Despierten Sus Señorías

Ayer hubo una huelga de secretarios judiciales y de jueces, aunque, en este último caso, camuflada bajo la convocatoria de no sé qué reuniones, ya que los jueces -como los militares- tienen prohibida la huelga. Deteriorada debe estar la situación, ciertamente, ya que, con tal motivo, hemos podido ver cómo los jueces hacen pública burla del Derecho, utilizándolo de forma claramente abusiva y antisocial (antisocial en su acepción técnica: no pretendo tampoco, ni mucho menos, comparar a los jueces con criminales que queman vivas a sus víctimas en cajeros automáticos de la Caixa). Hoy baja el río revuelto sobre si estamos ante un fenómeno de claro corporativismo o, por el contrario, es un puñetazo sobre la mesa de todo el ámbito judicial harto de su precariedad de medios y no menos harto de verse interferido y coaccionado desde la esfera política. Depende de si se interpreta el acontecimiento a la luz de una sanción presuntamente grave -la de una secretaria judicial- y de otra presuntamente leve -la de un juez- implicados ambos en un escándalo ocasionado por el asesinato tremendo de una niña a manos de un fulano que debía haber estado en presidio -estaba condenado mediante sentencia firme- y no lo estaba; o de si el acontecimiento se interpreta como una protesta por una sangrante y más que evidente falta de medios que agobia y asfixia a una Administración de Justicia absolutamente desbordada. Yo, personalmente, me imagino que hay un poco de todo.

Ayer veía en no sé qué cadena, a una funcionaria de Justicia quejándose de que la cosa funcionaba aún como en el siglo XIX. ¿Como en el siglo XIX? -me pregunté- ¡Será como en el XVI!

– Sírvase vuesa merced, señor secretario, dar traslado de esta providencia a la parte demandada y, puesto que urge, hacedla llevar por dos corchetes de a caballo.

– No es necesario, señoría, puesto que, aunque este Juzgado no está provisto de fax, hay uno en Decanato que da servicio a los veintiséis juzgados de la ciudad, por lo que, siendo las diez de la mañana, es posible que el alguacil logre transmitir el documento incluso antes del almuerzo.

– ¡Gran prodigio es este, voto a Cristo! Proveed, pues, para que así se haga. Id presto.

Bromas aparte -aunque sin olvidar que la parodia no es más que una visión humorística de lo que, en definitiva, es la realidad-, la precariedad ofimática de la justicia española -probablemente la gran causa de su reumática velocidad, aunque una normativa procesal realmente decimonónica comparte esa culpabilidad a partes iguales- me trae mosqueado. Porque, si bien lo miramos, prácticamente todas las administraciones públicas, cada cual a su medida, y unas antes y otras después pero, al presente, prácticamente todas, están informatizadas. Podemos hablar -y hablamos- de arquitecturas inconvenientes o mal diseñadas, de programas apropiativos que suponen costos innecesarios -aparte de menor eficacia-, de deficiente formación del personal, de inexistencia de doctrinas o protocolos de uso o de procedimientos que impiden un desarrollo óptimo de toda esa infraestructura, pero la infraestructura existe y está ahí. Mal iríamos, en otro caso, con una LAECSP a catorce meses de entrar en vigor.

¿Por qué la Administración de Justicia es una cutre excepción al panorama administrativo general? ¿Todos los partidos que han pasado por el poder odian a la Administración de Justicia de tal manera que se niegan a dotarla en la misma medida que otras administraciones públicas?

Tengo para mí que el mal viene de dentro.

En el común de las administraciones públicas, sus empleados hemos ido presionando -desde hace más de veinte años- en este sentido. Y cuando digo empleados hablo a todos los niveles, es decir, nuestra exigencia de medios modernos se ha visto -en general, porque también aquí tenemos nuestra reglamentaria cuota de neoluditas- apoyada por nuestros jefes. En su día, no me costó mucho venderle a mi jefe las ventajas del ordenador (para ser exactos y particularizar del todo, no me costó nada porque era uno de los convencidos). Una presión así, procedente de todos los estratos de la pirámide, es difícil de resistir. Y aunque la duración y rigor de las batallas han sido diversos, como diverso ha sido también el resultado de las victorias, podemos decir que, aunque en algunos lugares aún van a trancas y a barrancas, el nivel general de equipamiento ofimático es, hasta donde cabe decirlo, aceptable.

