Jóvenes, jueces y Saura

De la serie: Los jueves, paella

Leía en «El Periódico» de ayer una entrevista al sociólogo Lluís Flaquer, una entrevista desgraciadamente corta y superficial, como suelen ser las de este medio, salvo las que realiza a políticos medio analfabetos, pero interesante, pese a todo.

Desgraciadamente, no pude asistir a la charla que motivaba el interés del medio en el personaje, que versaba sobre «La política de familia en Catalunya», pero pude recordar una conferencia parecida a la que sí tuve la suerte de asistir, en el curso de unas jornadas de padres del movimiento juvenil al que pertenecen mis hijas y que se celebraron en Segovia hace cosa de tres años, si no recuerdo mal, y que dictó asimismo un sociólogo -cuyo nombre lamento no recordar- adscrito, creo recordar, a la Comunidad de Madrid y no sé si también a la Policía o a la Fiscalía de Menores. Discúlpenseme las imprecisiones, pero cito de memoria y lamento no haber archivado la información que me la iluminaría, y crea el lector que lo lamento de veras, y no sólo por esta ocasión, precisamente.

Pero, para ilustrar la cuestión, serán suficientes unas pocas frases extraídas de la entrevista que cito al principio: «[Las ayudas públicas con que una familia puede contar en España son] 200 euros anuales por hijo a cargo. Es ridículo, no sirve para nada y sus efectos son nulos. Solo los cobran las familias con ingresos bajísimos. También hay beneficios fiscales, pero existe una contradicción porque el dinero que se desgrava es muy superior al que se da a las familias pobres. Es una política familiar horrible y equivocada»; a la pregunta por la costumbre española de tener los hijos después de haber comprado el piso, no antes, responde: «Sí, y después de lograr un empleo estable. Son dos requisitos racionales, claro, pero habría que cambiar de chip y dar prioridad a los hijos, que ahora llegan muy tarde. En otros países no sucede porque el Estado da a las parejas las ayudas necesarias. En España aún no hemos entendido que hay que hacer políticas familiares más avanzadas y con mayor gasto».

En la conferencia de Segovia se vertieron conceptos muy parecidos; y la sociología del asunto fue más allá: en España y Portugal, (y, en general, en toda la Europa mediterránea, aunque en medida no tan exagerada) la emancipación de los hijos sin previo matrimonio es vista como un drama, mientras que en la Europa central y nórdica es todo lo contrario: cuando un joven de 18 años permanece aún en el domicilio paterno, es que algo va mal. Claro que en la Europa central y nórdica hay verdaderas políticas de juventud que sí permiten la emancipación: becas que constituyen verdaderos sueldos (modestos, desde luego, pero suficientes), acceso gratuito a muchos servicios públicos e incluso privados, acceso a la vivienda asequible.

En España, al contrario, los gobiernos no afrontan ese problema -que en definitiva, es cultural- para corregirlo sino, antes bien, lo aprovechan para fomentarlo. Es más provechoso electoralmente tener contenta a una población envejecida y prematuramente jubilada -jubilar a la gente con 65 años es, hoy día, una burrada; y las pre-jubilaciones, ni te cuento- pagándole viajecitos en temporada baja que contribuyen -con dinero público, claro- a la rentabilidad del negociete hotelero del amiguete afecto al partido (no otra cosa es el IMSERSO y sus proverbiales viajecitos) y arrebañando, de paso, votos de la tercera edad que, además (so gilipollas) ahorran unos gastos acojonantes en equipamientos públicos de atención a la infancia -y privados en flexibilidad laboral- para favorecer la convivencia familiar, ya que tenemos a los vejetes ocupados entre imsersos en cuidar a los nietos mientras sus hijos mileuristas trabajan como burros para afrontar la hipoteca.

Cuando un país es el calzoncillo cagado de un armario lleno de ropa cara (o sea, España en Europa) no lo es por casualidad, sino por los vicios culturales de sus ciudadanos, por la ignorancia común y, por supuesto -y en primer lugar- por la corrupción y total falta de vergüenza de sus políticos y de unos partidos y sindicatos enquistados en la maquinaria del sistema al más puro estilo de aquel viejo PRI mexicano, configurando una suerte de dictadura democrática o de democracia dictatorial, llámala como quieras, rancia, achacosa, maloliente e inservible, al servicio exclusivamente de minorías privilegiadas y en total desprecio a las necesidades de la ciudadanía.

Da igual Aznar (ahora dicen que vuelve) que Zap: todos son lo mismo, por más que nos vendan humo de colores. Y nosotros seguiremos igual hasta que no le demos un buen puntapié a toda esta caterva de mangantes.

O sea que mal lo tenemos.

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Los jueces se han cabreado, han puesto en un brete al gobierno -como si fuera tan difícil, por otra parte- y el genio este de la lámpara que tienen por ministro de Justicia está intentando apagar el fuego sin saber dónde tiene el extintor.

