El cardenal, el móvil y el infierno

De la serie: Los jueves, paella

Hemos tenido por aquí estos días al secretario de Estado (equivalente a un ministro de Asuntos Exteriores) del Vaticano, el cardenal Tarsicio Bertone (por cierto que si a éste añadimos Benelli, tenemos a media industria italiana de la automoción metida en la curia, y esto explica no pocas cosas, entre muchísimas otras cosas que no necesitan de mayor explicación). La visita era oficialmente privada, no está mal para tanta privacidad: entrevistas con Zap, con el Rey y, la más importante, con la vice Fernández de la Vega, que es la única de este Gobierno que parece que se entera de algo (ya nos vale a todos).

Don Tarsicio salió muy contento. ¿Sorprendente? No. Doña María Teresa le dijo que podía subirse a la parra todo lo que quisiera, pero que el aborto va a ser liberalizado y que la Educación para la Ciudadanía, pues ya ve Su Excelencia Reverendísima cómo está el patio y así se va a quedar. ¿A qué, pues, el contento del cardenal, si se supone que estas fueron dos buenas patadas en el culo? Pues el contento del cardenal se explica por la garantía de lo sustancial, esto es, al Concordato no se le va a tocar ni un pelo y esto supone, entre otras cosas, dos fundamentales: la pasta y la enseñanza (la iglesia católica tiene un peso potentísimo en la enseñanza privada española gracias, entre otras cosas, a las ventajas y facilidades derivadas del Concordato).

El Consordato, recordémoslo, está actualmente compuesto por un conjunto de cuatro acuerdos: Asuntos Jurídicos, Asuntos Económicos, Enseñanza y Asuntos Culturales y Asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas y servicio militar de los clérigos. Habrá que recordar también que estos cuatro acuerdos fueron suscritos deprisa y corriendo el 3 de enero de 1979, es decir, con la vigente Constitución ya aprobada en referéndum (6 de diciembre de 1978) pero sin haber entrado aún en vigor. Tararí que te vi.

El tradicional amago de Zapatero cuando Rouco le ha tocado lo que no suena ha sido siempre el mismo: ventilarle ante las narices el Concordato y, con él, la financiación. Y Rouco comprendió: en la última cuchipanda de masas (desde el óbito de Wojtyla van escasas y algún sector de la parroquia sufre mono de happenings de integrismo católico) estuvo muy modosito con temas que cabrean al Gobierno, e hizo lo que podríamos llamar, en términos de tauromaquia, una faena de aliño que apenas logró algunas palmas en los tendidos. Pero es que la pela es la pela y con las cosas de comer no se juega.

Es, probablemente, la cosecha que unos y otros han levantado a cuenta de la visita de don Tarsicio: la paz final. Basta de follón con EpC, y con el aborto, lo justo para cubrir el expediente, pero nada de llamadas a la desobediencia civil ni similares truculencias y, a cambio, no tocamos el Concordato y lo que ello representa. Si tengo razón, Rouco va a recibir órdenes terminantes de meterse la lengua en el culo y va a ver sometidos sus habituales estruendos a unos límites muy, muy estrechos. A partir de ahí, especúlese lo que se quiera con lo que puede pasar en la Conferencia Episcopal a uno o dos años vista.

¿Consecuencias para los ciudadanos comunes? La primera, que lo de la crusesita en el formulario de la declaración IRPF seguirá siendo, como hasta ahora, una tontería sin trascendencia alguna, sin otra utilidad que mostrar (¿a quién? ¿al ordenador de la Agencia Tributaria?) una ideoología o una actitud de adhesión o de protesta hacia lo que dice o hace la Iglesia Católica: la Iglesia Católica seguirá percibiendo -por diferentes y muy variados conceptos- enormes cantidades de dinero público, de importe anualmente creciente. La segunda, que, encima, veremos acelerarse el proceso de apropiación de monumentos del patrimonio cultural de todos, so pretexto de sus costes de mantenimiento y reparación, excusas con las que, en primer lugar, pondrán la pura y simple entrada bajo taquilla y, en segundo lugar, prohibirán la obtención de fotografías (a comprar postales y diapositivas en el chiringuito al efecto).