Estoy seguro de que en la Administración de Justicia hubo un parecido esfuerzo reivindicativo de herramientas de trabajo por parte de sus empleados pero ahí toparon con un problema: la cumbre de la pirámide, los jueces, no constituye solamente un estamento superior (hasta ahí, sería normal, como en todas partes) sino además… distinto. Eso es muy malo: la cúspide de la pirámide -sin salirnos de lo profesional, aquí no meto en danza a los políticos- no está en la propia pirámide sino fuera de ella. Los juzgados y tribunales son, pues, constitutivos de una geometría funcional imposible: el vértice no participa en el esfuerzo común del cuerpo; no es que no se esfuerce, en su propio ámbito, pero es que su ámbito, parafraseando al Evangelio, no es de este mundo… funcional. El trabajo del juez no funciona amalgamado con el de su juzgado, sino que es un mundo aparte; casi podríamos decir que el equipo del juzgado está al servicio del trabajo del juez, pero sin formar propiamente parte del mismo. Esto, como digo, ya es ir mal; puede que las cosas no puedan ir de otra manera -aunque lo dudo- pero aún siendo así, es un plan muy malo.

Pero sobre esta importantísima tara hay otra que no es menos crucial: si la tarea del juez vive en otro mundo que la del resto del personal de su juzgado, el propio juez parece vivir, él mismo, en otro mundo, pero ya de una forma cultural, mucho más allá de su trabajo, aunque eso se plasma claramente en esa labor juzgadora. Vemos cada día sentencias que no responden a la realidad social, ya no en la aplicación de la ley -que eso sería culpa, en todo caso de la norma- sino en la interpretación de los hechos. Hablo de la realidad social en general: las verdaderas aberraciones que hemos visto en materia tecnológica y de derechos de autor no son más que una proyección puntual de este problema mucho más amplio. Pero la especial ignorancia tecnológica de los jueces, añadida a todo lo demás, ha podido ser determinante en este estado de postración instrumental que vive la Administración de Justicia.

No pretendo decir, por otra parte, que todos los problemas de nuestra Justicia se solucionarían llenando de ordenadores los juzgados y tribunales (y que, habiéndolos, funcionen como se debe, que esa es otra, según parece). Ojalá fuera tan fácil. Hay otras lacras: ya he hablado de una normativa procesal obsoleta; es posible -como causa o como efecto de lo anterior- que la propia Administración de Justicia tenga una organización inadecuada u obsoleta (o ambas cosas); seguro que el exceso de judicialización de la vida política, empresarial y, en definitiva, social, de la -valga la redundancia- sociedad española abarrota innecesaria y exageradamente las dependencias jurisdiccionales; también habría que mirar las condiciones de trabajo de los funcionarios: tasa de precariedad (las cifras de interinos parece que son altísimas), condiciones materiales de trabajo (espacios, ambientes), condiciones funcionales de trabajo (modos en que se ejerce la disciplina en la pirámide jerárquica, protocolos de trabajo en grupo, coordinación, etc.) y condiciones laborales de trabajo (sueldos, incentivos, movilidad voluntaria, movilidad forzosa, etc.). Pero, por más que no pueda ni deba centrarse todo en un único factor y haya que acudir necesaria, forzosa y urgentemente a solucionar toda la problemática global, no cabe duda de que la necesidad de llevar al siglo XXI los sistemas judiciales de gestión y de comunicación (tanto en lo que se refiere a maquinaria como a normativa procesal) es perentoria y prioritaria. Sin desdeñar un esfuerzo enorme en educación tecnológica que debería practicarse sobre los jueces, educación que deberían proyectar hacia adentro y hacia afuera de sus juzgados.

Ardua tarea que hay que acometer ya.

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