad de sorpresa se vea colmada?

Tres condenados por asesinato, en la calle gracias a un tecnicismo. No a un error, no a un despiste: a un tecnicismo. Un jurado les había declarado culpables (dos putas y un amigo de ellas) de haber asesinado a martillazo limpio a un empresario andorrano que, al parecer, era cliente habitual de las dos tías. La sentencia (más de 17 años de prisión para cada pájaro) fue recurrida y el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la anuló y ordenó que se rehiciera el fallo condenatorio por omisiones importantes en la redacción de la sentencia original. El TSJC ordenó la devolución del procedimiento al magistrado de la Audiencia que presidió la vista oral a fin de que la sentencia fuese redactada de nuevo e incluyese de forma más clara y extensa las razones que llevaron al jurado a dictar el fallo condenatorio que el Tribunal Superior refrendó. La sentencia, pues, quedaba anulada, pero en su redacción, no el proceso ni su resultado final.

Pero he aquí que mientras se procedía a la redacción del nuevo fallo, los abogados defensores, cumpliendo con su deber (sobre esto, no hay nada que decir), piden la puesta en libertad de sus patrocinados en base a que en su día se dictó un auto prorrogando la prisión provisional de los ahora culpables, auto que se dictó basándose en la original sentencia condenatoria y, por lo tanto, al caerse ésta, decae la validez del auto. Y el juez acepta los argumentos de los abogados en base a que, si bien el TSJC no discutió el sentido condenatorio de la sentencia, lo cierto es que anular, lo que se dice anular, ésta estaba anulada y, por tanto, efectivamente, un auto basado en ella queda convertido en papel mojado. Y, hala, a la calle.

Yo no voy a entrar ahora en si al juez no le quedó otro remedio, en si pudo haber tenido alternativas… No lo sé y, de hecho, saberlo o no es escolástica pura. La ley se ha cumplido en su estricto tenor, indudablemente… pero a su mayor escarnio y burla. Lo dije una vez: si los jueces no pueden, por incapacidad propia o por impedimento legal, aplicar la ley a la luz de un contexto determinado y de unas circunstancias concretas, los jueces están, entonces, de más. La aplicación automática y a piñón fijo de la ley es algo que, hoy día, puede perfectamente hacer un ordenador y, además, un PC común y corriente, no hace falta ir a buscar, precisamente, al Mare Nostrum; incluso su programación sería una tarea sencilla: el «Quien Rompe Paga versión 1.0» no pasaría a los anales de las maravillas de las aplicaciones informáticas. Incluso podría correr razonablemente bien bajo un sistema operativo M$ Window$ (al menos, mientras éste no se colgase): dado el veredicto del jurado, pataplúm, tal pena. Y sin pantallazo azul ni nada. Porque, señoría, dejar en libertad a unos asesinos convictos por un tecnicismo legal que, después de la revisión de la sentencia por tribunal superior, no modifica su fondo práctico, es conducirse como un perfecto autómata. Con el sueldo de un sólo mes de un juez -que reconozco no muy reconfortante- se pueden comprar unos cuantos ordenadores con una vida útil previsible de cuatro o cinco años.

Esto (todo esto, la sociedad, la política, la judicatura), se está desquiciando y los ciudadanos entendemos cada vez menos las cosas que se hacen hasta el punto de que cada vez tenemos menos confianza en el sistema, pero en el sistema ampliamente entendido, no sólo en su aspecto político. Está claro que hay que ir pensando seriamente ya en buscarle alternativas o esto va a acabar mal. Sencillamente porque, si el propio sistema no se reforma en profundidad, no se ve camino por el que pueda continuar bien.

El futuro no induce a optimismo.

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Parecería inevitable hablar de la defunción -anunciada anteayer por sorpresa para mañana mismo y, además, como irreversible- del programa de Tele5 «Aquí hay tomate». Pero no, no es inevitable: podría evitarlo perfectamente, pero hablo de él porque me da la gana.

Se han lanzado muchas campanas al vuelo, algunas con más razón que otras. Es evidente que para personajes sistemáticamente perseguidos por esa gente, la noticia ha constituido un previsible alivio. Pienso, por ejemplo, en Isabel Pantoja, permanentemente puesta en el punto de mira de ese equipo de telebasura. Hay, probablemente, muchos otros personajes asimismo aliviados, pero no los conozco. Digo que no los conozco y digo bien, no me estoy colocando en un afectado limbo intelectual que ignora cutreces: es que las pocas veces que he visto esa cosa -tengo pruebas de mi escasa asiduidad: se emite en horas de trabajo- salvo personajes como la Pantoja, la Jurado y muy pocos más, lo cierto es que no he sabido nunca de quién coño hablaban.

