Sordos, ciegos y mudos

De la serie: Los jueves, paella

El uso del catalán como lengua habitual decae: en pocos años, ha pasado de ser utilizdo por aproximadamente la mitad de la población a serlo por debajo del 40 por 100. Evidentemente, los catalanohablantes no dejan de hablar el catalán, el retroceso lo es en términos relativos, dado que la población catalana ha aumentado debido a la fuerte incidencia de la inmigración, que habla mayoritariamente castellano, bien por ser su idioma materno, en el caso de los numerosísimos sudamericanos, bien por ser el idioma que aprendieron los demás al entrar en España, cosa que muy pocas veces hacen por Catalunya.

Es una pena, porque un patrimonio cultural siempre es una riqueza que conviene esforzarse por no perder, pero también hay que tener en cuenta que es muy difícil -cuando no imposible- luchar contra ciertas dinámicas. Ahora remos a ello, porque es precisamente el eje de esta entradilla.

Con el nacionalismo radical en el gobierno catalán, era evidente que la cosa tenía que preocupar en las instancias oficiales. Bien, de hecho ya hace tiempo que preocupa, porque el fenómeno inmigratorio refuerza, además, otro hecho que ya se venía produciendo con la propia población autóctona: la inmersión lingüística ve sus resultados comprometidos por el hecho de que, si bien se cumple en clase, no sucede así en el intercambio común entre los alumnos. Recogiendo el literal con que la autoridad competente expresó su frustración al respecto: «Hemos ganado el aula, pero hemos perdido el patio». Justamente lo contrario que en tiempos del viejo, cuando no había alternativa al castellano en el aula, pero el patio hubiese llevado al orgasmo al propio Pompeu Fabra. Franco no consiguió jamás erradicar el catalán de la calle, y eso prueba lo que estoy diciendo yo: contra las dinámicas lingüísticas no puede ni la fuerza de las armas.

Sin embargo, estos de ahora parece que no han aprendido. La inmersión lingüística -pese a no ser tan dramática como la pintan o como incluso yo mismo pensé en otros tiempos- nunca ha dejado de ser antipática para un muy importante sector de población, que ha ido numéricamente incrementándose hasta las proporciones que he indicado antes. Parecía que sí, parecía que habían tomado nota y últimamente circulaban iniciativas amables: publicidad que intenta convencer al inmigrante de que a través del catalán la integración es mucho más fácil (siempre que el inmigrante quiera integrarse, que no pocas veces le importa tres cojones, ni en catalán ni en castellano), el proyecto Voluntaris per la llengua en el que yo mismo estoy integrado, aunque de forma latente (no me han llamado desde que les dije que yo no quería perder el tiempo con pijos erasmus que vienen aquí a buscar juerga y priva -no será por nuestro avance tecnológico, desde luego- y que yo solamente pensaba esforzarme por gente que tuviera verdadera intención de echar raíces aquí), y otras iniciativas.

Ahora han vuelto por los fueros de la estúpida Ley de política lingüística de 1998 (que, por cierto, no le aplican a Micro$oft ni a las telecos) y se ponen a aplicar el palo, en lo que me decepciona mucho el conseller Treserras, de quien tenía una opinión bastante buena, pese a que a su gremio, ERC, lo veo como lejía en los ojos. En la Ley del cine que propondrá al Parlament el gobierno catalán, la cuota en doblajes y subtítulos del cine comercial será del 50 por 100. Es decir, la mitad de las copias dobladas o subtituladas deberá serlo en catalán.