Razones no les faltan a los jueces, pero, cuidado, culpas tampoco y no son pocas. Vayamos por partes…

Es verdad que el poder judicial -ampliamente entendido, no como institución corporativa- es el pariente pobre en la organización del Estado. Es víctima de un importante descuido económico, de un importante descuido organizativo y de un importante descuido incluso legal y reglamentario y no sólo en las leyes que le afectan como poder o como corporación, sino en el conjunto de leyes que constituyen el cuerpo jurídico español, que atenaza, en su propia naturaleza, todo intento de agilizar los procesos judiciales en general.

Es verdad que da pena entrar en un juzgado y ver un edificio ruinoso y mal cuidado; unos funcionarios completamente desmotivados, mal pagados, cabreados y, consecuentemente, pasotas; papeles y legajos amontonados por todas partes que hacen que aún cause asombro el precario orden que aún se guarda. Y los pocos medios más o menos modernos con los que se cuenta, aislados, faltos de interconexión, sin doctrina de uso (bueno, eso pasa en todas las administraciones: no sirve de nada tener ordenadores si se usan como puras y simples máquinas de escribir) y sin formación del personal (no: un curso de guor no es formación del personal).

Es verdad que los jueces están mal considerados y mal pagados. Mal pagados en su horario prescriptivo: mucho peor pagados aún si consediramos que la inmensa mayoría de ellos trabaja más horas (y, a veces, muchas más) de las obligadas. Y, como en todas partes, la excesiva discrecionalidad en los mecanismos administrativos de gestión de personal provoca, de forma constante y generalizada, enchufismos, agravios comparativos, putadas, discriminaciones, acoso al discrepante y clientelismo bestial en las cúspides. Les falta formación, pese a sus esfuerzos por procurársela por cuenta propia (bueno: sus esfuerzos y los de la $GAE, que todo hay que decirlo).

Es verdad que muchísima legislación está desfasada (incluso buena parte de la que nace, nace ya desfasada) por el desconocimiento que los políticos tienen de la sociedad y que no poca está mal hecha, llena de lagunas y de aspectos contradictorios debidos al parcheo y al compadreo de los partidos políticos y sus transacciones parlamentarias. Es verdad que esas lagunas (no siempre casuales) en las leyes suponen transferir de hecho a los jueces lo que debieran resolver los políticos. Y también es verdad que por falta de una proyección política en lo que se legisla y por factores culturales de un país cainita casi por definición, la judicialización de la vida política, empresarial y, en definitiva, social de los españoles es, a todas luces, exagerada.

Todo eso es verdad, y seguro que aún me dejo cosas. Por eso está justificado que los jueces pidan más medios, más sueldo, más racionalización en el trabajo y menos criminalización por sus cagadas, sobre todo cuando sus cagadas se deben, en la inmensa mayoría de los casos, a un sistema polvoriento y esclerótico como el que se ha descrito.

Pero también hay otras verdades que quizá a sus señorías no les gusten tanto.

Por ejemplo, es verdad que está excesivamente generalizada la tendencia de los jueces a hacer de su juzgado un cortijo bajo su mando omnímodo en el que más que lo que dispone la ley se hace lo que les sale de los cojones. Es verdad, por más ejemplo, que no hacen ningún esfuerzo por coherenciar su doctrina, lo que hace totalmente imprevisible (admitiendo que nunca puede darse por seguro el resultado de un procedimiento judicial) el sentido de una resolución judicial. Por no salir de la especialidad de esta bitácora, a ver quién me ata por el rabo las moscas de la sentencia absolutoria de que ha sido objeto la CNT en la demanda que le había interpuesto la dichosa $GAE y de la condenatoria de la que, por muchísimo menos, fue objeto Julio Alonso a instancias de la propia $GAE de las narices.

Los ciudadanos estamos preocupadísimos por la inseguridad jurídica a que nos vemos sometidos cuando nos interponen una demanda o cuando -tras ímprobos esfuerzos por evitarla- no tenemos más remedio que interponerla.

Sentar en el banquillo, como se ha hecho, a unos políticos acusándoles de haberse reunido con un grupo terrorista, es decir, procesar a políticos -o a quien sea, pero, sobre todo, a políticos- por hablar con alguien es una enormidad acojonante, por más que luego se archive el sumario (el mal, básicamente, ya está hecho).

Es verdad que los jueces viven distanciados de la sociedad (con excepciones, pero pocas) y de que no se enteran de llo que está pasando. En materia de tecnologías, esto es sangrante: ni siquiera son conscientes del daño que pueden llegar a causar -que va mucho más allá de las partes del procedimiento- a toda una nación, a toda una sociedad, cuando dictan una sentencia basada en la ignorancia más absoluta, cuando se la inspira una formación y una información absolutamente desfasada y obsoleta (pequeño ejemplo pero ridículo, extendido e ilustrativo: las planchas de «El Jueves» con la ignorancia abyecta, en ello implícita, de que en ese mismo momento el ejemplar ya circulaba por Australia… entre otros lugares de casi todo el mundo).