Hace un par de años, una buena amiga de casa sufrió una lesión que la tuvo dos o tres meses de baja; en ese tiempo, fue asidua del tomate y llegó a adquirir una cultura ciertamente notable sobre la fauna de la que medraban esos fabricantes de la tele del residuo. Durante ese período, y unas pocas semanas más en que su vuelta al trabajo le impidió seguir habitualmente la cosa pero que sus conocimientos permanecieron actualizados, fue mi asesora tomatera y me aclaraba a qué ganadería pertenecían los especímenes cuyos méritos para alcanzar la notoriedad yo ignoraba. Resultaba que, en definitiva, la inmensa mayoría eran desperdicios sobrantes de grandes hermanos o de operaciones triunfales, folladores -presuntos- de peripatéticas octogenarias pasadas de vueltas y toda una long tail arrastrada por estos, de ex, ex de ex, putiferio, cornamenta, la puta de la cuñada y el cabrón del consuegro. Seguramente toda esa recua será la que sufrirá más la poco buñolera tomatina que ha prescrito la dirección de la tele berluscoña, porque gracias a inventos de esos, podían sobrevivir -mal, pero iban tirando: no cobraban grandes pastizaras, contra lo que algunos puedan pensar- sin dar un palo al agua y sin otro esfuerzo que inventar una mayor y mejor forma de hacer el ridículo para seguir en ese patético candelero.

Esto dicho, tampoco entiendo del todo tanta campana al vuelo. Oficialmente, la cadena ha retirado la cosa por su crisis de audiencia. Me permito dudarlo: está sosteniendo tozudamente programas con mucha menos, porque el tomate de los cojones te levantaba… no quisiera exagerar pero ¿he podido leer por ahí 13 millones de cenutrios? Si la cifra es cierta y la memoria o la comprensión lectora no me han jugado una mala pasada, me parece una cifra comercialmente excelente para una cosa emitida en horario de sobremesa de los días laborables. Ya quisieran esa audiencia muchos programas que se emiten en horario, que le llaman, prime time y que, sin duda, la merecen o, por lo menos, la merecen mucho más que el tomate; hay que pensar que 13 millones constituyen, así, grosso modo, más de la cuarta parte de la población total del país, es decir que hablamos de uno de cada cuatro españoles -o residentes asimilados- incluyendo niños en edad escolar y gente que trabaja a esas horas, además de los desocupados que no ven tomates porque tienen otras opciones de ocio, o sea que aquí o hay mucha jornada intensiva o hay mucho cuento con las cifras de población activa. Se ha dicho que tras el cerrojazo está la mano de Aznar, que juró venganza fiera contra el programa que divulgó -cierta o falsa- su separación matrimonial y, claro, Aznar es mucho Aznar y no conviene tener enfrente a quien verdaderamente maneja el PP.

De cualquier modo, repito, no entiendo el porqué de tanta campana al vuelo. «Aquí hay tomate» era -es, aún, por pocas horas- un espacio televisivo deleznable, pero lo que a mí me desgarraba de su existencia era, sobre todo lo que tenía de efecto, no lo que tenía de causa, que era poco. Quiero decir que el tomate no era un programa embrutecedor de masas sino, en sentido inverso, fueron las masas previamente embrutecidas las que lo llevaron a las cimas más altas de las grandes audiencias. El tomate intrínsecamente, no me ha preocupado ni molestado nunca, toda vez que no era obligatorio verlo, como cualquier otro programa de tele; hay más opciones -otras treinta y tres, nada menos, en Barcelona, si ya tiene uno en marcha la TDT- sin contar con la radical (y, por mi parte, más frecuente): cerrar la tele.

El tomate desaparece pero eso no tiene importancia, como tampoco la hubiera tenido si se hubiera mantenido en antena, porque lo importante, lo sustancial, es que permanece -y bien asentada- la caspa social que lo aupó y a la que le echarán -podéis apostaros el cuello, que no lo váis a perder- cualquier otro producto igualmente guarro en sustitución del que ahora liquidan. He visto hoy de reojo un titular en el que una periodista de relumbrón decía que la televisión del corazón putrefacto es un modelo que se agotará, pero no inmediatamente: pasarán años, quizá diez. Acertaba a medias: el modelo de corazón putrefacto caducará -a largo plazo, efectivamente- pero el corazón putrefacto es un modelo más de televisión basura, no la televisión basura. Dentro de diez años la televisión basura servirá otros formatos, otros contenidos, quizá gladiadores luchando a muerte o ejecuciones públicas retransmitidas en directo (para luego ser glosadas fotograma por fotograma por una serie de programas, hasta cuatro o cinco diarios, que un poco de contenido da para mucha tela); recordemos aquellos programas infectos como el pelícano de Pepe Navarro o los reality shows de la tía rubia aquella, Nieves Herrero, que se revolcaron en los cadáveres de las niñas de Alcàsser, como simple muestra de la mucha porquería que exhibieron, cuando creíamos que no era posible una televisión peor.

Desengañémonos: para que se termine la televisión basura, lo que tiene que dejar de ser basura somos nosotros, la sociedad española. Con una ventaja añadida y gratuita, como el premio de una promoción: si dejamos de ser una sociedad basura, quizá, además de la televisión basura, desaparezca la política basura, la ética basura, el trabajo basura y muchísima otra basura que nos comemos cada día por quintales.

¿O no?

