La Europa liberticida

Me hace gracia que la chusma política y la burocracia europea se sorprendan y se rasguen las vestiduras cuando les sale mal algún referendum. Y es que cuando a la congénita desconfianza que todos sentimos a lo que viene de fuera (desengañémonos: el tinglado europeo no lo siente como propio ni el potito, una vez superada la euforia inicial del ingreso) se le añaden buenas y poderosas razones, lo normal es que cualquier ciudadano con una mínima conciencia de ser tal ciudadano -lo que excluye al español, según todas las apariencias- envíe a la mierda a Bruselas a la primera oportunidad.

El caso más espectacular es, seguramente, el de la jornada semanal de sesenta horas, pero hay otros casos también irritantes que, aunque a veces no caigamos en la cuenta, vienen también de la capital euroburocrática, como es el caso de la paranoia aeroportuaria que sufren quienes toman (o intentan tomar) el avión, más allá del hecho de que a quienes podrían prescindir de él les está bien empleado por no boicotearlo. Si se es incapaz del menor sacrificio (incluso donde es exagerado llamarlo así) para sostener la dignidad cívica, joderse es un impuesto más, como el IVA.

Así las cosas, no es extraño que nos la metan doblada en temas complicados de los que el ciudadano medio está ayuno y completamente alejado (o eso cree él). Tan habitual es que los políticos nos vendan miserablemente, que aún me sorprende que no nos hayan endiñado las patentes de software. Es verdad que en ese tema se ha luchado muchísimo y desplegado un activismo de muy alta calidad, pero no estoy nada convencido, ante el menfoutisme ignorante (ignorante en los dos sentidos: en el literal y en el peyorativo) del común de la ciudadanía, que este activismo intenso y de calidad, haya sido suficiente como para detener una putada que nos estaba preparando el apropiacionismo -del software, en este caso- cuyos lobbyes sobornaron desvergonzadamente y a plena luz del día a varios políticos corruptos; y no menos desvergonzadamente fue la forma tahuresca en que las intentaron colar (materialmente: colar) en diversas ocasiones. Mi profundo desprecio hacia la clase política, mi nunca disimulada mala intención y un evidente y prácticamente axiomático piensa mal y acertarás, me llevan a la convicción de que si se consiguieron evitar las patentes de software (de momento, ojo, que cualquier día vuelven con el tema oculto bajo una directiva sobre la comercialización de la caballa en salmuera) no fue tanto por la acción activista -en la que participé gustoso- sino, sencillamente, porque otros lobbyes más fuertes que los otros, aunque no necesariamente menos indecentes, impusieron a la trágala sus intereses.

Ahora volvemos a estar en las mismas, pero con otro tema no menos recurrente. El lobby apropiacionista del copyright, que no sé si será invencible pero que, en todo caso, sí que parece incansable (lógicamente, porque le va la supervivencia), asedia sin parar a la red, con el pretexto de poner freno al libre intercambio de contenidos mediante redes de pares (el famoso P2P) y ahora ha conseguido colar unas enmiendas en la directiva de telecomunicaciones que, en román paladino y para entendernos, podrían llevar, en primer lugar, a la obligación de certificar el software que se utilizara en red e incluso a la obligación de que determinados programas incluyan aplicaciones espía que delaten a imagínate quién las actividades que el usuario realiza en la red.

Jamás pudo concebirse mayor ataque a la privacidad.

El asunto de las redes P2P les trae a mal traer, porque parece no haber nada capaz de detener el inmenso tsunami de intercambios que se produce en la red. Incluso en los Estados Unidos, donde los escarmientos judiciales han sido espectaculares y millonarios -brutales, en realidad- el volumen del intercambio de contenidos en red se incrementa, y mucho, cada año. En Europa, donde el copyright puro y duro sólo existe en Gran Bretaña mientras que el continente aún conserva -diluida y descafeinada, per conserva- su antiquísima tradición de suidad como vínculo del autor con su obra y de limitar apropiación de la creación a lo estrictamente necesario (si bien lo de estrictamente se está relajando en exceso), la generalizada reducción de la problemática de la propiedad intelectual al ámbito civil del Derecho, en el que el ámbito de la prueba -prácticamente reducido a su obtención privada- no permite traspasar la frontera de la privacidad y del domicilio, hace inútiles todos los esfuerzos procesales de montar una masacre judicial que sirva de ejemplo y escarmiento a los ciudadanos.