Todavía no conozco la reacción de los exhibidores -que vaticino furibunda- porque de esta medida se supo justamente ayer, pero la realidad aplasta toda teoría: una sala con película en catalán es una sala vacía. Y eso podrá ser todo lo desagradable que se quiera, pero es así, y quien lo dude no tiene más que ir a verlo. En consecuencia, pasarán varias cosas. En primer lugar, que aumentará la tensión en un sector que -por motivos habituales en esta bitácora, pero no en jueves- no lo tiene nada fácil (aunque en buena parte por su propia culpa). En segundo lugar, que la medida de defensa de ese sector -nada inédita, además- será recluir a las películas en catalán en cines del extrarradio barcelonés (justo donde, encima, menos catalán se habla). En tercer lugar, con eso se le da otra vuelta de tuerca a la imagen antipática que ofrece el catalán a los castellanohablantes. En cuarto lugar, que el público seguirá optando por ver cine en castellano si es lo que le apetece (y es lo que le apetece y repito que no es opinión sino constatación al alcance de cualquiera).

Es lo que digo siempre: mientras el dinero esté en mi bolsillo (el mi es retórico, en este caso) y comprar no sea obligatorio, lo tienen crudo. Mientras no puedan coger al ciudadano A y obligarle a ir el miércoles X a ver la película Y doblada al catalán, esta ley no solamente es una pérdida de tiempo sino, además, contraproducente, no contribuirá sino en antipatizar aún más el catalán justamente hacia todos aquellos a quienes debiera ofrecerse como algo grato.

Lo más curioso es que tienen la fórmula correcta delante de sus narices. Vamos a ver: ¿por qué TV3 (cuyo idioma taxativamente exclusivo es el catalán) tiene, por lo general, una audiencia muy superior a la del público estrictamente catalanohablante? Pues porque tiene unos contenidos de calidad. Bueno, no seamos tan dogmáticos: digamos, mejor, que sus contenidos son bastante menos malos que los de las demás televisiones. Y como la gente busca calidad -o, cuando menos, huye de la porquería abyecta- opta por TV3 aunque le cueste un esfuerzo lingüístico. Mira si era fácil. Con el cine, pueden hacer exactamente lo mismo: producir buenos contenidos en catalán y doblarlos al castellano -o al inglés, o al idioma que sea- únicamente para su distribución fuera del territorio catalán. La ley lo permite. Y si una película es buena y se exhibe en un idioma que la gente entiende aunque no sea el suyo, la gente irá a verla. Entre una porqueria posguerracivilista en castellano y un excelente thriller en catalán, la gente llenará las salas de este último, que nadie lo dude.

Este es el camino. Y no hay otro.

——————–

Tenemos un escandalillo -que debería ser un escandalazo- con la señora iraní esta que tenemos aquí no sé si alojada, refugiada, inmigrada o qué, pero que está aquí acogiéndose a la calidad asistencial de nuestra sanidad para ver de remediarle una ceguera que sufrió como consecuencia de una agresión brutal con ácido sulfúrico que le arrojó un hijo de puta despechado porque ella le rechazó a efectos matrimoniales.

Resulta que la justicia iraní ha condenado al agresor a sufrir el ojo por ojo, es decir, a ser cegado. Tal como suena. Además, el procedimiento compite en horror macabro con los procedimientos norteamericanos para sus ejecuciones: el reo será anestesiado y seguidamente se verterán cinco o diez gotitas de ácido sobre cada pupila, con lo que quedará listo para la ONCE.

De esta cafrada puede librarse mediante la clemencia de la víctima, pero no va a ser el caso. Al contrario: la muy avanzada normativa -religiosa of course– que regula la cosa, establece que una mujer vale la mitad que un hombre, de donde el procedimiento, en circunstancias normales, no hubiera pasado de dejar tuerto al individuo; pero la señora ha activado toda la potencia jurídica que ha podido y ha logrado que el elemento en cuestión vaya a ser cegado totalmente. Luego, hay una cuestión de 20.000 euros de por medio que, gracias al rigor de los periodistas de ahora, no sabemos si son los que ha pagado la señora para que se ciegue al fulano completamente o son los que le ofrece el otro cabrón a la señora en cuestión para que solamente lo dejen tuerto. El caso es que, de un modo u otro, el tío está prácticamente frito porque si la sentencia no se ejecuta por mano de la víctima -cosa perfectamente prevista, admitida y hasta parece que fomentada por el ejemplar y moderno sistema jurídico iraní- lo será por mano de su madre, que allá está, la tía, diciendo a quien quiera escucharla que no le va a temblar el pulso.