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Volvemos a estar a vueltas con los llamados «papeles de Salamanca» cuyo retorno, exigido por la ley, está congelado, o sea que la ley se incumple sistemáticamente. Así es este país. Cuando una ley no gusta, se incumple. Poco tiene que ver que, encima, el que incumple es el que la promovió y el que hizo que fuera mayoritaria en el Congreso y en el Senado.

Mi postura respecto a lo de los papeles de Salamanca es muy ecléctica, en lo que a mi interés personal respecta y en el que respecta también a los investigadores: se digitaliza ese fondo de archivos, se cuelga en la red y los originales que los guarden donde quieran, como si se los quieren meter por el culo.

Esto sería universalmente válido si estuviéramos hablando de documentación pública. El problema es que en ese fondo hay muchísima documentación privada; pienso, por ejemplo, en cartas escritas por un padre ya muerto -quizá fusilado- o por un hijo desaparecido en el frente, cartas que fueron confiscadas manu militari para servir de ¿pruebas? en ajustes de cuentas con formato judicial. En casa de mis padres está el título de profesor de Catalán de mi abuelo, expedido por la Generalitat republicana, con la firma autógrafa de Pompeu Fabra, el culpable del catalán moderno. Además, mi abuelo perteneció a la primera promoción de esos profesores, cuya continuidad, como cabe imaginar, quedó radicalmente cercenada en 1939. es un documento importante para mi padre, para mí, para mis hermanos y para mis tías y mis primos. Imagino, pues, lo mucho que nos jodería que este documento estuviese tirado en unos archivos de Salamanca y que se negaran a devolvérnoslo como si no fuera nuestro y sí de ellos. Por derecho de conquista. Y no pongo en su boca palabras que no hayan pronunciado, porque eso lo dijo así mismo Gonzalo Torrente Ballester.

Dejando aparte los agravios privados, lo que más molesta del asunto de los papeles y de que salga ahora es su transfondo. Si los papeles hubieran sido andaluces,o castellano-manchegos, me atrevo a decir que los salmantinos no hubieran opuesto tan feroz resistencia a su devolución; o bien, oponiéndola, promulgada la ley que obliga a su devolución, ésta se hubiera producido de forma inmediata y rápida. El asunto -y este es el verdadero fondo de la cuestión, porque a ese archivo los salmantinos no le hicieron jamás ni puto caso, y eso suponiendo que supieran de su existencia, cosa que dudo en el 99 por 100 de los habitantes- es que los papeles que se reclaman son catalanes.

Aquí basta que asome la nariz algo catalán para que se monte la pelotera padre. Recordemos lo de ENDESA, la OPA planteada por la Caixa. Recordemos que el entero país se mesó las barbas: ¡lo más y mejor de la producción energética nacional iba a estar en manos de los catalanes! Menos mal que vinieron los alemanes a salvar a España de los polacos estos… Bueno, y luego la operación se acabó de fastidiar ya no entendí muy bien -ni ganas- por qué. Lo que sí tengo claro, es que si la OPA la lanza, por ejemplo, el Santander Central Hispano, salvo en los círculos financieros más profesionales aquí nadie hubiera hecho ni pajolero caso. El asunto no era que ENDESA fuera adquirida por una entidad financiera -en estos tiempos es, por lo demás, lo que cabe esperar, desgraciadamente- sino que lo fuera por una mayormente catalana.

Como único consuelo, cabe pensar en el choteo fino que nos hemos ahorrado si ENDESA hubiera sido de la Caixa a finales de julio del 2007, con toda Barcelona a oscuras durante tres días (porque aunque ENDESA hubiera sido de la Caixa, lo que pasó hubiera pasado igualmente, no nos engañemos: ¡valientes elementos estos para invertir en el servicio público más allá de la mitad de lo justo!).

Está claro y no tiene vuelta de hoja: el anticatalanismo… no: la anticatalanidad, vende, da votos. Y, como consecuencia de esta evidencia, el nacionalismo crece en Cataluña.

Ceguera, ignorancia y olor a pies, esto es lo que hay.

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Hasta aquí hoy, jueves lardero del año 2008, que viene pronto, como pronta llegará también la propia semana llamada santa. El sábado será día 2, festividad que es -o fue- de la purificación de la virgen (las religiones le tienen una manía a la mujer que no se tienen en pie), día tradiconalmente conocido como La Candelaria y día en que la tradición ancestral catalana determinaba como fin del tiempo navideño; el día de la Candelaria se recogían los pesebres: hoy apenas sobreviven al 7 de enero. O tempora, o mores!.

Hoy empieza la estupidez esta de los carnavales, lo que me recuerda que semanas atrás prometí hablar de ellos en tal día como hoy. Me doy cuenta ahora, a paella cerrada (y retrasadita: vuelve a ser una paella de cena), con lo que no voy a poder cumplir la promesa. Lo intentaré para el jueves próximo, ya Cuaresma, pero con la sardina enterrada aún no putrefacta.

