Menos cine, por favor…

Todos los ciudadanos particulares, más las empresas y las administraciones públicas de cualquier pelaje y ámbito competencial, cotizamos quieras que no a la sopa boba. Y aunque hay algunos mecanismos de autodefensa (comprar los CD y DVD vírgenes en Portugal o en Luxemburgo a través de Internet, por ejemplo), lo cierto es que soslayar completamente el diezmo es imposible si no se vive literalmente como un anacoreta. La variedad de aparatos y de actividades que, directa o indirectamente, están sometidas a este alucinante impuesto medieval es tan grande que no hay fuga posible: comprar cualquier electrodoméstico con capacidad audiovisual, soportes de información, material puramente informático (discos duros, reproductores CD y DVD, impresoras…), teléfonos móviles y un etcétera larguísimo. Eso aparte, hay que añadir la porción correspondiente cuando se realiza una fotocopia (aunque sea la del propio DNI); incluso actividades aparentemente inmunes, a estos efectos, como viajar en AVE o en autocar, o alojarse en un hotel o tomarse un café en un bar, están sometidos al oprobio económico aunque sea indirectamente, puesto que el vídeo que nos pasan en el AVE -aunque no le hagamos ni puto caso, que es lo más frecuente, dada la calidad habitual de lo que ofrece- cotiza a la sopa boba (y ello repercute, evidentemente, en el importe del billete), y la empresa propietaria del autocar se ve gravada asimismo, incluso en el caso de que no nos pase película alguna, pues basta con que disponga del equipo que podría hacerlo, gravamen que, no menos obviamente, va al billete en la parte alícuota. Podemos pasar un montón de noches hoteleras cada año -placer, negocios- sin ni siquiera tocar el televisor de nuestra habitación, pero el hotel paga por ese televisor y la parte correspondiente va incluida en el precio que pagamos; y ese humilde café que en el bar acompaña al cigarrillo o a la charla con el compañero, también sufre el sablazo de esos centimillos tan caros al gran director de tres o cuatro películas malas (con ejecución de perro incluida), porque el aparato de televisión, al que no le hacemos ningún caso -y menos a las once de la mañana-, también es pretexto para obligar a pagar.

Cuántos perjudicados, cuánto gravamen, cuánta pasta, qué agobio y todo para que cuatro o cinco vivan del cuento.

Pero eso no es todo. Hay un ámbito del que nos olvidamos, quizá porque se trata de grandes empresas que, en general, no nos inducen a compasión alguna, pero que también sufren el pecho correspondiente y, como es lógico, también lo repercuten en la cadena de valor correspondiente, que, enlazando con otras cadenas de valor, acaba saliendo, finalmente, de nuestro bolsillo. Pero es que esas empresas, no sólo sufren los diezmos de la sopa boba en la misma medida que las demás, esas empresas aguantan una putada adicional. Me estoy refiriendo a las cadenas de televisión a las cuales las leyes 22/1999 y 15/2001 obligan a invertir en contenidos audiovisuales (eufemismo por cine español, básicamente) nada menos que el 5 por 100 de sus ingresos (lo que me parece una perfecta barbaridad y una gran animalada: ni la Caixa, vamos…).

Precisamente hoy, vía Menéame llego a un artículo de «Cotizalia» en el que se habla de eso en el que las empresas de televisión declaran estar hasta las narices de este asunto que el titular del medio citado califica como impuesto revolucionario, citando, a su vez, fuentes de una cadena privada.

Las cifras sobrecogen: 153 millones de euros del último año, de los cuales 124 fueron para la lacra local. La broma, en los últmos nueve años -los que lleva en vigor la ley- asciende a la friolera de 1.116 millones de euros.

Se me ocurren varias preguntas: ¿qué se ha hecho con esa inmensa cantidad de pasta? ¿Cine? Bueno, admitámoslo, aunque llamar a eso cine bordea lo fraudulento. Un cine que ha generado en taquilla… ¿cuánto? Y esa pastizara… ¿de cuántos miles de millones de euros de dinero público ha ido acompañada? Esto es verdaderamente inaudito. Aquí, entre todos, estamos manteniendo a un pequeño club de vividores que están tomándole el pelo a todo el país con la palabra «cultura» por bandera, aunque luego esa bandera la usen para hacerse calzoncillos.

