Dos mugrientas tazas

Aparte de todos los apartes ya conocidos (su brutalidad intrínseca, el reparto, si es que hay reparto, y demás) el canon supone otro interesante misterio: se supone que remunera [opíparamente] a los autores por la copia privada, pero… ¿qué es y qué no es la copia privada?

En el albor de esta pintoresca figura, la remuneración por copia privada nació con la popularización del magnetófono a cassette que dio lugar a la posibilidad de copiar en una cinta virgen un contenido sujeto a derechos de autor en un soporte pregrabado (un disco de vinilo u otra cassette, y ésta copia comercial o, a su vez, copia privada). Consecuentemente, y tras el ya reglamentario rasgado de vestiduras por la inminente muerte de la música a manos de la perfidia piratesca del aparato, se estableció nuestro viejo conocido, el canon, sobre las cintas magnetofónicas vírgenes. Cuando un sistema parecido, pero capaz de copiar vídeo, también fue puesto en disposición de hundir a todo Hollywood con dos o tres escasos kilómetros de cinta, fue inmediatamente canonizado, es decir, sometido al correspondiente canon. Todos esos soportes fueron machacados por el peculiar y privado impuesto cualquiera que fuera a ser su uso real, sin pararse a considerar la posibilidad de otros usos como el periodístico, el académico y tantos otros que no afectaban para nada a los derechos económicos de autor de nadie. Habremos, sin embargo, de convenir en que, ciertamente, una sensible mayor parte de las unidades vírgenes que se vendían en el mercado tenían ese destino como soporte de copias privadas de contenidos protegidos por derechos económicos de autor. Por lo tanto, el canon fue aceptado -más o menos a regañadientes, pero aceptado- por aquellos muy reducidos sectores sociales que conocían su existencia, ignorada completamente por las grandes masas de población que les hacían tanto caso a aquellas siglas SGAE puestas en ínfimos caracteres en el más discreto rincón del soporte como el que le hacían al número de registro sanitario de los tubos de aspirina.

No voy a explicar ahora in extenso toda la historia de la particularidad del canon digital, desde aquella queja del Teddy porque los internautas -los pendejos electrónicos– lo ubicamos en el mapa general de las inquietudes cívicas- que doy por más que sabida. Baste saber que, modernamente, la copia privada no se considera un mero derecho consagrado por la Ley de Propiedad Intelectual sino una verdadera proyección del derecho universal del acceso de los ciudadanos a los bienes culturales que consagra esa Constitución sobre la que, no obstante, se mea todo el mundo tras veintisiete lecturas distintas según fuera la necesidad del momento (aquí hemos inventado la enmienda constitucional de facto y el Tribunal Constitucional lo encuentra tan gracioso y tan bien: la Constitución no dice lo que dice sino lo que quiere que diga el Gobierno de turno o cualquiera de sus cualificadísimos amiguetes).