Jueves próximo, por cierto, que será 7 de febrero, ya habremos dejado un mes atrás los últimos estertores de las fiestas de la VISA y es hora ya de penitencia. Precisamente en Cataluña son costumbre de la Cuaresma los buñuelos de l’Empordá, riquísimos. Y en mi Asturias materna, se llevan por las épocas de Carnaval los frisuelos, una especie de crêpes, para entendernos, pero mucho más ricos. Ñammmmm. Marina (mi endocrina) me pasa por las armas. Precisamente me toca el jueves y hoy he ido al vampiro para la toma de muestras. Ya verás, ya…

Que no me pase nada.

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ACTUALIZACIÓN (2.2.2008)

Sobre los índices de audiencia del tomate, ya algo me decía a mí que alguna cosa no iba bien en tanta millonada. Efectivamente, tal como indica «Libertad Digital» citando al propio espacio televisivo, la cifra de espectadores diaria era de 2.500.000, lejos de los 13 millones que yo he dado. Los 13 (que tampoco son 13 sino más de 19 y habían llegado a 26) son los puntos porcentuales de cuota de pantalla. Siguen siendo números importantes, no demenciales, pero sí importantes, que, desde luego, no sirven para explicar la desaparición del programa, y menos de esa manera, por lo que sigue siendo válido todo el resto del comentario.

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La campanada europea

Pues se ha organizado un buen rebomborio con la sentencia del Tribunal europeo dictada contra las pretensiones de Promusicae para que se obligara a Telefónica a entregar la identidad de los titulares varias IP que habían sido pillados (Promusicae sabrá por qué procedimientos) descargándose música, al parecer mediante el aplicativo Kazaa.

Un poco sí me sorprende porque hace ya bastantes semanas que la letrada del tribunal emitió un dictamen en este mismo sentido y, aunque este dictamen no es vinculante, raras veces el tribunal sentencia de modo distinto, de modo que lo de ayer era algo cantado y bailado y la sorpresa hubiera sido una sentencia distinta. Será por eso que los de Promusicae han tenido algún tiempo para meditar sobre las cortinas de humo que iban a utilizar, pero han meditado poco o mal porque no han hecho más que decir tonterías patentes y evidentes, la más genial de las cuales consiste en hacer ver que la sentencia les favorece mucho. Pues bueno.

Expliquemos un poco la cosa a beneficio de lectores poco avisados. Promusicae, que es la asociación que agrupa a grabadores, editores y tal de discos -o sea, lo que comúnmente conocemos como las discográficas– pretendió ante un juzgado mercantil de Madrid que Telefónica le suministrara las identidades de unas personas, tal y como he indicado en el primer párrafo, al objeto de proceder civilmente contra las mismas. Telefónica se acogió a la LSSI para negarse a ello y Promusicae pretendió que la normativa europea, de rango legal superior a la LSSI, sí la obligaba. El juez, en consecuencia, elevó consulta al Tribunal de la UE y de ahí esa sentencia.

Esa sentencia, como puede verse, declara que la normativa europea deja en libertad a los estados miembros para que regulen la cuestión a su aire y que tan válido es prohibir la entrega de datos en cuestiones civiles, restringiéndolo solamente a las penales -como es el caso de España- como permitirlo o incluso obligar a ello. Esta indiferencia procedimental de la normativa europea, junto con una vaga y muy indistintamente interpretable recomendación del Tribunal sobre el equilibrio de los derechos y deberes de ambas partes es a la que se ha acogido la peña del Guisasola para lanzar al vuelo unas campanas que, en realidad, son de cartón piedra y no suenan más que a caja de zapatos.

Lo cierto, lo rigurosamente cierto -más allá de interpretaciones y de tonterías procedentes de culos escocidos- es que el tribunal de la UE ha validado la prohibición que la LSSI hace de entregar los datos de los internautas a quien no sea un juez en el curso de un procedimiento penal, prohibición que, además, está perfectamente cimentada en el artículo 18.3 de la Constitución. Blanco y en botella, señores.

Guisasola y compañía han resultado, pues, maltrechos y quebrantados más allá de toda duda, de toda cortina de humo y de toda victoria electoral con pérdida de escaños. Sus boutades de las últimas horas recuerdan a aquel famoso y gafado parte de guerra: «En el día de hoy, nuestras fuerzas han proseguido su victorioso avance sin pérdida de ningún territorio». Pues eso: la sentencia habrá sido una gran victoria para ellos, pero no tendrán los datos de esos ciudadanos y tendrán que aguantarse. No han llevado a cabo una fantasmada tan cutre como la de aquel divertido Xavier Ribas en el 2003 -poquísimos días antes, por cierto, de que empezara en serio la guerra del canon- pero también se les han quedado las pretensiones y las ganas arrojadas a la cuneta del camino.

Cuestión cerrada, pues, para este caso. Ahora bien: ¿qué se esconde detrás de todo esto y qué puede deparar el futuro?