Contrasta esto con los loables esfuerzos de la policía autonómica catalana -los Mossos d’Esquadra– para impedir otra barbaridad muy frecuente en nuestros pagos: la ablación clitoridial de las menores africanas. Y como -hecha la ley, hecha la trampa- realizarla aquí puede llevar al presidio por unos cuantos años, se llevan a las niñas a Nigeria, así que los Mossos d’Esquadra han montado una especie de delegación in situ, es decir, en Nigeria o Mali, o ambos, para frenar la práctica, práctica que, de ser descubierta, puede conllevar la revocación del permiso de residencia y la inadmisión en nuestro país.

No cabe entender cómo puede convivir este proyecto de la policía catalana -que, insisto, aplaudo a rabiar por justo y necesario- con la indiferencia administrativa ante la brutalidad que va a cometer esa tía, a la que no sirve en absoluto de paliativo la barbaridad verdaderamente cafre que previamente cometió el otro con ella. Aquí, en el mundo civilizado, no funcionamos así.

Yo creo que si esa sentencia bestial se consuma -aunque no sea de propia mano de la víctima- a esa señora habría que expulsarla de España de manera fulminante e inapelable, romperle en mil pedazos el permiso de residencia o la carta de refugiada que pueda tener. Porque la autoridad española que no detenga esa animalada, pudiendo accionar ese recurso represivo de la extranjería, es cómplice por omisión de una vulneración brutal de los derechos humanos, cuya Carta conteniendo la Declaración Universal de los mismos ha suscrito España, lo que constituiría, además, una infracción de derecho internacional.

Esa señora debe ser puesta de forma inmediata ante la taxativa elección de ejercer su derecho a clemencia -que en derecho español y en deber moral sería obligatoria- y continuar en España tan campante, o de no ejercerlo y, una vez ejecutada la sentencia, largarse de aquí en el primer avión y para siempre.

Ante las extendidas protestas que muchísimos ciudadanos hemos formulado en foros de Internet o en cartas a los medios de comunicación, más la interveción de algunas organizaciones humanitarias, la tía dice que a ver qué haríamos nosotros si fuera a una hija nuestra a quien le hubieran echado ácido a la cara. Le he respondido en uno de los foros de «El Periódico»: si a mi hija le tiraran ácido a la cara, probablemente exigiría de nuestra justicia lo mismo que hace la justicia iraní; pero como vivo en una sociedad civilizada, en la que los deseos de cada cual son secundarios y donde lo verdaderamente importante es el avance humanístico y cultural experimentado en más de cuatro mil años de Historia, avance por el que muchos han pagado muy caro -no pocas veces con su propia vida-, simplemente ni el Estado ni mis conciudadanos admitirían siquiera considerar este castigo. Porque para esto hay un Estado y una ciudadanía: para establecer un orden que todos debemos respetar aunque, a veces, seamos víctimas, culpables o inocentes, de ese orden. El deseo de venganza ante una atrocidad es humano; lo que no es civilizado es que una entera sociedad, a través de su propia organización, de su propia justicia, ceda a ese impulso vengativo. En la civilización occidental, lo que se castiga no es el perjuicio causado -éste sirve, secundariamente, para establecer la medida- sino el orden subvertido, la norma vulnerada. Por ello no cabe el ojo por ojo.

Barbaridades, aquí, las mínimas.

——————–

Tenemos la ciudad como un queso gruyère, que es el que tiene fama -injusta- de tener muchos agujeros; el que sí los tiene es el emmental, creo recordar.

