El cierre de una web

Con grandes alharacas, como si fuera una gran victoria para averigua qué, anuncian varios medios («ABC», «Avui» o «El Periódico», entre otros) el cierre de una página web china que vende productos pirateados.

Nada que objetar. Nada que objetar por varias razones: la primera, porque no afecta, propia o directamente, a la libertad de expresión; la segunda -y muy importante- porque el cierre se ha realizado por orden judicial; la tercera porque afecta a la menos ominosa -aún siéndolo- de las propiedades intelectuales, que es la industrial; la cuarta -también importante- porque afecta a las marcas y una marca, en tanto que una identidad, sí que es por definición incopiable (recordemos que entre los derechos irrenunciables del autor está la atribución de su obra, lo que, implícitamente, conlleva el no atribuirle obras ajenas y menos en su propio perjuicio); y la quinta -aunque improbable-, la protección del consumidor que podría estar comprando sin saberlo -ejem- productos falsos por auténticos. Como curiosidad añadida -y muy interesante- el hecho de que se ha utilizado la LSSI y no el código penal y, de esta manera -a ver si aprenden algunos magistrados- el proveedor de servicios, una vez cumplida puntualmente la orden -orden, recordemos, judicial- no ha sufrido mayores inconvenientes ni molestias.

Quizá alguien se sorprenda de que desde esta bitácora, siempre tan sensible a las agresiones que se producen contra cualquier manifestación en red se apluda o, mejor dicho, no se censure, el cierre de una página web, pero lo cierto es que yo jamás he pretendido que lo que se hace en red sea necesariamente bueno per se, por ese único hecho de subirse a la red, como jamás he dicho ni insinuado que la libertad de expresión no deba tener límites. Sólo he dicho que, en todos esos casos, los límites deben ser lejanos, escrupulosamente legislados y restrictivamente aplicados por un juez y solamente por un juez. En el caso que nos ocupa, el cumplimiento de estos requisitos es notorio excepto el del rigor restrictivo, pero este hay que suponerlo a la vista de lo excepcionalmente que se viene aplicando esta medida. Dicho queda, pues.

Únicamente quisiera explayarme sobre esa cierta excepcionalidad que supondría la admisión -como mal menor- de la propiedad intelectual en el ámbito de la producción industrial. Inicialmente, como cualquier manifestación del apropiacionismo intelectual, la patente industrial me parece nociva como principio general: hemos dicho muchas veces que las ideas son inapropiables una vez divulgadas y que la deuda que tienen con el conocimiento anterior las pone necesariamente en el dominio público. También sabemos que en un mercado libre, cualquier restricción de la competencia -y la patente lo es, puesto que concede un monopolio a su titular- es nocivo. ¿Atenuantes? Una: la relativamente corta duración de una patente: veinte años estrictos, es decir, desde que esa patente se otorga, sin que haya que esperar a que se muera nadie para el cómputo. También cabría decir algo de ese plazo y lo voy a decir, pero voy a dejarlo para unos párrafos más adelante.

El problema, sin embargo, es que, en ingeniería, la idea no es directamente trasladable a la realidad, sin más: necesita experimentación y esa experimentación, además de instalaciones -algunas veces muy costosas- supone la fabricación de prototipos, cosa que suele ser también muy costosa. Y con las instalaciones y los prototipos en la mano, las pruebas requieren tiempo -a veces mucho- y sueldos de personal -a veces de mucho personal- muy especializado, lo que equivale, generalmente, a sueldos muy altos. Esto nos lleva a una inversión muy alta que sería imposible de asumir sin una minimización del riesgo comercial y esa minimización -que no exención total, ni mucho menos- sólo puede llegar o por la via de la subvención o por la vía de la patente exclusiva (no pocas veces, de las dos maneras).

Se dirá: ¿y por qué admites la patente industrial y no la apropiación intelectual en un campo como es el cine, que también requiere una inversión importante?

Pues, efectivamente, parecerían dos mundos tan paralelos, vistos así, por encima, que su trato diferencial parecería absurdo. Sin embargo, la producción cinematográfica es algo más que una industria; la apropiación intelectual en la industria cinematográfica (igual que en la discográfica) lleva a un sistema en el que se va mucho más allá del monopolio sobre la obra y se llega al entero y verdadero monopolio sobre el medio mismo, cerrando el paso a otros ámbitos de la competencia: ahí están las quejas de los exhibidores sobre los paquetes a que les obligan las majors a adquirir. Y la expresión «cerrar el paso a otros ámbitos de la competencia», en materia cultural, quiere decir controlar la cultura por medio de la censura, censura sibilina, eso sí, cerrando el paso a otras producciones y estableciendo, en definitiva, un deber ser de necesario cumplimiento sobre toda la sociedad. Cuando un Hitler o un Franco dieron tanta importancia al medio no fue porque les gustara comer pipas sentados en una butaca. Por tanto, el mal que causa el apropiacionismo intelectual sobre la sociedad entera a través del dominio cultural, de decidir qué tipos y qué calidades de expresión llegan al público y cuáles no, es enorme. De ahí -nuevamente insisto en lo que dije ayer- que lo importante no es tanto el P2P (siéndolo, evidentemente) como el hecho de dar paso a manifestaciones ajenas a los circuitos comerciales que aún no han sido capturadas por éstos y, a este respecto, la atención preferente sobre los contenidos copyleft que, entre otros efectos positivos, asume el muy importante de crackear un mercado trampeado por grandes corporaciones, es absolutamente imprescindible. En todo caso, cuanto menos facilidades se le dé a cualquier manifestación del apropiacionismo intelectual proyectado en el medio cultural, por más inversión que éste requiera, mejor para el conjunto de la sociedad.

Otra cosa, volviendo al eje de la cuestión, serían los problemas generados por el abuso de la mecánica legal de las patentes industriales, a causa de la excesiva liberalidad de las oficinas gestoras, que obtienen grandes cantidades (léase:beneficios) en tasas por patentes autorizadas y no por denegaciones, lo que ha permitido que se llegue a los atracos intolerables que la industria farmacéutica ha realizado en expolio de la cultura de pueblos enteros cerrándoles el paso al aprovechamiento de su propio conocimiento patentando principios activos conocidos de muy antiguo. Lo mismo cabe decir de las patentes de software, de las cuales nos venimos librando en Europa hasta que los políticos nos las cuelen camufladas debajo de un reglamento sobre las subvenciones destinadas a la producción de vinagre para las ensaladas de col lombarda (cosa que, por cierto, han intentado, cuando menos y solamente que yo recuerde, dos veces, los muy sinvergüenzas).

El plazo de las patentes es otra cuestión. En algunos ámbitos, los veinte años pueden ser un plazo razonable. Imaginemos en ámbito de la ingeniería aeronáutica o ferroviaria. Ahora bien: ¿es igualmente razonable mantener ese mismo plazo y en ese mismo ámbito cuando la patente se basa en un elemento de seguridad cuya aplicación o falta de la misma constituyen la diferencia entre vidas que se salvan y vidas que no? ¿Es razonable que la patente de un medicamento contra el SIDA dure los mismos veinte años que los de un escurridor para el mocho?

No objeto, pues, el cierre judicial de esa página web china para los usuarios españoles; pero esa aprobación la hago ecléctica y distanciadamente. El odio eterno hacia el apropiacionismo intelectual se mantiene, en lo que a mí respecta, incólume, y la tolerancia hacia las excepciones a ese odio, ya de por sí escasa, tiende a ser menor aún.

Y, gracias a la red, ínfima.

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