Toda esta historia se está jugando a tres bandas, no a dos, como pudiera parecer. El problema entre titiriteros y ciudadanos se mueve en dos frentes y cada uno de estos frentes tiene a su vez dos, en una especie de triángulo de intereses. Por un lado está la ciudadanía, cuya voluntad se ha expresado ya muy clara e indubitadamente, organizada en una sociedad civil compuesta por el entramado asociativo, gremial, sindical, colegial y empresarial que se agrupa mayoritariamente en la plataforma «Todos Contra el Canon», la cual, en pocas palabras, exige el derecho fundamental a la copia privada, dentro del cual se entienden también las descargas de contenidos desde redes P2P y, simultáneamente, que la compensación a los autores se realice por vía distinta a la de un canon injusto y desproporcionado que cae sobre todos los ciudadanos, epresas y organizaciones -incluso las administraciones públicas- cualquiera que sea su actividad profesional o privada o su negocio. Por otro lado están las sociedades de gestión de derechos peseteros de autor, que reclaman un canon digital como elemento claramente favorecedor del tinglado de una reducida y excluyente oligarquía interna, cuya recaudación y reparto son completamente opacos; lideraría este grupo -cuando menos idealmente- nuestra vieja conocida, la $GAE. Y en un tercer lugar -que casi nunca se tiene en cuenta- está la industria del ocio, liderada -pero no exclusivamente encuadrada- por Promusicae, a la que el canon importa un bledo, aunque sus miembros puedan beneficiarse de él incluso en no pequeña parte, y que exige la prohibición -incluso penal- de las descargas P2P y la eliminación radical del derecho de copia privada, es decir, el establecimiento de un sistema de copyright anglosajón cuanto más puro y duro, mejor y, bueno, bien, sin canon, si ese fuera el precio que hubiera que pagar.

Si lo miramos con distanciamiento, los ciudadanos queremos parar por igual los pies a sociedades gestoras y a industria del ocio; las sociedades gestoras quieren anular en instancias gubernamentales todo respeto por los intereses de los ciudadanos, pero a su vez tampoco quieren la eliminación del derecho de copia privada (dentro del cual nunca han admitido a las descargas P2P) porque es la justificación de ese canon que tanto les importa; la industria del ocio quiere lo mismo que las entidades de gestión respecto de los ciudadanos, pero se enfrentan a ellas en lo de la copia privada.

En medio de este todos contra todos, tenemos, además, una normativa, la mierda esa de Ley de Propiedad Intelectual, que no define (y los partidos correspondientes, PP y PSOE, han rehuido premeditadamente, cada cual en su momento, esa definición) si las descargas desde redes de pares constituyen o no una manifestación del derecho de copia privada, con lo cual la cuestión está en el aire. Está en el aire porque ninguna de las partes se atreve a llevar la cuestión ante un juez: una resolución contraria podría ser catastrófica para los intereses de cada cual; es de temer, por lo demás, que los propios jueces rehuyan la cuestión -cuya sentencia firme, fuere cual fuere su sentido, no traería nada bueno a su imagen- pensando, con toda la razón, que no tienen por qué comerse ellos un marrón que corresponde enteramente a los políticos.

Los políticos, por su parte, le han visto ya las orejas al lobo con la cuestión del canon y el lobo es muy feroz, más de lo que habían imaginado; y ahora resulta (ahora, para ellos) que, encima, hay cosas todavía más graves y complejas en juego que el propio canon, que podría no ser sino una pequeña e ínfima muestra de la que podría llegar a liarse si se tocan otras cosas, con lo que la tendencia general podría estar en aquello de Virgencita, que me quede como estoy, tratar de trampear el canon como mejor se pueda o se sepa y lo demás no meneallo. Desde esta perspectiva, es previsible que la petición de Promusicae de hace unas pocas horas para que el Gobierno obligue a los ISP a entregar los datos de los internautas y prohíba expresamente las descargas P2P, parece que va a ser que no, que ni soñarlo.

…Salvo que… El gélido silencio del PP. Rajoy ha prometido que se cargará el canon, pero no suelta prenda de nada más. No ha dicho cómo arbitrará la compensación a los autores y eso nos trae a los internautas con la mosca detrás de la oreja. Sabemos que hay gente en el PP, aparte de la inefable Salmones, que está a partir un piñón con la gente de la $GAE: el propio Rajoy estaba el otro día la mar de contento al lado de un elemento como Pedro Farré. Sabemos que la industria del ocio está muy bien incardinada en las estructuras fácticas y, en todo caso, de poder del propio PP. Ninguno de estos indicios nos hace ver al PP con esperanza, por más que reitere su clara promesa de cepillarse el canon. No es que dudemos de su cumplimiento (que, ojo, tampoco es en absoluto imposible) es que nos preocupan, y mucho, sus muy secretas alternativas.

Por tanto, pase lo que pase en las próximas elecciones, nos esperan tiempos duros y difíciles. En España tenemos esa guerra pendiente y, ojo, el canon, hoy por hoy, sigue ahí, que algunos van por el mundo como si esta guerra se hubiera ganado el 20 de diciembre y no es así, en absoluto. Las espadas siguen -todas ellas- en alto y va a haber mandobles para dar y para vender. No podemos bajar la guardia ni la tensión de movilización que existe ahora mismo.