En esta segunda fase de la cuestión, el problema inicial fue el canon, cuando resultó que se quiso imponer (y se impuso a la brava) sobre los soportes digitales, como si éstos, al igual que los analógicos fueran utilizados mayoritaria o incluso exclusivamente para contener copias privadas de contenidos sometidos a derechos peseteros de autor, cuando en este caso es tan evidente que no es así, por más que lo quieran sostener los apropiacionistas. Los soportes digitales tienen un sinfín de usos; el más recurrente argumentariamente -porque es, seguramente, el más inteligible por más extendido- es el de las fotos de las vacaciones pero hay muchísimos más como soporte de información para su archivo o para su divulgación, sin que esta información esté sometida, ni tenga que ver siquiera, con derechos de autor de ningún tipo: en casa debo tener muchísimas decenas de CD y DVD conteniendo las más variopintas clases de contenidos: programas -de software libre-, archivos de mi propia produccion (desde la documentación familiar digitalizada hasta -ahora sí- las fotografías digitalizadas o ya originalmente digitales de más de veinte años de familia, entre noviazgo, matrimonio e hijas), archivos conteniendo información muy diversa que he ido recibiendo por canales particulares (correo electrónico, FTP, etc…), toda mi correspondencia -la digitalizada desde el formato papel y la exclusivamente digital-, contenidos literarios y musicales libres a punta de pala y, por tanto, tampoco sometidos en su uso privado a derechos económicos de autor, las facturas y los recibos de mis suministros y compras, como mínimo de los artilugios que aún tienen garantía del fabricante y la documentación económica con trascendencia fiscal que puede todavía ser objeto de una inspección o de una declaración paralela por parte de la Agencia Tributaria (los de los últimos cuatro ejercicios), toda mi producción, digamos, literaria (sin salir de la bitácora, estamos hablando de más de setecientos artículos, quizá ya de ochocientos, que se dice pronto, más una montonada de borradores, notas y apuntes que quizá algún día sirvan para algo o quizá no, no lo sé), toda la documentación de la comunidad de propietarios de mi casa (actas, liquidaciones, contabilidad, y diversos actos procesales en juicios civiles que hemos tenido, desde demandas hasta sentencias), memorias y trabajos de mi mujer más su propio archivo de fotografías médicas, las calificaciones de las niñas, los trabajos de ESO de mi hija mayor y un indeterminado número de cosas de las que soy incapaz de acordarme en este momento. He descrito mis usos exclusivamente, que son unos usos comunes, domésticos y particulares, y no he dicho -lo hago ahora- que cerca de la cuarta parte de todo eso, al ser información irrecuperable por otros canales -por ejemplo, la fotografía digital- está por duplicado; y aún no está -pero estará antes de un año- toda mi colección de vídeo familiar contenida ahora en cintas antigualla de 8 mm. Añádase ahora, los usos que hacen las empresas, las administraciones públicas, la administración de Justicia, las Fuerzas Armadas, el universo asociativo sin ánimo de lucro, las ONG… millones y millones de CD y DVD que no contienen nada susceptible de estar protegido por derechos de autor de ningún tipo.

Pero, siempre en esta segunda fase, se planteó otro problema añadido: ¿qué es la copia privada? Si el canon grava esta ingente cantidad de unidades de soporte al brutal importe unitario que las grava, no cabe duda de que estamos todos pensando en las descargas a través de redes P2P como una manifestación moderna, adecuada a los medios disponibles en la actualidad, del derecho de copia privada, que no otra cosa es sino que telemáticamente y con una eficiencia que multiplica la de la vieja copia analógica. Pues no. Las sociedades de gestión de derechos peseteros de autor sostienen -sin que se les altere el gesto- que no, que las descargas mediante redes P2P no son copia privada y sí llana piratería, copia ilegal, que la copia privada no es otra que la clásica la que se hace presencialmente, entre amiguetes, en casa de uno o de otro. Parecería que están de broma: ¿pretenden que la copia privada a la antigua usanza, oye que voy a tu casa con un par de CD vírgenes a tostarte un par de discos de los Rolling, les genera a los autores una pérdida de esa enorme cantidad de millones de euros (y eso suponiendo esa inaceptable ecuación de que una copia privada equivale a una copia comercial no vendida)? Pues sí: lo pretenden y no están de broma (al menos, que se les note por fuera).

Acabo de ver en la página de «Libertad Digital» (vía Asociación de Internautas) una noticia firmada por Daniel Rodríguez según la cual, un estudio del profesor Rafael Sánchez Aristi publicado en el boletín del pasado diciembre del Instituto de Derecho de Autor (entidad muy íntimamente ligada a la $GAE) según el cual el intercambio de archivos desde redes P2P no es legal puesto que la Ley de Propiedad Intelectual obliga a que la puesta a disposición digital proceda de una copia comercial. Todo eso sería muy discutible, pero no es mi intención discutirlo ahora; simplemente anotar lo siguiente: si el P2P es ilegal (ilícito civil, en todo caso: eso, desde luego), lo que está claro, lo que se deduce muy claramente de la realidad cotidiana de los españoles -y de los extranjeros- es que el canon es desproporcionadísimo, tanto como para justificar sobradamente (yo diría que indiscutiblemente) su redonda extinción, porque la copia privada a la antigua usanza es absolutamente residual, tanto que haría locamente desproporcionada -aunque sólo fuera por los costes de su gestión- el más ínfimo centimillo en una unidad de soporte digital. De lo que estaríamos hablando en este caso no sería del discurso actual, de la búsqueda de otras alternativas para la remuneración de los artistas, de la gestión pública de la recaudación y reparto de esa remuneración, de métodos más ajustados para la repercusión de ese canon así planteado, no: estaríamos hablando de la total supresión de la compensación por copia privada en cualquier modalidad, puesto que la copia privada, en su viejo modelo, es prácticamente inexistente en la realidad actual.