Por tanto, toda esa historia de la certificación del software y del spyware forzoso se incardinaría en esa necesidad de obtener pruebas. Hace poco hice mención a todas las maniobras, subterfugios y encaje de bolillos que realizan para soslayar unas prohibiciones constitucionales que quizá -si les dejamos, que les dejaremos: así de idiotas somos- logren derribar algún día, pero que hoy están ahí y tienen para largo. Me contestó por alusiones Xavier Ribas, como puede verse, insistiendo precisamente en ello: «Yo me limité a reseñar lo que el Tribunal Supremo acaba de declarar sobre las direcciones IP y a decir que si hay usuarios que abren todo su disco duro a la red, no pueden decir que se invade su intimidad». Yo diría que el simple hecho de que un señor abra sus datos por descuido no permite utilizarlos, de la misma manera que yo no puedo aprovechar una información importante y privada que he encontrado extraviada en la calle, por más que mi acceso a ella no haya sido propiamente ilegítimo, pero, en fin, de ahí lo que decía de hacer acrobacias para soslayar la Contitución.

El problema, según estoy empezando a sospechar, es que todo esto ya va mucho más allá de una simple ofensiva apropiacionista. El lobby apropiacionista es poderosísimo, no hay duda: pensemos, por no ir más allá, en las majors norteamericanas; es potentísimo por sus recursos económicos, por su inmensa capacidad de tráfico de influencias y por las posibilidades de despliegue mediático y propagandístico directamente derivadas de su propia actividad. Pero, con todo, los intereses empresariales presentes en la red, en su conjunto, y en algún que otro sector empresarial, son también poderosísimos, desde luego, y seguramente mucho más. Pensemos que las medidas que que dan lugar a este artículo son las últimas de una larga cadena de despropósitos -meros intentos, algunas veces, atentados consumados, otras- cuyo fin último es el de ternernos a todos controlados. Obviamente, no tiene sentido llenar la calle de cámaras si no se puede controlar quién hace qué en la red. El copyright, según esta conspiranoia que, desgraciadamente, me parece que no es tal, no sería sino el pretexto para cargarse la privacidad en la red, del mismo modo que el terrorismo es el pretexto para cepillársela en el mundo presencial.

La realidad es que están aterrorizados ante las posibilidades ciudadanas que tiene la red, ante la pérdida de la palanca de mando que les permite llevar a sociedades enteras por donde les da la gana, restringiendo la información y manipulando las mínimas fracciones que liberan de ella. La prensa, la radio y la televisión fueron elementos de progreso tecnológico en la comunicación social que pudieron controlar desde su primer momento (ya se vio y se tomó nota de lo muy deprisa que fueron los reyes a controlar las imprentas, también, por cierto, so pretexto de los derechos de autor) pero, claro, la edición, la prensa, la radio, la televisión, son medios de emisión centralizada y restringida: editoriales, redacciones, emisoras, estudios… todo ello con responsables perfectamente despedibles, encarcelables o fusilables, con papel que se puede secuestrar o quemar o con emisiones radioeléctricas que pueden eliminarse mediante el cierre o la destrucción de las instalaciones correspondientes.

Con internet no puede hacerse nada de eso en occidente: no es que haya impedimento material (para eso están las telecos, que pueden cerrar el grifo a todos los ISP, ellos mismos incluidos) pero lo que sí hay es todo un edificio jurídico levantado cuando internet no existía para permitir la libertad de expresión no tanto de los ciudadanos como de las empresas mediáticas. Además, a estas alturas de la película, demasiadas empresas demasiado potentes dependen de la red como para que ésta se ande restringiendo… al menos en los vectores y sectores que les atañen; en los demás… bueno, pueden hacerse mangas y capirotes sin que se enfaden demasiado.

Precisamente la estructura europea está hecha a propósito para mearse en los mecanismos constitucionales de los estados miembros de forma que las decisiones ejecutivas pasan a formar parte del ordenamiento jurídico común sin más que un refrendo parlamentario -no siempre necesario, por otra parte- partiendo del rango constitucional de los tratados debidamente refrendados (como el de adhesión a la Unión Europea). Los sucesivos intentos de euroconstitución o la mierda del Tratado de Lisboa no sólo no han intentado paliar ese detrimento constitucional sino que lo han incrementado intencionadamente, dando más poder aún a la Comisión y al Consejo de Ministros de la Unión por encima de normativas promulgadas con severos requisitos parlamentarios. Así, por las buenas. No sorprende que las iniciativas que van a parar a consultas en referendum -cosa que evitan como mearse en la cama- se caigan a la primera que topan con una ciudadanía más o menos consciente de su condición de tal. Toma democracia, con dos cojones.

Afrontamos, pues, el enésimo ataque que pretende retrotraernos al siglo XVIII, al de la monarquía absoluta, trocándolo, en todo caso, por la burocracia absoluta y por la entronización, no menos absoluta, exclusiva y excluyente, de los lobbyes económicos. Ni Europa de los ciudadanos ni gaitas. La Europa de los amos y de los siervos, esto es lo que hay.

Al socaire de todo esto, a mayor abundamiento y como una sugerencia más para la reflexión -en idéntico sentido- sugiero la atenta lectura de este artículo de Enrique Dans (calentito, de hoy mismo).

Ahí está lo que nos estamos jugando.

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