Números para un expolio

Está siendo muy comentado por toda la red el artículo que Ofelia Tejerina, responsable de la Oficina del Defensor del Internauta de la AI, publica en el boletín COMFIA-CCOO, en el que establece el cálculo de lo que las entidades gestoras de derechos peseteros de autor pueden llegar a recaudar en 2008, que establece en más de 225 millones de euros, y eso teniendo en cuenta que el cálculo ha sido realizado de forma muy conservadora y tirando por lo bajo. Por lo demás, las fuentes que utiliza Ofelia están perfectamente descritas en su artículo -que puede, pues, considerarse como muy documentado- y tienen la fiabilidad que emana de las cifras de los organismos públicos. Estos milloncitos, que parecen una fruslería, traducidos en pesetitas de las de antes, nos llevan a una cifra que nos dimensiona mejor las descomunales proporciones del negociazo este: más de 37.000 millones.

Señores: esto es un escándalo. Sin ir más allá de lo dicho en el párrafo anterior, esto es un escándalo. Y utilizo una palabra muy suave.

Pero es que, encima, hay que ir más allá de esas cifras porque si, en sí, constituyen un escándalo, su desglose hace que se terminen los adjetivos capaces de expresar la barbaridad que se está cometiendo. No cabe pues, con estas cifras, extrañarse de la defensa numantina que algunos hacen del canon, como tampoco haya que sorprenderse de que el amplísimo entorno cívico anticanon redoble sus esfuerzos prácticamente a cada día que pasa, en su oposición a esa brutalidad económica, política y social. Decía hace unas pocas semanas El Gran Wyoming -como distanciándose de un hipotético interés personal en su defensa del canon-, que él apenas veía más de cincuenta y pico euros -no recuerdo si anuales o mensuales- por tal concepto. Es posible que Wyoming vea apenas esa tan exigua cifra, pero está claro que alguien se está metiendo muchísima pasta en el bolsillo. Muchísima. Esto no es un chocolate del loro ni siquiera para algunos que obtienen muchos millones de sus ventas directas. Así se explican ilustres caras -faces- rodeándose un ojo con la ominosa «C» de «canon». Tampoco sorprende, estando en estas, que hace unos días se supiera que el tinglado de Luis Cobos (AIE, Artistas Intérpretes y Ejecutantes) andaba metiendo un montón de milloncitos en inversiones financieras poco acordes con la falta de ánimo de lucro que se supone que caracteriza a las entidades de gestión.

Como dije en esta misma bitácora hace también algunas semanas, entre sociedades de gestión, entidades de obras sociales y otras similares hierbas, hay que ver los garrotazos que el entorno sin ánimo de lucro nos propina a todos los ciudadanos; sí, a todos, porque cuando no es por uno, es por otro, y cuando no, lo es por todos, ninguno nos libramos de contribuir con nuestro bolsillo a esta plaga.

Pero volvamos al cálculo de Ofelia.

Según este cálculo, realizado tomando los Presupuestos Generales del Estado para 2006, la partida de capítulo 2 de gestos descrita y clasificada como Artículo 22. Concepto 220. Material de oficina. Subconcepto 02. Material informático no inventariable – Gastos de material para el normal funcionamiento de equipos informáticos, ofimáticos, transmisión y otros, tales como adquisición de disquetes, papel continuo, paquetes estándar de software, etc. ascendió a 400 millones de euros. Estimando como un 20 por 100 la repercusión del canon compensatorio por copia privada, llegamos a 80 millones de euros; pero, claro, eso sólo en lo que concierne a la Administración general del Estado y a la Seguridad Social: faltan los organismos autónomos y, sobre todo, las otras administraciones públicas, esto es, comunidades autónomas, diputaciones provinciales y ayuntamientos, cuyas partidas al respecto se hallan escondidas en las previsiones de transferencias corrientes, y no llegan a verse hasta que pasan a integrar el capítulo 2 del presupuesto de la administración concreta.

Lo grande es que la Ley de Propiedad Horizontal no otorga derecho de copia privada a las administraciones públicas, con lo que lo de pagar por nada va ya mucho más allá del lema activista anticanon para pasar a ser la descripción material y literal de una realidad perfectamente constatable. Lo mismo cabe decir de las empresas privadas, asimismo excluidas por la ley del derecho de copia privada.

Últimamente asistimos, además, al intento de considerar que las descargas desde redes de pares no constituyan un ejercicio del derecho de copia privada, reduciendo éste a la copia que se realiza desde el soporte original al soporte de otro aparato (reproductor de bolsillo o del automóvil) para disfrutar de ese contenido fuera del domicilio (lo que implica la pretensión -cuya desestimación da lugar al canon- de que para cada aparato habría que adquirir un soporte original) o a la copia que [prácticamente ya no] se realiza desde el original de un amigo o familiar a un soporte grabable para uso personal del copista. Desde esta perspectiva tan absurdamente restrictiva, los calificativos a los que se haría acreedor el canon y quienes lo promueven pasarían a ser ya irreproducibles.

En todo caso, que ochenta millones de euros de dinero público se regalen graciosamente a unas pocas entidades, a las que, por cierto, se ha dado un poder recaudatorio omnímodo del que ni siquiera goza la Agencia Tributaria, muchísimo más limitada en el ejercicio de sus competencias por las leyes y reglamentos que confieren al ciudadano seguridad jurídica frente a la potestad recaudatoria estatal.