Es probable, además, que al frente español se añada el europeo. Desde instancias del Gobierno de la Unión ya se ha expresado la intención, aún inconcreta, pero que ya está ahí, de unificar los sistemas de propiedad intelectual. Esa será otra guerra y también muy dura. Por una parte, la movilización internautas sólo existe en España, por lo que debiéramos, desde ya, consagrarnos a exportarla. Por otro lado, afortunadamente, tenemos ahí a las muy sólidas estructuras de defensa del software libre y contra las patentes de software que, seguramente, estará a nuestro lado y muy activamente; no es tampoco que partamos de cero.

Era lógico: cuando el enemigo atisba que los antaño dóciles pringados se revuelven y han adquirido una sensible capacidad de hacer pupa, ataca con todo lo que tiene. Y lo que tiene es mucho. Llevan armas y son peligrosos, por eso digo que no hay que confiarse, que la guerra no va mal pero la victoria está lejana aún y todavía vamos a recibir todos, tirios y troyanos, muchísimos tortazos.

Alerta, pues.

Software libre y libertades cívicas

El uso represivo de las tecnologías debe estar severamente supervisado en los estados democráticos. Esto es algo que nadie discute y que forma parte de los derechos cívicos y del concepto mismo de seguridad jurídica. Por ello, cada instrumento tecnológico que se utiliza en la detección o represión de conductas ilegales debe estar sometido a rigurosos condicionamientos.

Condicionamientos, en primer lugar, de oportunidad y de proporcionalidad: fácilmente recordaremos el escándalo que levantó la pretensión del frustrado -frustrado sólo a medias- artículo 17bis de la LISI o el rebomborio ante el intento -parecería que frustrado*– de Promusicae (la asociación española de las discográficas) de que se obligara a Telefónica a suministrar los datos de sus clientes usuarios de redes P2P en busca de la pueba que les permitiera la iniciación de procedimientos civiles -vulgo pleitos- en masa. También sabemos que la metodología Sarkozy es constitucioalmente inviable en España (y está por ver qué pasa en Francia porque parece que allí tampoco está tan claro). Y, en otro orden de cosas, también ha sido polémico el uso de porras eléctricas por parte de la Guardia Civil o de unos pequeños adminículos especialmente dolorosos -cuyo nombre no recuerdo ahora- por parte de los Mossos d’Esquadra catalanes.

Y condicionamientos, en segundo lugar, técnicos. El instrumento material que se usa en la persecución, bien sea para la detección (radares, alcoholímetros, tacómetros, detectores de metales, etc.) bien sea para la represión propiamente dicha (porras, humos lacrimógenos, dispositivos eléctricos, proyectiles de goma, etc.) debe ser rigurosamente homologado y esta homologación incidirá muy especialmente en la fiabilidad y la precisión, en el caso de los instrumentos de detección, y en su baja lesividad -en los términos razonables dentro de su función- en los de represión. El uso de instrumentos no homologados provocará la nulidad de la prueba practicada o, en el caso de la represión, una sanción al agente que utiliza medios no autorizados que, según las circunstancias del caso podría llegar a la inculpación penal.

Pero no habíamos caído en la cuenta de algo en lo que sí parece que acaban de reparar en los Estados Unidos: el software que utilizan estos aparatos. En efecto, como puede verse en el enlace, los abogados norteamericanos están empezando a impugnar los resultados de los alcoholímetros sobre la base de que, al no ser posible analizar el código fuente de su software, no se sabe cómo trata éste la información que recibe del aparato. Porque, claro, no hará falta decir que el software de estos aparatos está cerradísimo y apropiadísimo, con lo que el análisis no es posible ni siquiera por parte de la autoridad usuaria.

No conozco el sistema norteamericano en esta materia, es decir, no sé si utilizan el procedimiento de homologaciones administrativas para el uso de estos aparatos o les basta con la garantía industrial, aunque supongo que si los abogados pueden impugnar algún aspecto del aparato será porque no existe la homologación oficial; tampoco sé si los aparatos se adquieren por licitación o se compran por la cara; no conozco en aspectos tan concretos el sistema administrativo norteamericano (además de que sospecho que no es uniforme ni siquiera a nivel local). Sí sé, por ejemplo (lo he leído por ahí), que la detección de velocidad excesiva, por poner un caso, no necesita mayor prueba, no hay fotografía ni otra constancia: los agentes llevan unos detectores y cuando éstos les indican que un vehículo sobrepasa el límite de velocidad, se lanzan tras él, lo multan sin más -o detienen al conductor: en muchos estados puede llegarse a eso- y listos. De acuerdo con esto, parecería que la sanción es inapelable, al menos por la vía de cuestionar los hechos.

En Europa y, sobre todo, en España, la normativa es más garantista: el aparato debe estar homologado por los organismos de certificación que se señala reglamentariamente y debe obtener la prueba fotográfica, sin la cual la sanción no es posible. Incluso el agente de la autoridad debe perseguir al infractor en el acto, aunque de esto está exento, según la normativa, si con ello pone en peligro la seguridad del tráfico, con lo que los agentes hacen de sus mangas capirotes, interpretan la norma como les da la gana, estiran su unilateral criterio de seguridad del tráfico hasta donde les sale de los cataplines y pasan impunemente de cumplir la ley.