Tenemos un ejemplo escandaloso en la Catedral de Barcelona, sólo abierta gratuitamente en horas de culto y abarrotada, en esas horas, de seguratas, esbirros y barreras de todo pelaje destinadas a poner las máximas dificultades para la visita turística o cultural en esos momentos (y, desde luego -no hay ni que decirlo- nada de fotos). Por no hablar de los guías homologados con exclusiva grapada al culo.

Estuve hace pocos días fotografiando Santa María del Mar y ya tuve el típico incidente con un tío equipado con guardapolvos que, seguramente, se puso en guardia cuando vio mi cámara montada sobre un trípode; aunque ésta es una réflex pero de las más elementales (una Nikon D-40) y el trípode que llevaba es perfectamente acorde con la mercancía de una tienda de chinos, debió parecerle al tío un montaje profesional. Tuve que decirle -como verdad que es- que eran fotografías para mi uso personal y sin ánimo de lucro. El hombre transigió y me dijo que, bueno, que dos o tres fotos podía tirar, pero no más. Tiré las que me dio la gana, faltaría más. (Aclaro que estaba disparando sin flash y situándome de modo que no molestara a nadie que pudiera estar orando o visitando pacíficamente el monumento; muy al contrario que no sé cuántos guiris disparando cámaras pocket a flashazo limpio y que no fueron molestados, supongo que porque el del guardapolvos pensaría que con estas cámaras no pueden hacerse fotos de calidad perfectamente comercializables, en lo que acertaría estadísticamente, pero se equivocaría técnicamente).

Describo este incidente porque es común, está generalizado. Ese mismo día, un segurata me impidió fotografiar en la cafetería del Palau de la Música pese a advertirle que sólo quería fotografiar los techos, no a la gente que había allí. Todo inútil. Lo que no obsta para que, en esa misma fachada, haya el gran rótulo anunciando que el monumento fue en su día declarado Patrimonio de la Humanidad. Y para que reciba cuantiosísimas subvenciones públicas. Hay que joderse.

O sea, como con la $GAE: pagar y, encima, por nada.

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Andaba ayer Daniel Rodríguez Herrera, mi cordial adversario ideológico y no menos cordial compañero de fatigas en la Asociación de Internautas, con la caldera de la bronca al máximo de presión. Y razón no le faltaba: hablaba, en su artículo semanal en «Libertad Digital», de la convocatoria una protesta consistente en un apagón de teléfonos móviles durante tres días, protesta que se justifica en lo presuntamente dañino de esos por demás muy útiles cachivaches.

Cuando veo estas cosas, me dan ganas de darme de baja de Greenpeace, cosa que no hago porque me afilié en la perfecta consciencia de que tendría que aguantar precisamente cosas de estas a cambio de sumarme a otras con las que sí comulgo al cien por cien.

Porque no está demostrado, en absoluto, para nada, que la telefonía móvil sea peligrosa. Ni por sus antenas ni por llevar el aparato encima ni por utilizarlo durante más o menos tiempo. Es más, de las investigaciones realizadas por causa de las presiones de los alarmistas, parecen deducirse claros indicios de su inocuidad. Ésta no está tampoco completamente demostrada pero, repito, los indicios racionales hallados hasta ahora están más próximos a ésta que a lo contrario.

Pasa como con los cultivos trasgénicos: erre que erre con que pueden ser nocivos para la salud humana, pero no hay la menor prueba de esa afirmación y también parecen bastante serios los indicios de lo contrario. El problema de los transgénicos -lo he dicho muchas veces- no es tanto su hipotética y más que improbable nocividad para la salud humana como la inmensa casa de putas que se ha edificado cimentada en sus patentes. Ya he hablado de este tema y volveré a hacerlo, seguramente, pero ahora lo dejo aquí.