No me voy a quejar: las obras son incordiantes y molestas como garrapatas pero, cuando menos en el plano teórico, cuando se acaban se ha producido una mejora. Nadie lo diría viendo, por ejemplo, el chafarriñón que han hecho con la pobre, triste y desgraciada plaza Lesseps, que lleva cuarenta años en obras para estar cada vez peor pero, en fin, el principio general de bondad resultante de las obras hay que mantenerlo.

Ahora mismo hay obras por un tubo que tienen tres orígenes planificadores (si es que puede llamarse tal al tercero de ellos): uno, las de grandes infraestructuras (la línea 9 del metro, el AVE y alguna otra más que ahora no recuerdo); otro, el Plan de Actuación Municipal 2008-2011, que se realizó contando con la participación ciudadana; y uno más, que cayó como el gordo, así, de improviso, que es el plan ZP para combatir el paro, financiando a los municipios para que lleven a cabo obras de infraestructura, con la única condición de que estén acabadas antes de que termine el año. No estoy yo muy convencido de que algo así -me refiero al tercer punto- no vaya a tener que asumir una cierta cuota de improvisación, porque obliga a ir deprisa pero, si he de decir la verdad, las obras que al amparo de ese [mal llamado] plan que se van a efectuar en mi barrio están bien, son correctas, resultaban necesarias y parece (parece) que estaban corrctamente ubicadas en el orden de prioridades. Si se ha hecho así en todas partes, hay que convenir que se ha hecho muy bien. Como digo siempre, aquí las verdades no se recatan, aunque aparentemente desmientas comentarios efectuados anteriomente (que no los desmienten: sólo son las excepciones que los confirman).

Pero quien ha metido el dedo en la llaga (y en el ojo del alcalde) es ahora nada menos que la OCDE, que ha venido a decir que desde que se terminó la inercia olímpica, Barcelona deambula sin proyecto, por más que sea cierto que ha logrado una marca de cierto valor.

Y efectivamente, tal como no paro de criticar, la política municipal carece de un norte a largo plazo, de un proyecto global de ciudad. De hecho, tambaleándose la elefantesca operación inmobiliaria del Fòrrum y del 22@ (aunque no ciertamente en lo que respecta a los cuñados beneficiarios de la cosa), Barcelona va tirando sobre dos ejes: uno que ya no es nuevo (de hecho, ya es excesivamente antiguo) que discurre sobre las dinámicas generadas por la tocinada guiri y otro invento más reciente -y de cierto éxito- que es la política municipal de proximidad.

Sobre el tema guiri he hablado muchas veces, así que, parafraseando el lenguaje forense, dese por reproducido a los presentes efectos. Quizá ahora interesa más lo otro.

Desde que llegó el vigente poncio, se han articulado y puesto en marcha una serie de órganos de participación ciudadana, entre los que destacan -por lo menos, en mi percepción personal- los consejos de barrio. El Consejo de Barrio es un órgano más o menos asambleario, presidido por el concejal del distrito y por el consejero de barrio, y de libre participación ciudadana; no hay más que ir y decir cada cual la suya. El acto en cuestión -que se celebra, creo recordar, trimestralmente- consta de dos partes diferenciadas: una, en que cada vecino expone los problemas que tiene el conjunto del barrio o el entorno próximo de dicho vecino y, o bien se le explican las causas y remedios o se pospone la cuestión para su estudio; y otra en la que se da cuenta precisamente de las soluciones propuestas para los problemas que en la sesión anterior quedaron pospuestos para ese estudio.

En general, la cosa funciona bastante bien -yo he asistido a casi todas las sesiones de mi propio barrio- salvo por el problema -que el tiempo y la costumbre irán solucionando o, al menos, eso espero- de la mala educación cívica del común de la ciudadanía. Por mala educación cívica me refiero a que mucha gente toma esas sesiones como una oficina de reclamaciones ante lo que le escuece particularmente, sin tener en cuenta -de ahí lo de la educación cívica– que lo que hay que exponer son percepciones, sí, particulares, pero de problemas generales, de problemas que atañen a un colectivo más o menos amplio o de interés general. Uno tiene una cierta sensación de perder el tiempo cuando oye a una señora decir que el follaje de tal o cual árbol le impide acceder cómodamente a su propio balcón; no es que la queja no sea justa, es que no es ese el lugar para ella. Salvado esto, no obstante, mi impresión del invento es positiva.

