Otro frente

Imaginemos por un momento que, un determinado y lamentable día, le pego demasiado al frasco, cojo mi probo Seat «Altea» y, a la mayor gloria de cualquier dios, de cualquier líder o idea política o, so pretexto de cualquier otra imbecilidad, me lanzo a toda velocidad contra una escuela, contra una comisaría de policía, contra la sede de un distrito municipal o contra las oficinas de Micro$oft, da igual, montando el pollo que es de suponer y, como también cabe suponer, falleciendo en el acto.

¿Cabría en alguna cabeza razonablemente amueblada la interposición de una demanda civil contra la empresa Seat por los daños y perjuicios causados en mi barbaridad? No ¿verdad?

O supongamos -como mera hipótesis de trabajo- que cojo el Guor de Micro$oft y me pongo a escribir mil atrocidades injuriosas contra Teddy Bautista. ¿Se le ocurriría a la $GAE demandar a Steve Ballmer por los daños y perjuicios morales causados por el uso de uno de sus programas informáticos? No ¿verdad? Bueno, pues mal ejemplo: en el caso de la $GAE igual sí; demandaron a la Asociación de Internautas por lo que un tercero dijo desde los servidores de ésta, así que igual sí, igual ellos sí demandaban a Ballmer en el mal propuesto ejemplo.

Debe ser alguna suerte de obsesión sectorial, porque otros que le andan cerca a la $GAE, los de PROMUSICAE, el tinglado a cuyo frente está el inconmensurable Guisasola, el sindicato apropiacionista de las discográficas, junto con las multinacionales SonyBMG, Warner Music, Universal Music y EMI Music, ha demandado a Pablo Soto por daños y perjuicios reclamándole la friolera de 13 millones de euros (más de dos mil millones de las viejas, nada, una hipoteca y poco más). ¿Por qué ha incurrido Pablo Soto en tamaña responsabilidad? Pues por haber creado software informático que gestiona redes P2P.

El mito de las redes P2P establece que éstas son un instrumento para descargarse contenidos sujetos a derechos peseteros de autor. La realidad de las redes P2P es que son un entorno digital que, gestionado mediante aplicaciones informáticas, permite a sus usuarios el intercambio de todo tipo de archivos digitales, que pueen estar o no sujetos a derechos peseteros de autor. Es decir, con otra mecánica -y mucha mayor eficiencia- no es algo esencialmente distinto de lo que puede hacerse uno abriéndose su propio FTP público. Y de la misma manera en que uno puede utilizar su coche para circular pacífica y domingueramente con la familia o para llenarlo de explosivos y cometer una atrocidad sin que la Seat tenga la culpa, las redes P2P pueden utilizarse para intercambiarse documentos (folletos, estudios, tesis, etc.), obras artísticas con licencias copyleft, material protegido por derechos peseteros de autor, pornografía infantil o el vídeo de la comunión del sobrino, sin que la aplicación gestora tenga nada que pelar en el asunto.

Pero, claro, aquí tenemos dos elementos esenciales que distorsionan la cuestión y que permiten intentar contra Pablo Soto y su empresa MP2P Technologies lo que nadie en su sano juicio y con un razonable cociente intelectual intentaría contra Seat.

La primera distorsión viene de los jueces mismos. Salvando honorables pero todavía escasísimas excepciones, la judicatura está completamente ayuna en materia tecnológica; vive en la ignorancia total. Eso cuando algunos de sus miembros no han sido -casi materialmente- intoxicados mediante unas no por más increíbles menos ciertas sesiones docentes sobre la materia a cargo, precisamente, de la $GAE, una de los más pertinaces interesadas en que la vara de la Justicia se tuerza hacia una determinadísima parte. De ahí que dijera no hace muchos artículos que el apropiacionismo suele ganar casi siempre en primera instancia: se planta una entidad comme il faut ante un juez que aún vive en el limbo analógico del siglo pasado y le dice a su señoría que hay unos gamberros tecnológicos que están robando el pan de los pobres y desgraciados artistas; y su señoría, que lee la prensa diaria y sabe que esa cosa infecta, la red, está llena de piratas, de pederastas, de terroristas y, en fin, de gente de mal vivir, comprende rápidamente la situación y, felicitándose por la oportunidad que el destino pone en sus manos de poder arrearle un garrotazo a ese lumpen barriobajero de melenudos con teclado, sentencia gloriosamente a favor de la muy seria y tradicional entidad demandante, y restablece a la escarnecida justicia en el honorable lugar que le corresponde.

La segunda distorsión, favorecida por la primera y casi consecuencia de la misma, es que el apropiacionismo aprovecha -en un más que clarísimo abuso del derecho- el terror procesal que genera esto de los pleitos en la gente normal y corriente, en los honrados y comunes padres de familia entregados, sin más, a su trabajo cotidiano, para llevar las aguas a sus unilaterales designios cuando éstas transcurren por cauces indeseables para sus intereses.

Como siempre sucede -y lo he denunciado muchas veces- para la $GAE, PROMUSICAE y demás aes, lo de menos es ganar o perder el pleito: lo interesante de la cuestión es el efecto disuasorio del mismo, el ejemplarizante «mirad lo que les pasa a quienes osan ponérsenos enfrente y no rendir el diezmo debido». Por eso y por la frágil formación de que adolece, en general, la primera instancia judicial española en materia tecnológica, el miedo se generaliza.

Pero tampoco va siendo ya como antes. La resistencia se va extendiendo, también en el terreno judicial. Cada vez salen más criadas respondonas.

Primero fue la propia Asociación de Internautas, cuyos socios decidimos resistir hasta el final, hasta el agotamiento de todas las instancias, incluyendo la europea (de momento, andamos ya por el Supremo); después fue la Traxtore de Ana María Méndez, a la que siguió la APEMIT que ella misma fundó; por el camino, páginas políticas («Alasbarricadas»), sindicales (como la mismísima CNT) y unos cuantos particulares (bloggers, establecimientos hosteleros, etc.).

Pero es que, además, aunque muy tímidamente aún, está amaneciendo poquito a poco una nueva generación de jueces ya no tan encarrilados, jóvenes magistrados que ya estudiaron la carrera con un portátil en el maletín o con un PC de sobremesa en su habitación, que conocen la red y la usan, que tiene perfectamente asumidas y cotidianizadas cosas como el copyleft y que no ven nada claras cosas que, hasta hoy, la mayoría de los togados veía muy claras.

El apropiacionismo a la vieja usanza está liquidado. Sus coletazos, aún potentes pero ya en declive, suscitan ya menos miedo que indignación y los propósitos de resistencia feroz y hasta el final de sus [antes] rendidas víctimas aumentan a cada nuevo pleito que interponen. Por eso, no vencerán; por eso, están acabados. Seguirán, qué duda cabe, dando disgustos y causando alguna que otra ruina, pero han perdido la guerra irremisiblemente.

En lo demás, Pablo Soto y MP2P Technologies cuentan con la simpatía y la solidaridad del conjunto de ciudadanos en red, y esa contrariedad que ahora deben afrontar se convierte en un apunte más en la cuenta que se pasará a liquidación al Gobierno que intente seguir favoreciendo a los enemigos de la ciudadanía. Los políticos socialistas ya han tenido «muestras gratuitas» y, si no enderezan su querencia hacia los de la sopa boba, acabarán viéndose pagando el medicamento. Ellos, o quienes les sucedan, no importa.

¿No quisieron guerra? Pues ahí la tienen.

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