¿Incluye esta homologación el análisis del software? Sospecho que no. Estrictamente, tampoco haría falta: basta comprobar su precisión en distintas circunstancias, las suficientes como para que su fiabilidad sea indiscutible dentro de los márgenes que la ley permite. Pero, aunque en España la pretensión de analizar el software sería, supongo, imposible por innecesaria, no está mal que en países tan determinantes como los Estados Unidos se haga. La idea de que el open source (que es uno de los requisitos del software libre pero que no es en sí mismo software libre, aunque algunos memos utilicen la expresión como sinónima) sea un elemento de seguridad jurídica -acaso incluso material- para el ciudadano es importante. La exigencia de transparencia administrativa como un elemento insoslayable de seguridad jurídica debe incluir, por supuesto, al software.

Como ya he dicho no pocas veces, los funcionarios públicos no podemos garantizarle al ciudadano toda la confidencialidad que exige en el tratamiento de sus datos (amparado en la ley, por otra parte) ya que esa confidencialidad no está en nuestras manos, puesto que se nos obliga a trabajar con un software del que ignoramos lo que hace, cómo trata la información que le introducimos y a dónde la transmite.

El software libre -ya no sólo el open source– forma parte necesaria de las garantías jurídicas y civiles de los ciudadanos en tanto que las administraciones públicas trabajan con instrumentos informáticos y telemáticos; no se trata solamente -aunque también lo es- de un elemento de eficiencia económica, de una mejor gestión del dinero público y, en la mayoría de los casos, de una mayor eficacia en la prestación de los servicios públicos. La privacidad y la seguridad de los ciudadanos forma también parte del asunto y eso es lo que los políticos, bien acariciados por ciertas empresas, no quieren ver mientras su sucia boca se llena, casi sacrílegamente, con palabras como «democracia» o «libertad».

Con el tiempo, lo lograremos. Hemos estado muy cerca de lograrlo -y hemos conseguido avances no completos pero si significativos- durante la tramitación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Pero, tarde o temprano, lograremos que el software libre como garantía cívica sea un debate que esté en la calle al igual que, tras cuatro años y medio, hemos logrado que lo esté el canon. Será un poco más complicado, porque es mucho más fácil entender en qué consiste el canon digital que el software libre, pero lo lograremos igualmente; en este caso, además, tenemos a nuestro favor que, al contrario de lo que sucede con el canon, materia en la que la sociedad civil española en red está muy por delante de la europea, la lucha por el software libre y por las libertades cívicas que comporta es mucho más activa en otros países europeos que en España, donde el activismo es cualitativamente de tan alto nivel como cuantitativamente escaso.

Hay que conquistar, insoslayablemente, esa cima

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* Actualización 13:25: si antes lo digo…

7º harte

«Mortadelo y Filemón» (segunda entrega) bate récords de taquilla en el cine (dicen que cine) español. El óscar se lo tendrían que dar al doctor Bacterio y no al niño de la Bardem.

Lo lleváis claro, muchachos.

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Escribir con pasamontañas

No me gusta el anonimato, las cosas como son, y creo que predico con el ejemplo: todo lo que escribo en mi bitácora, en los comentarios de otras, en mis mensajes de correo electrónico y en otras manifestaciones de expresión en la red, llevan sistemáticamente mi nombre y, como mínimo, mi primer apellido. Las poquísimas veces en que aparezco como un nick -generalmente en las mensajerías instantáneas- mi verdadera identidad está sólo a un pinchazo de ratón al alcance de cualquiera. Sólo oculto, obviamente, lo que pondría en peligro mi intimidad o, acaso incluso, mi seguridad, como, por ejemplo, las señas de mi domicilio o de mi trabajo… que imagino que tampoco resultarían tan difíciles de conseguir si alguien se empeñara seriamente en hacerme una cabronada. Pero de eso no está libre nadie por más que se oculte.

Responde esta actitud no tanto a un planteamiento ético -que también- sino a un cierto concepto de lo que podríamos llamar valor cívico. Hace unos pocos días, un compañero de trabajo me decía que soy muy imprudente con lo que escribo, que llamar al pan, pan, y al vino, vino, cuando se habla de cierta gente y de ciertas cosas, puede traer graves problemas. Le contesté que, en las guerras que se pierden, la primera derrota se produce en la batalla del miedo. Vivimos en una sociedad cagona y gallinácea, donde todo el mundo tiene miedo de prácticamente cualquier cosa (incluso de amenazas inexistentes que la gente se fabrica solita) y por ahí nos las dan todas. Y no es que yo no pase miedo o, siquiera, un poco de dentera: cuando releo algunas de las cosas que escribo, no puedo dejar de pensar que como tal hijo de puta se cabree o tal otra corporación de canallas monte en cólera por lo que he dicho, no tendré farol al que agarrarme; después pienso que soy muy poca cosa para que nadie me tenga en cuenta (porque si fuera lo contrario, el que no tendría farol sería el otro cabrón) y me quedo más tranquilo. De un modo u otro, si en los años 60 y 70 la gente hubiera sido tan ratonesca como lo es ahora y en vez de correr el riesgo -nada ficticio- de ir a parar a presidio, o que le molieran a palos en una comisaría, o ambas cosas, hubiera hecho como ahora, comprarse un 4×4 tan negro como el dinero con que se compró y pasar del vecino, aquí todavía estaría la Secretaría Nacional del Movimiento bandera al viento y con mando en plaza y España sería la Cuba o la China de Europa. Cosa que nos tendríamos más que merecida. Nada hay más despreciable que un gremio de cobardazos y eso es exactamente lo que es hoy la sociedad española.