Ahora bien: ¿no es posible que los consejos de barrio sean una cortina de humo que nos oculte la ciudad como conjunto? Yo creo que sí, yo creo que algo hay de eso. Mientras nos preocupamos por si aquellas escaleras viejas y peligrosas van a ser sustituidas por un ascensor o por unas escaleras mecánicas, mientras nos ocupamos en comprobar que se haya vallado debidamente aquel solar peligroso, mientras estamos atentos a si la Guardia Urbana se ocupa de hacer respetar ese paso de cebra que todos los de las ruedas se toman como el pito del sereno, olvidamos que la ciudad es un conjunto que va muchísimo más allá de nuestro barrio. Los consejos de barrio, de forma premeditada o como efecto secundario sobrevenido, llevan a pueblinizar la percepción ciudadana de la urbe, a constreñir la atención y la participación vecinal al entorno más inmediato, como si el resto de la ciudad estuviera gestionado desde lo cósmico, desde la metafísica de lo inasequible. Dejando aparte otra sensación tampoco deseable: la soberanización del barrio, el olvido de una realidad, del hecho de que aunque mi barrio sea el entorno urbano más inmediato, el mi es casi más pronominal que posesivo, indica proximidad, ubicación, no posesión, porque mi barrio es de todos los ciudadanos, sobre todo en tanto que forma parte de un conjunto, del conjunto ciudad.

Nos olvidamos de ese conjunto por activa y por pasiva y por eso los barceloneses no ansiamos, no echamos de menos, un proyecto común, un proyecto de ciudad, un proyecto, incluso, metropolitano, como el que nos movilizó entre 1986 y 1992. Y ese es un peligro muy grave.

Tanto, que nos previene de él la propia OCDE.

——————–

Pues nada, misión servida y paella cumplida, digo, al revés. Hasta aquí llegó el arroz en este primer jueves de marzo. El próximo será día 12 y, como cada jueves, aquí estaré sofrito en ristre.

¡Oh, por cierto..! Gracias a todos por vuestras felicitaciones con motivo del artículo 1.000 de «El Incordio». Por supuesto, podéis estar seguros de que el artículo 2.000 forma parte irrenunciable de los objetivos del próximo plan quinquenal. ¡Uy! Qué soviético queda eso… 😉

Seguimos avanzando…

Anuncios
Both comments and trackbacks are currently closed.

Comentarios

  • Jordi  On 05/03/2009 at .

    Sobre el cine y lengua catalana.

    Soy un firme defensor del cine en VOS, con lo que el doblaje no va conmigo, independiente de que en España y, concretamente en Catalunya, tengamos excelentes profesionales en esta materia. Certifico que, aparte de alguna sesión esporádica en la filmoteca (empresa pública de la Generalitat), ver un peli subtitulada en catalán es una batalla perdida. Del mismo modo que hay público para leer premsa o libros en catalán o para ver teatro en catalán, también hay público para ver cine en esta lengua. Pero ay, los catalanoparlantes somos, por definición, bilingües perfectos en castellano y aquí se aplica aquel concepto económico del “bien sustitutivo”: “¿quieres cine? Pues en castellano o subtitulado en castellano”.

    Sinceramente Javier, si en lugar de Catalunya viviéramos en Flandes, a nadie le indignaría la obligación de subtitular en flamenco. Pero estamos en Catalunya y el catalán continúa siendo, en demasiados ámbitos, una lengua de segunda.

A %d blogueros les gusta esto: