Sumario a voces

Una juez ha prohibido a un medio, concretamente a «El Periódico» (y parece que también a otros) que informe sobre un determnado crimen, un crimen que, por sus características de premeditación, planificación y ejecución, reviste un verdadero interés, mucho más allá de lo morboso. En otras palabras, es un hecho noticiable de libro, incluso sin amarillismos, porque el asesinato en frío y con meticuloso cálculo, la pretensión del crimen perfecto, siempre llama la atención, y la prueba es que la novela de misterio siempre se ha vendido bien, incluso cuando su calidad literaria ha dejado mucho que desear.

Subsiguiente y consecuentemente, el entorno profesional del periodismo se ha rebotado contra la medida judicial y la siniestra sombra de la censura asoma sobre la cuestión.

Pero esta vez no lo veo yo tan claro. La libertad de expresión tiene unos límites, ciertamente muy lejanos y muy restringidos, pero los tiene; uno de ellos es la necesidad de discreción en una investigación criminal; y en el caso que nos ocupa, delicadísimo, precisamente por el escrupuloso cálculo con el que la presunta asesina planificó el crimen, la necesidad de que los investigadores trabajen sin presión mediática y sin que filtraciones inoportunas les ensucien o incluso echen a perder las pruebas, parece más que evidente y justificada.

Porque el problema es que aquí estamos acostumbrados a todo lo contrario, a que, en materia de secretos sumariales, los juzgados parezcan verdaderas casas de putas donde cualquiera, en cualquier nivel funcionarial, puede, con toda impunidad, vender información a folios llenos y salirse de rositas. Nunca he sabido de expedientes disciplinarios por esta cuestión y soy de los más calurosos partidarios de que se haga un escarmiento y de que a unos cuantos se les eche a patadas de la función pública. En el caso concreto, Mayka Navarro, la periodista que ha informado sobre el tema, se ha negado a revelar sus fuentes; no se lo reprocho, cuidado, el secreto profesional es sagrado, pero, con indemnidad de éste, sería muy bueno que se llegara a averiguar quién ha sido el funcionario desleal (o quienes: es fácil que sea más de uno) y caiga sobre él todo el peso de la separación a divinis del servicio. La imagen cochambrosa, bananera y mordidera que unos cuantos funcionarios venales -que tal parece haber, cuando menos uno, en prácticamente todos los juzgados, porque no hay secreto sumarial que resista la primera edición- es absolutamente intolerable. Ya sabemos que los funcionarios de la Administración de Justicia están mal pagados; como todos los funcionarios, por otra parte, a ver si alguien se cree que los de las demás administraciones nadamos en pasta cada primero de mes; pero eso no justifica esta situación de filtración permanente de datos. Situación de filtración que no se da, ni de lejos, en las demás instancias administrativas del país; y no sólo no se da sino que, además, cuando se produce algún caso, se monta un escándalo de mucho cuidado, como debe ser. La razón por la que ese escándalo, esa alarma social, no se da cuando la filtración se produce en la Administración de Justicia, es un misterio. Y ojo, que no pretendo decir, para nada, que todos ni la mayoría de los funcionarios de Justicia sean unos corruptos. En absoluto. Vivo en el pleno convencimiento de que, en su inmensa mayoría, son excelentes y probos trabajadores que, obligados a desarrollar su labor con unos medios cochambrosos (y decir «cochambrosos» es decir poco muchas veces), sostienen a golpe de pura profesionalidad todo el tinglado. Pero las ovejas negras -que también está fuera de duda que las hay- están demasiado repartidas y acaban de cargarse la de por sí no muy gloriosa imagen que ya viene teniendo la Justicia desde hace unos años.

Y dicho esto, también harían bien los colegios de abogados metiendo en cintura a sus parroquianos, porque no todas las culpas son siempre de los funcionarios; hay letrados -tan obligados como cualquiera al secreto sumarial- que tienen la boca más grande que la toga y que también filtran que te cagas.

Culpables asimismo los propios medios, que deberían autorregularse y pasan olímpicamente de hacerlo; además, por supuesto, de abandonar ciertas prácticas que fomentan la corrupción. Todo por la pasta. La libertad es, en primer término, un ejercicio de responsabilidad, como ellos mismos predican, falsariamente. En este caso, por lo demás, no había una razón de urgencia -como quizá hubiera podido haberla si el crimen afectara, por ejemplo, a la salud pública- que justificara de algún modo no esperar a que la magistrada levantara el secreto del sumario. Ya sabemos que la prensa de árboles muertos está angustiada por su contínuo descenso de las ventas, pero la presión del consejo de administración no justifica el desafuero.

Pese a que cualquier tipo de censura me ha tenido y me tendrá siempre enfrente, aplaudo en esta ocasión -y en cualesquiera otras similares- la decisión de la juez, lamentando, en todo caso -y mucho- que el silencio mediático ante materias sometidas al secreto sumarial deba ser el resultado de una imposición expresa por parte de un magistrado y no de la falta de información causada por la necesaria, deseable y exigible discreción de funcionarios y de letrados intervinientes.

Triste, muy triste.

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