Protesten, pues, los jueces en buen hora y sean escuchados con atención, con detenimiento y con propósito de enmienda en todo aquello en lo que lleven razón, que es mucho. Pero pónganseles también las peras al cuarto y explíqueseles que su poder, debido a la naturaleza de sus funciones, no puede ser limitado pero explíqueseles también -y hágase- que toda desviación, exceso de poder o cortijismo jurisdiccional deberá ser castigado con la máxima dureza.

Aunque no todos son tan folklóricos como el original, hay que ir con ojo, porque calamitas hay muchos en este país.

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A Saura le crecen los enanos, claro que también se lo busca él. Ahora mismo está en la picota por su estúpido empecinamiento en mantener ese absurdo límite de 80 kilómetros por hora en las vías de acceso a Barcelona, que está causando muchísimo rebomborio en el PSC, un tanto harto de tener que correr el riesgo electoral de pagar las culpas del microbio del tripartit; pero también le están arreando fuerte por su participación hace pocos días en una manifestación que pedía el fin del conflicto palestino-israelí.

Parece que tanto él como el gremio buenrrollítico que lidera se han dolido de los palos y vuelve por la virtud ofendida de los derechos fundamentales.

¿Puede un cargo institucional, un conseller, un ministro, en el ámbito autonómico, participar en una manifestación?

Saura alega que otros -concretamente, ministros del Gobierno español- lo han hecho reiteradas veces, sobre todo en manifestaciones antiterroristas; y continúa alegando que, en todo caso, el derecho a la libre expresión es un derecho fundamental que asiste a todo ciudadano.

Como siempre -es normal en esa agrupación- los grandes conceptos, las palabras engoladas, se les tornan árboles que les impiden ver el bosque, y no siempre inocentemente. Es verdad lo que dice Saura, pero también es verdad que esa manifestación, pese a sus enunciados, no era una manifestación antiterrorista, ciñendo el antiterrorismo a lo que comúnmente entendemos todos aquí, porque lo demás es fácilmente susceptible de demagogia. Y es verdad también que, como todo el mundo, tiene derecho a la libertad de expresión, pero sin olvidar nunca que él es él y su circunstancia y su circunstancia es una conselleria, un cargo público en el que está al servicio de todos los ciudadanos, no de sólo sus conmilitones o de quienes le votaron y que esas circunstancias impiden que lo que él dice -sobre todo cuando lo dice en público o lo dice manifestándose, que para el caso es lo mismo- sea tomado como una opinión personal desligada del cargo. De eso nada.

Esa manifestación -muy respetable, por demás, pero también objetable por parte de algunos ciudadanos: yo, por ejemplo- pedía la paz, cosa muy loable, pero no por las buenas: pedía la paz tomando partido por un bando en concreto y eso sí que es algo a lo que no tiene derecho un conseller por más que le asista -con el matiz que hemos visto- el derecho a la libre expresión.

Este es el problema de los pringadillos metidos a políticos, acentuado cuando vienen de ciertos partidos que aún no se han enterado de dónde tienen el norte que perdieron en el naufragio de las aguas marxistas: que les falta capacidad para asumir el concepto de lo institucional y ser consecuentes con él. Les ciega el populacherismo y la pesca de votos a costa de lo que sea.

Y así les luce el pelo. Esta vez, a ellos.

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Queridos todos, bravos afectos al arroz, misión cumplida por este jueves. El próximo será 22, penúltimo del mes, en el que, seguramente, aprovecharé para hacerme cruces de lo rápido que pasa el tiempo, ayer con las uvas y hoy cerrando ya el primer mes del año. A ochenta días que estamos (una vuelta al mundo de Julio Verne) del domingo de Ramos, el fin de la travesía del desierto, de la Cuaresma religiosa, pero también de esa cuaresma civil de un trimestre entero -y, a veces, largo- sin una mala fiestecita que nos rompa un poco la rutina.

Seguiremos luchando.

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Comentarios

  • Jordi  On 15/01/2009 at .

    Políticos como Saura y el partido que representan pretenden gobernar y ser oposición a la vez. Aparte, si algo caracteriza a esta clase de políticos, es vivir en un mundo particular que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Y así nos va. Y sobre la mani a la que acudió, por favor, que alguien les diga que Hamas y los salvajes que asesinaron a doscientas personas en Madrid es la misma piara.

  • Agobi  On 16/01/2009 at .

    Estamos apañados todos, al final, nada más nacer la gente ya estará jubilada y empezara a trabajar cuando tenga 50 años… el mundo al revés, y con esta calaña, ya ves..

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