Estamos, pues, inermes ante un expolio que se nos hace desde un doble vector: por un lado, nuestras compras particulares de material electrónico o digital, gravado con el canon en su práctica totalidad; por otro, el dinero público que se va por ese agujero nada casual y que ya hemos visto que, en crifras de 2006 es de 80 millones de euros (más de 13.000 millones de las viejas) sólo para la Administración general del Estado. Comparémoslo con un detalle: los rectores de las universidades españolas han establecido que, con la reforma del plan de Bolonia, el Estado deberá incrementar el gasto público por estudiante universitario y año en 10.000 euros; esto quiere decir que solamente con retroceder el importe del canon de los soportes de la Administración del Estado, éste podría asumir el coste anual de tan importante reforma académica para 1.300.000 8.000 alumnos. Nada menos y precisamente ahora, con la que está cayendo y lo que te rondaré, morena.

Hay que terminar con esto. Se mire por donde se mire, esta historia del canon es absolutamente insostenible y está claro que estas cifras deberán hacerse valer en Europa ahora que parece que se va a debatir este asunto, aunque, personalmente, no guardo un gran optimismo al respecto, pues solamente es en España donde la sociedad se ha movilizado contra este abuso tremendo y esperpéntico, aunque parece que se están notando conatos en otros países europeos; también parece posible que otros gobiernos hayan tomado buena nota -a la vista de los apuros ha pasado a Zapatero con este tema- de lo que puede llegar a ocurrir si sus sociedades de movilizaran como la española. Pero, en todo caso, está claro que hay que terminar con el canon.

Y hay que liquidarlo incondicionalmente. Nada de mantenerlo a la espera de hallar alternativas. Las alternativas no tenemos que buscarlas ni los ciudadanos ni nuestros gobiernos; que las busquen los interesados, que las propongan y que se les admitan solamente en la medida en que sean viables, justas y atinadas, es decir, que recaigan sobre quien deban recaer, y no sobre todos los ciudadanos de manera indiscriminada. Por lo demás, cada vez está más claro que el negocio de los contenidos de ocio se está reestructurando -qué remedio les queda- y también sus beneficiarios van reconociendo que la libre circulación de contenidos por la red favorece los negocios de nuevo planteamiento en vez de perjudicarlos, con lo que cada vez es más palmario lo que ya sabíamos: que la famosa remuneración compensatoria no compensa nada ni a nadie -y menos, desde luego, a los autores más necesitados- sino que es una enorme partida de libre disposición destinada a financiar el poder omnímodo de una especie de oligarquía instalada con pretensiones de perpetuidad en los órganos directivos de las sociedades de gestión.

Y es contra esto -aparte del expolio intrínseco- contra lo que estamos luchando todos los ciudadanos pero contra lo que deberían luchar, sobre todo y en primer lugar, los principales perjudicados (canon aparte) de esta situación: los propios autores, los socios de base, los artistas de infantería, a los cuales el canon no sólo no beneficia en nada sino que, encima, les supone sufrir la parte injustamente alícuota de un desprestigio y de un odio que se genera desde una sociedad rebotada contra un expolio que, como tal, es intrínsecamente injusto y encabronante. Algunos de esos autores ya van moviendo ficha y ya hemos sabido de tensiones internas y de rebeldías externas, pero se han de mojar muchos más todavía; confiemos en que lo visto hasta ahora sean solamente primeros pasos y que la rebelión se inflame y extienda bien pronto en el seno de todas las sociedades. Porque lo he dicho muchas veces: el abrazo, la reconciliación entre la ciudadanía y los creadores (los creadores de verdad, lo que trabajan como negros, no los habituales zánganos) es absolutamente necesario; muy difícil, a estas alturas y con lo podrida que está la situación, pero debe constituir una necesaria aspiración por parte de todos. Sin embargo, no será posible ni siquiera pensar en dar pasos firmes en este sentido si en estas entidades no se abren de par en par las ventanas de una verdadera democratización que lleve a la asunción de puestos directivos de las mismas a verdaderos representantes de su masa social, a verdaderos representantes del común de los artistas y no de las exiguas pero excelentemente pagadas minorías de la primera división comercial.

Hasta entonces y sic stantibus rebus, no hay otro camino que el de la guerra.

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Comentarios

  • Jorge Delgado  On 31/03/2008 at .

    Don Javier, me temo que hay un error de cálculo, probablemente debido a mezclar pesetas con euros.
    80.000.000 euros/10.000 euros=80.000 alumnos y no 1.300.000.
    Esto sería si el coste por alumno fuera de 10.000 ptas y no euros.

    Es escandaloso, como poco, que el Estado Central regale a una entidad privada 80 millones de euros.

    ¿Cuantos kms de infraestructuras se podrían hacer con ellos? ¿Cuántos kms de línea MAT se podrían soterrar con ellos? ¿Cuántos telediarios se harán eco de la noticia?
    País…

  • Jorge Delgado  On 31/03/2008 at .

    Estamos buenos…
    Son 8.000 y no 80.000 como indiqué antes, perdón.

  • Javier Cuchí  On 31/03/2008 at .

    ¡Rayos, es cierto! Bueno, ahora no tengo tiempo, pero en un par de horas lo rectifico. Conste aquí mi acuse de recibo de la rectificación y, efectivamente, me dejé llevar por la ensalada PTA/EUR. En efecto: hay para 8.000 alumnos… sólo con la Administración General del Estado.

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