Pero, en toda esta cuestión, llámale canon, llámale esquilmar a empresas televisivas, lo que me hace más gracia es la justificación que arguyen los rentistas cuando se les enfrenta a lo injusto, a lo injustificado, a lo gravoso y, en definitiva, a lo brutal de estos impuestos a beneficio de minorías privadísimas: hay que pagar porque lo manda la ley. Así, por ejemplo, se justifica un tal Pedro Pérez, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (federación de asociaciones: menudo mejunje), vulgo FAPAE, que debe ser algo parecido a la $GAE del rollo este: «Tienen una obligación por ley y unas concesiones gratuitas de publicidad». Anda que no tienen guasa ni nada las generosas contrapartidas de los tíos estos. Ahora iremos a eso de las contrapartidas, pero primero a lo primero.

Teddy Bautista también se ha descolgado varias veces por estas peteneras de que hay que pagar porque lo manda la ley.

Me hace mucha gracia que hablen de la ley como si fuera un fenómeno de lo cósmico, una fuerza natural insoslayable, o, visto de otra forma, un mandato religioso emanado de una moral incontestable, y no una convención humana promulgada por unos individuos muy dudosos (los políticos, por si alguien no cae en el acertijo) completamente sometidos -ellos sabrán a través de qué mecanismos y de qué modo- al dictado precisamente de los que se escudan en la ley para recaudar a verdadero saco (y para vivir como reyes borbónicos de lo recaudado).

Pasa un poco como con la coña esta de la propiedad intelectual: la facilidad que tienen estos individuos en convertir lo que no es sino una simple fictio iuris (y de las más estúpidas, por cierto) en algo como directamente emanado no sé si del derecho natural o del Evangelio mismo, con el mismísimo Fray Tomás de Torquemada invocando el juicio de la Inquisición, sambenitos y hogueras en una parrillada general de enemigos de los culturetas.

Lo de las concesiones gratuitas de publicidad, que arguye el Pérez, como sobradísima compensación por esa miseria que pagan las teles, también es para partirse el culo de risa porque, además, el tío tiene los bemoles de decir que ese 5% no constituye más que una práctica comercial que beneficia a ambas partes. Eso es: los empresarios televisivos son tontos del culo y no saben ver lo ventajoso que es que, a cambio de un 5 por 100 de sus enteros ingresos, les den esas concesiones gratuitas de publicidad, de modo que, para salvarles de su propia ignorancia, les obligamos a que efectúen tan excelente inversión y obtengan tan singular y ventajoso provecho, por las buenas o a las malas. Sublime.

Por lo demás, las protestas del sector televisivo están tan basadas en lo lógico, en lo evidente y en lo que cae por su propio peso, que hasta aburren: «¿Por qué financiar cine y no teatro o circo?», dicen unos; Tampoco arregla nada tener derechos para televisión. La audiencia del cine español en televisión es bajísima. Es más, las cintas más vistas a final de año son las películas de Cine de Barrio», deploran otros; «Es que aportar el dinero no te convierte en productor, te da unos derechos de antena que no sirven de nada. Además, estamos mal vistos por el mundo del cine. Somos televisiones, no pertenecemos a su mundo. Eso sí, con nuestro dinero no hay problema. ¡Y ay de nosotros como nos enfrentemos a esa farándula!», dicen otros más.

Puestos al capítulo de quejas de las televisiones, alguna argumentación nos resulta familiar, lo que nos indica que todos nos estamos muriendo de los mismos: «¿La realidad? Que en un momento puntual un lobby estuvo más listo que nosotros y se salió con la suya. Y luego el colectivo cinematográfico es muy fuerte». Ahí lo tienes, a todos nos las dan en el mismo carrillo: los que nos esquilman son amigos y residentes en el Congreso de los Diputados.

Y la traca que me guardaba para el final: «Sin el dinero de las televisiones el cine español se muere». ¡Ay! No caerá esa breva, no…

Y como se ve que aún no tienen bastante pasta, el Grupo Socialista del Congreso anda presentando proposiciones no de ley estrambóticas.

Qué país, la leche…

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