Pero hay que matizar las cosas cuando hablamos del activista anónimo. El activista anónimo en red es como el guerrillero urbano que en un tumulto en el que vuelan los palos, los botes de humo y las balas de goma, se tapa la cara con un pañuelo o con un pasamontañas y/o se protege la azotea con un casco. Ese no es un cagón: si lo fuera, no estaría allí; su anonimato no responde a la cobardía sino a una medida de autoprotección. Es lo que pasa, por ejemplo, en Internet, cuando se les tocan las pelotas a los sinvergüenzas con mucho poder: mi actitud pasa, entonces, a ser una opción como cualquier otra, porque el cagueta no escribe bitácoras ni aparece por los foros (ni a cara abierta ni enmascarado), sino que, simplemente, se calla, deja que otros corran riesgos -con o sin pasamontañas- por intereses que él comparte y a esperar cómodo, calentito y seguro a que vengan los beneficios. Aunque sean pocos: total, son gratis. Y si no vienen, pues eso: no ha habido inversión en riesgo, luego da igual.

Alguna gente está cabreada con la red porque es demasiado libre, porque nadie (nadie afecto, por supuesto) la controla, porque no hay director o redactor jefe que retire un contenido cuando no es conveniente o cuando dice lo que no debe ser dicho, porque las encuestas que se manipulan en el papel o en la pantalla quedan en completa evidencia, porque las grandes campañas para promover sus propios intereses (que cuestan un dineral) las desmontan tres o cuatro matados escribiendo (¡y gratis!) en espacios en red que consiguen también gratis. Una dinámica de pelados, de perfectos descamisados… de pendejos electrónicos que están haciendo la nueva democracia digital (nunca dejaré de descojonarme de que esas expresiones le estallaran en la cara al Teddy).

Pero, claro, sucede que estos valientes que exigen a sus enemigos la cara descubierta suelen ser, a su vez, unos cobardes: cobardes porque no vacilan en usar todo su poder -desproporcionadamente mayor que el del otro- para tomar represalias contra el discrepante enmascarado; cobardes porque utilizan redes y recursos públicos para que terceros con recursos represivos procedan, en interés del cagón agredido, a la represalia en cuestión. Cobardes, en definitiva, porque el intento de taparle la boca a alguien es el máximo estadio de la cobardía y de la impotencia mental.

La última del intento desenmascarante proviene de una concejal gallega, una tal Diana Otero, de O Grove y del PP, que pretende que desde su partido se impulse una regulación que obligue a los editores de bitácoras a inscribirse en un registro. En palabras llanas: habría que escribir -si el gusto de esa señora llegara a ser realidad legal- con el DNI en la boca. Justito, justito, como en tiempos de Franquito. De derechas y gallega, no me sorprende nada. Precisamente según las gastan los caciques por aquellos pagos, se pretende que unos bloggers que hablan de O Grove y de Cambados funcionen con el nombre y los apellidos por delante. Claro. No sabe nada, la señora. Y a los dos días perderían el empleo, quizá la casa… vete a saber; o a los niños les harían bulling en el colegio. O algo aún peor que todo esto. Caciques y contrabandistas -narcotraficantes, más bien: aquello tan simpático del tabaco ahora es coca por quintales- configuran un panorama de perfecto abertzalismo con grelos.

No sé si tienen razón en lo que dicen ambos bitacoristas (bueno, en realidad, no sé si son dos o es uno o son diecisiete), no conozco la situación concreta de aquellos pagos (la general ya la he mencionado en el párrafo anterior) pero sé dos cosas: una, que aún con pasamontañas corren un riesgo. Sería suicida (quizá literalmente) si no fueran a cara tapada. Sabemos perfectamente las intenciones de quienes quieren el carnet de identidad en la boca: ya lo intentó antes Pedro Farré y ya sabemos quién es ese tío y de dónde sale. Y la otra cosa es que los cagones no se la juegan, ni con pasamontañas ni sin él.

Si estos dos (o uno, o diecisiete) no tienen razón, opóngaseles la propia; póngaseles verdes, si se quiere; denósteseles, tráteseles como calandrajos. Pero ojo con tapar bocas. Porque al que intenta tapar una boca, ante mí y, afortunadamente, aún ante muchísimos, se le caen todas las razones que pudiera tener, por más y mejores que fueren, y se convierte en algo que mejor no describo, ya que he puesto por ahí arriba algunos apellidos.

En todo caso, primero Farré y luego Otero (entre muchos otros que les precedieron y, desgraciadamente, muchos otros que les imitarán), ajo y agua.

O sea, a joderse y a aguantarse.

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