Y -también lo he dicho alguna vez- lo mismo que las centrales nucleares: aunque ahí sí que hay un riesgo cierto, palpable y demostrado por dos realidades incontestables (Harrisburg y Chernobil), no es menos cierto que en la medida en que este riesgo pueda controlarse hasta niveles más que aceptables de seguridad (lo que es técnicamernte muy fácil, aunque políticamente muy difícil) la energía nuclear es barata y -hecha la salvedad del riesgo- limpia. El problema es que no me fío de la seguridad en manos privadas ni me fío de la seguridad en manos de organismos reguladores, que ya vemos cómo funcionan en este triste país.

Daniel Rodriguez califica de ludditas a los promotores de la protesta. Yo no estoy tan seguro de que esté ahí el fenómeno. Ellos no lo reconocerán nunca abiertamente, pero son como todo el mundo: tiran de móvil que se las pelan. Aquí hay muchos intereses de por medio.

En primer lugar, el ecologismo tiene detrás una industria con intereses importantísimos. Un poco de reflexión sobre los costes de tanto mediambientalismo y tanta sostenibilidad, nos arrojará la sospecha de cifras escalofriantes. Baste echar un simple vistazo a lo que se gasta por estos conceptos, a beneficio de quién sea, el achuntamén de Barcelona. Algunos ingenieros industriales que conozco me han indicado que en algunos países -Canadá, por ejemplo- la industria mediambiental constituye una parte importante de la aportación al PIB. O sea que, salvando la buena fe de las bases, quizá por arriba haya gente mucho menos bienintencionada en su lucha por ciertos temas.

Aparte de esto, más en lo chusco -pero no menos real- con el tema de la telefonía convendrá recordar que los primeros que descubrieron los posibles peligros de esas radiaciones fueron… los miembros de la comunidad de propietarios que vieron cómo la comunidad de al lado puso la escalera como los chorros del oro gastando dinero a espuertas… con lo que les había dado la compañía teleco por dejarse poner la antena en el terrado. Si la envidia fuera tiña, las antenas de telefonía móvil serían de color negro cerrado.

En cualquier caso, no me cuesta nada vaticinar que la protesta no pasará de lo simbólico. La telefonía móvil está extendidísima en el mundo occidental (en España hay más móviles que habitantes) y todavía no se le ha muerto a nadie un padre, una madre, un hermano o un hijo de un cáncer de móvil. Es fácil atemorizar sobre los peligros de algo en lo que uno no participa directamente o no ve por sí mismo (nadie tiene centrales nucleares, muy pocos tienen cultivos transgénicos…) pero va a ser dificilísimo hacer creer que el móvil es peligroso a alguien que lleva diez años utilizándolo y que vive rodeado de quienes lo utilizan a todo pasto… sin que haya pasado nada.

Lo que hay es lo que hay.

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Triste crónica la que vi ayer en «El Mundo»: un inmigrante ecuatoriano en paro al que le van a embargar el piso y su dolorida queja: «Cometí el error más grave de mi vida. Nosotros no entendemos y nos metimos a ciegas. ¡Imagínate!».

Lo que él no entendía es que en España, al contrario de lo que sucede en muchos otros países, como los Estados Unidos, por ejemplo, es que el bien inmueble es la principal garantía del crédito hipotecario, pero no la única. De acuerdo con nuestro código civil, un deudor responde de la deuda con todos sus bienes presentes y futuros. De modo que nuestro hispanoamericano amigo, cuando se las ve negras, coge las llaves del piso, va al banco, arroja las llaves sobre la mesa del director y dice: «ahí queda eso, que yo no puedo pagarlo». Y el director le responde: «No es tan fácil amiguito. Yo no quiero el piso, quiero la pasta».

Y el pobre ecuatoriano se entera de la cuestión en su cruda realidad: él debe 300.000 euros de la hipoteca. Le embargan el piso, lo ponen a subasta y un animal despreciable llamado subastero se lo queda por 50.000 euros. Esto quiere decir que nuestro inmigrante continuaría aún debiendo 250.000 euros si no fuera porque todo el procedimiento ha devengado unos gastos y unas costas que, a poco que suban, no se irán a menos de 10.000 euros. Ya debe 260.000. No las tiene, lógicamente, pero van criando intereses de demora. Pasan los años, dos, tres o cuatro, la crisis ha sido superada, nuestro hombre levanta cabeza tras enormes esfuerzos y consigue un trabajito apañado: y un mal día, se entera de que le han dejado la nómina reducida al salario mínimo para ir pagando una deuda que tiene con el banco tal que asciende… ¡a 400.000 euros!

En Estados Unidos sólo responde la casa: perdida la casa, liquidada la deuda, y si el banco no se resarce, que se joda. Aquí, amigo, la banca nunca pierde: este es el casino más tramposo y más mafioso que vieron los tiempos.

Por eso, muchos ecuatorianos le responden al director del banco: «¿Que no es tan fácil? Pues bueno: ve a Quito a embargarme, si tienes cojones (ya verás, mis colegas de allí, lo bien que te tratan)» Pero a nuestro hombre, Rubén Daniel Ganchozo, le han pillado rehenes: no puede volver a Quito y refugiarse en la inembargabilidad de hecho de la que goza allí, porque uno de sus hijos padece una grave discapacidad física de la que sólo aquí puede ser tratado con ciertas garantías.

Esta es la cara oculta del paraíso. Vinieron aquí porque les dijeron que aquí atábamos los perros con longanizas; llegaron y vieron que era verdad, que la exigencia de documentación en regla era un cachondeo, que se podía tirar adelante con la vida en negro y que, aún con papeles, podía vivirse en una cómoda opacidad fiscal que permitía, además, el acceso a unas prestaciones públicas que la realidad de los ingresos hubiera vedado. Incluso con todo debidamente en regla, la vida aquí es paradisíaca: enseñanza pública, sanidad pública (y todo ello, de calidad), acceso fácil a unos bienes de consumo que allá en casa no hubieran podido siquiera soñarse… Nadie les dijo, en cambio, que a la primera dificultad, por nimia que fuese -y la que está cayendo, de nimia no tiene nada- ellos serían los primeros en pagar el pato. Y el pato parecía, a las malas fácil de pagar: bastaba con dejarlo ahí tirado y vuelta a casa o vuelta a la etapa de semiclandestinidad del sin papeles, que siempre es un recurso -parecía- aunque s etengan papeles. Pues no: el pato tenía dentro un cepo lobero y algunos se han visto pillados en él, como Rubén Daniel.

Los perros de Jauja estaban atados con longanizas… a la puerta de un infierno. Rubén Daniel vive ahora ese infierno y cree que otros que han podido darse el bote y cruzar el charco han sido más afortunados. Relativamente. No saben con quien se las tienen. Jamás podrán volver a Europa. No a España: a Europa. Los brazos del BBVA, del SCH, de la Caixa y de todo el resto del gremio, son más largos y más poderosos que cualquier otra mafia. Deben mucho (y mucho más que deberán a medida que vaan pasando los años) y ese dinero lo deben en España… y en Holanda, y en Italia, y en Bélgica, y en Polonia… Los acuerdos fundacionales de la Unión Europea han sido meticulosísimos con esto, no es como los derechos de la ciudadanía, que pueden ser pisoteados con relativa facilidad. Los que han escapado de la hipoteca se han autocondenado a no tener más posibilidad de emigración posible que los Estados Unidos o a languidecer eternamente en la postración de la que un día huyeron.

Quizá, en el fondo, a quien le salgan mejor las cosas sea a Rubén Daniel: le espera un infierno quizá de veinte años; pero hasta veinte años pasan y quizá Rubén Daniel, a costa de su propio pellejo, haya podido dejar a sus hijos firmemente consolidados en el paraíso. Los que hoy se salvan de la quema, han condenado, probablemente, a toda su descendencia a la miseria perpetua.

Esto es el capitalismo, señores. ¿O qué creían?

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La paella está servida. La próxima será el jueves -claro- 12 de febrero, con permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide.

Hasta entonces, que ahora me voy corriendo.

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