En cambio, lo que se insinúa que se quiere proponer es, justamente, lo contrario: otro canon adicional (cuyo montante, además, dejaría en ridículo al otro, siguiendo la misma lógica aquí expuesta) para que las descargas P2P fueran perfectamente legales. El colmo, la cara dura y la desfachatez más enormes que pudieran concebirse.

El apropiacionismo, tan dado al lacrimal suelto en público -en privado debe correrse unas risotadas de escándalo mientras hace las cuentas d ela recaudación-, clama por los perjuicios que le causa la red. Nada más falso ni más hipócrita: están aprovechando la red para levantar unos negociazos absolutamente impúdicos, para hacer unos dinerales enormes e injustos como jamás, ni en las más gloriosas épocas del disco, se hubieran atrevido a soñar siquiera.

Ellos, con la complicidad de unos políticos cuya venalidad es pública y notoria, como en el más bananero de los mundos, son los verdaderos piratas, los que están rapiñando un conocimiento que no les pertenece, que muchas veces ellos mismos habían desdeñado, modificando las leyes a su antojo -con las complicidades antedichas- e interpretándolas como les da la gana, aplastando a un ciudadano completamente desarmado (espera, enano, al día 10 de marzo, cuando ya hayas votado, cuando ya no tengamos nada que temer y mucho que confiar… en tu amnesia; verás cómo te la metemos bien doblada).

Uno de los detalles más graves, además, es que tenemos muy justificadas dudas sobre el reparto de esas cantidades (sobre las que ya se perciben y sobre las que pretenden percibirse): sabemos que los autores apenan ven nada de estos montones de dinero recaudados como compensación por un trabajo que dicen que no cobran (el propio Gran Wyoming, por simple ejemplo, justificaba su desinterés personal en su defensa del canon diciendo que apenas le llegan por ese concepto cincuenta euros; si eso le pasa al aludido… ¿qué verá el pobre Pepito Rodríguez, compositor de infantería?). Y aún va el gracioso del nieto del picador diciendo que le gustaría ver las cuentas de la Asociación de Internautas; pues no hay ningún problema: yo le cambio aquí y ahora las cuentas de la Asociación de Internautas desde su fundación, por las cuentas de la $GAE de los últimos cinco años, a ver si hay cojones. Pero no esas cuentas del Gran Capitán que publican en su memoria anual, no: las cuentas pormenorizadas en las que sepamos cuánto se recauda por el concepto de canon de qué aparatos o soportes y de quién (tenemos mucha curiosidad por ver cuánto paga «El Corte Inglés» y otras grandes superficies) y cómo, en razón de qué, a quién y cuánto le va ese dinero recaudado. A lo que, al contrario que el nieto sobre las cuentas de la AI, los ciudadanos tenemos perfecto derecho.

La guerra va a ser larga y dura: que lo tengan claro ellos y sus cómplices. El 9 de marzo no se les va a acabar un problema: les va a empezar otro.

Arrieritos somos.

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Comentarios

  • Rogelio Carballo  On 18/02/2008 at .

    Repito repito… ¿no será que con esto de la crisis del ladrillo algún partido político ha puesto el ojo en el canon como posibilidad realista de financiación económica????????

  • idd00jea  On 18/02/2008 at .

    Al profesor Rafael Sánchez Aristi le asiste todo su derecho de opinar y publicar lo que se le ocurra, pero a los “futuros afectados” nos asiste todo el derecho de considerar su propuesta como “completamente inconstitucional”.
    ¡ Hasta ahí podíamos llegar !.

  • Ángel Bacaicoa  On 19/02/2008 at .

    ¡Hasta ahí!

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