Software libre y libertades cívicas

El uso represivo de las tecnologías debe estar severamente supervisado en los estados democráticos. Esto es algo que nadie discute y que forma parte de los derechos cívicos y del concepto mismo de seguridad jurídica. Por ello, cada instrumento tecnológico que se utiliza en la detección o represión de conductas ilegales debe estar sometido a rigurosos condicionamientos.

Condicionamientos, en primer lugar, de oportunidad y de proporcionalidad: fácilmente recordaremos el escándalo que levantó la pretensión del frustrado -frustrado sólo a medias- artículo 17bis de la LISI o el rebomborio ante el intento -parecería que frustrado*– de Promusicae (la asociación española de las discográficas) de que se obligara a Telefónica a suministrar los datos de sus clientes usuarios de redes P2P en busca de la pueba que les permitiera la iniciación de procedimientos civiles -vulgo pleitos- en masa. También sabemos que la metodología Sarkozy es constitucioalmente inviable en España (y está por ver qué pasa en Francia porque parece que allí tampoco está tan claro). Y, en otro orden de cosas, también ha sido polémico el uso de porras eléctricas por parte de la Guardia Civil o de unos pequeños adminículos especialmente dolorosos -cuyo nombre no recuerdo ahora- por parte de los Mossos d’Esquadra catalanes.

Y condicionamientos, en segundo lugar, técnicos. El instrumento material que se usa en la persecución, bien sea para la detección (radares, alcoholímetros, tacómetros, detectores de metales, etc.) bien sea para la represión propiamente dicha (porras, humos lacrimógenos, dispositivos eléctricos, proyectiles de goma, etc.) debe ser rigurosamente homologado y esta homologación incidirá muy especialmente en la fiabilidad y la precisión, en el caso de los instrumentos de detección, y en su baja lesividad -en los términos razonables dentro de su función- en los de represión. El uso de instrumentos no homologados provocará la nulidad de la prueba practicada o, en el caso de la represión, una sanción al agente que utiliza medios no autorizados que, según las circunstancias del caso podría llegar a la inculpación penal.

Pero no habíamos caído en la cuenta de algo en lo que sí parece que acaban de reparar en los Estados Unidos: el software que utilizan estos aparatos. En efecto, como puede verse en el enlace, los abogados norteamericanos están empezando a impugnar los resultados de los alcoholímetros sobre la base de que, al no ser posible analizar el código fuente de su software, no se sabe cómo trata éste la información que recibe del aparato. Porque, claro, no hará falta decir que el software de estos aparatos está cerradísimo y apropiadísimo, con lo que el análisis no es posible ni siquiera por parte de la autoridad usuaria.

No conozco el sistema norteamericano en esta materia, es decir, no sé si utilizan el procedimiento de homologaciones administrativas para el uso de estos aparatos o les basta con la garantía industrial, aunque supongo que si los abogados pueden impugnar algún aspecto del aparato será porque no existe la homologación oficial; tampoco sé si los aparatos se adquieren por licitación o se compran por la cara; no conozco en aspectos tan concretos el sistema administrativo norteamericano (además de que sospecho que no es uniforme ni siquiera a nivel local). Sí sé, por ejemplo (lo he leído por ahí), que la detección de velocidad excesiva, por poner un caso, no necesita mayor prueba, no hay fotografía ni otra constancia: los agentes llevan unos detectores y cuando éstos les indican que un vehículo sobrepasa el límite de velocidad, se lanzan tras él, lo multan sin más -o detienen al conductor: en muchos estados puede llegarse a eso- y listos. De acuerdo con esto, parecería que la sanción es inapelable, al menos por la vía de cuestionar los hechos.

En Europa y, sobre todo, en España, la normativa es más garantista: el aparato debe estar homologado por los organismos de certificación que se señala reglamentariamente y debe obtener la prueba fotográfica, sin la cual la sanción no es posible. Incluso el agente de la autoridad debe perseguir al infractor en el acto, aunque de esto está exento, según la normativa, si con ello pone en peligro la seguridad del tráfico, con lo que los agentes hacen de sus mangas capirotes, interpretan la norma como les da la gana, estiran su unilateral criterio de seguridad del tráfico hasta donde les sale de los cataplines y pasan impunemente de cumplir la ley.

¿Incluye esta homologación el análisis del software? Sospecho que no. Estrictamente, tampoco haría falta: basta comprobar su precisión en distintas circunstancias, las suficientes como para que su fiabilidad sea indiscutible dentro de los márgenes que la ley permite. Pero, aunque en España la pretensión de analizar el software sería, supongo, imposible por innecesaria, no está mal que en países tan determinantes como los Estados Unidos se haga. La idea de que el open source (que es uno de los requisitos del software libre pero que no es en sí mismo software libre, aunque algunos memos utilicen la expresión como sinónima) sea un elemento de seguridad jurídica -acaso incluso material- para el ciudadano es importante. La exigencia de transparencia administrativa como un elemento insoslayable de seguridad jurídica debe incluir, por supuesto, al software.

Como ya he dicho no pocas veces, los funcionarios públicos no podemos garantizarle al ciudadano toda la confidencialidad que exige en el tratamiento de sus datos (amparado en la ley, por otra parte) ya que esa confidencialidad no está en nuestras manos, puesto que se nos obliga a trabajar con un software del que ignoramos lo que hace, cómo trata la información que le introducimos y a dónde la transmite.

El software libre -ya no sólo el open source– forma parte necesaria de las garantías jurídicas y civiles de los ciudadanos en tanto que las administraciones públicas trabajan con instrumentos informáticos y telemáticos; no se trata solamente -aunque también lo es- de un elemento de eficiencia económica, de una mejor gestión del dinero público y, en la mayoría de los casos, de una mayor eficacia en la prestación de los servicios públicos. La privacidad y la seguridad de los ciudadanos forma también parte del asunto y eso es lo que los políticos, bien acariciados por ciertas empresas, no quieren ver mientras su sucia boca se llena, casi sacrílegamente, con palabras como «democracia» o «libertad».

Con el tiempo, lo lograremos. Hemos estado muy cerca de lograrlo -y hemos conseguido avances no completos pero si significativos- durante la tramitación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Pero, tarde o temprano, lograremos que el software libre como garantía cívica sea un debate que esté en la calle al igual que, tras cuatro años y medio, hemos logrado que lo esté el canon. Será un poco más complicado, porque es mucho más fácil entender en qué consiste el canon digital que el software libre, pero lo lograremos igualmente; en este caso, además, tenemos a nuestro favor que, al contrario de lo que sucede con el canon, materia en la que la sociedad civil española en red está muy por delante de la europea, la lucha por el software libre y por las libertades cívicas que comporta es mucho más activa en otros países europeos que en España, donde el activismo es cualitativamente de tan alto nivel como cuantitativamente escaso.

Hay que conquistar, insoslayablemente, esa cima

——————–

* Actualización 13:25: si antes lo digo…

Anuncios
Both comments and trackbacks are currently closed.
A %d blogueros les gusta esto: