¿Victoria? ¿De quién?

De la serie: Correo ordinario

Globo sonda habemus. Según un artículo aparecido en «El País», la gente esa que está negociando la restricción de los derechos civiles a todos los ciudadanos, compuesta por las telecos y lo más florido y granado del apropiacionismo cultural, habría renunciado a una ley Sarkozy y a cualquier otra cosa parecida, para volver la artillería sobre los concentradores, es decir, sobre las páginas que facilitan enlaces y torrents para descargas, páginas cuya popularidad estaría aumentando vertiginosamente en relación a las descargas directas de redes P2P. Es decir, se abandona el modelo francés para dirigir la vista a Suecia y a la agresión a que se ha sometido a «The Pirate Bay». Según este modelo, el usuario común, recibiría, a todo estirar, tres avisos pedagógicos sin, de hecho, mayores consecuencias.

Esto es lo que dice «El País», aunque hay que ir con cuidado porque ya sabemos todos que «El País» es capaz de manipular hasta el parte meteorológico; habrá que esperar cosas concretas: anuncios oficiales -ni siquiera los autorizados, procedentes de las partes, son fiables-, proyectos de ley o cosas similares, porque este es un entorno lleno de humo y de trampas saduceas.

Es verdad que, pese (o además de) la alarma que nos han provocado y nos siguen provocando -luego diré por qué- las intenciones gubernamentales edificadas al dictado de los grupos de presión del apropiacionismo, no hemos dejado, por otra parte, de tener una cierta curiosidad sobre el asunto: a ver cómo le ponéis el cascabel a este gato. Porque el gato ha resultado ser bastante fiero -que se lo pregunten a la Sinde, como actual, que no primer, objeto de las iras cívicas racionalmente temerosas de ser víctimas de un liberticidio- y suele ponerse especialmente antipático en momentos delicados, como los electorales. Y, además, el gato tiene a su indudable favor una Constitución -no menos antipática para los liberticidas- a cuyos padres, que construyeron el cuerpo legal pensando en la comuna mediática, el tiempo y la tecnología les han marcado un gol por toda la escuadra y desde el centro del campo. Porque resulta que dicha Constitución, tan difusa en otros ámbitos, es clara, explícita y taxativa en temas como la libertad de expresión, la prohibición de todo tipo de censura y en la exigencia de control judicial en la intercepción -que siempre habrá de ser muy excepcional y muy motivada- de las comunicaciones. Es tan clara, explícita y taxativa, que no deja apenas margen a un Tribunal Constitucional, por más entregado que esté a los intereses de quienes todos sabemos, sin quedar meridianamente retratado.

Y, claro, este es un problema porque, según el propio artículo citado, parte del quid de la cuestión residiría en crear un organismo administrativo para andar fisgoneando y magreando en las comunicaciones del usuario; y ahí es donde -si el sistema constitucional funciona y no es una filfa de tebeo barato- la cuestión se estrella, sobre todo si detrás de ella está el maldito gato empeñado en articular a todo trance todos los recursos jurídicos -aparte de los políticos y otras posibilidades de movilización- para impedir la formación de organismos más o menos administrativos dedicados al espionaje en red y al posible ejercicio de la censura. Recordemos la queja de Ignasi Guardans cuando le salimos con la enmienda 138: ¿es que no va a ser posible dar un paso sin la intervención de un juez? Pues ya ve usted: no. En España y mientras esté vigente la constitución del 78, no va a ser posible dar un paso en materia de libertad de expresión, de censura y de privacidad de las comunicaciones sin la intervención de un juez. Por tanto, si este proyecto suyo sigue pensando en puentear al poder judicial nos van a tener enfrente, eso seguro y vamos a desenfundar el recurso de amparo más rápidamente que John Wayne sus pistolas; y, como siempre, sin perjuicio de otras actitudes y actividades de tipo social y político. Si nos conocen -y creo que ya nos van conociendo-, saben que nunca regatearemos esfuerzos.

Personalmente, soy de los que piensa que quien explota comercialmente un contenido debe pagar a su autor si éste lo exige; mis indudables y claras simpatías por el copyleft no lo son en menoscabo de la retribución del autor cuando hay negocio de por medio: la plena libertad de acceso a los bienes culturales es para las personas individuales y para su disfrute personal, no para quienes montan un negociete -perfectamente legítimo, por otra parte, si respetan lo anterior- con los contenidos creados por terceros (a menos, claro está, que esos terceros sean especialmente inteligentes y vivos y hayan encontrado -algunos lo van haciendo ya y pronto serán muchos- una forma de ganar dinero no sobre la base de restringir su creación sino de facilitarla y divulgarla). Pero, en todo caso, dado este derecho de participar económicamente en los rendimientos asimismo económicos que se obtengan de la creación, los litigios o disparidades y la prueba de los mismos que sobre esta explotación puedan suscitarse entre creadores y comerciantes son problema de ellos, sin que el tercero que no tiene nada que ver pueda verse afectado. Y se vería indudablemente afectado en su privacidad si se admiten los procedimientos de esa gente. El [relativo] derecho que pueda tener un señor a comprobar si su esposa lo engaña no le autoriza a entrar en mi casa por las buenas y mirar si en mi cama está mi mujer o la suya. No sé si me explico…

Pero es que hay más. Aparentemente parecería inofensivo que se dedicaran a perseguir a los que comercian con enlaces de busquedas de una descarga determinada en redes P2P. Bueno, aparte de que esto no es ahora mismo punible de acuerdo con la legislación española, como la reciente sentencia del caso Sharemula dejó claro (¿habrá que preguntarle al señor aquel de la $GAE qué hacía el día que en 1º de Derecho explicaron que la legislación sueca no es de obligado cumplimiento en España?), el que llegara a ilegalizarse sería un motivo de grave y perentoria alarma cívica. Porque solemos dar por sentado que estos enlaces afectan a la música o al cine, pero los enlaces son de muchísimos tipos; la prensa de papel ya se ha mostrado reiteradamente -y desde hace mucho- muy interesanda en controlar los enlaces. Recordemos dos hechos: el primero cuando pretendieron -afortunadamente sin conseguirlo- que no se pudiera enlazar directamente a una página en red de la publicación, sino a la señalada como de inicio; el segundo cuando lograron -esta vez sí- meter al press clipping en la Ley de Propiedad Intelectual, castigando a empresas que cobran a sus clientes por servirles información a medida de lo publicado en la prensa en general, incurriendo con ello, a su vez, en dos aberraciones: una, la absurda pretensión -a la que, no obstante, muchos dan oídos- de que contenido copiado es contenido no vendido (como si de no existir press clipping las empresas fueran a comprar todos los periódicos del país y a poner a veinte empleados para hacer el seguimiento diario); otra, que en muchos casos -yo diría que mayoritarios- los clientes sólo piden búsquedas de menciones periodísticas hacia sus propias empresas, marcas y productos, con lo que una determinada entidad que reclamara ese servicio, estaría -está, puesto que funciona ahora necesariamente así- pagando a los medios (como parte del dinero que paga al servicio de press clipping) por la divulgación de unas noticias por las cuales los medios no han pagado nada a su protagonista. Esto es libertad de información unidireccional, pero, en realidad, lo que es de verdad es codicia en su estado más puro. En definitiva -y press clipping aparte-, lo que implicaría la autorización para perseguir enlaces es una campaña masiva de penalización de enlaces con el doble propósito de levantar pasta de todo y por todo (lo que, en definitiva, viene a significar realmente por nada) y de establecer una nueva forma de censura sobre la base de perseguir enlaces desagradables. Recordemos que esta gente funciona con unos parámetros especiales en lo que a los pleitos se refiere: no importa tanto ganarlos como el hecho mismo de interponerlos y, por esta importante razón, la de limitar lo máximo posible el terror procesal y ese intento de imponer una censura por medios indirectos, pero no menos eficaces sobre las personas individuales -y no pocos colectivos- es por lo que también nos habremos de oponer a una medida así. Nuestras exigencias sobre la libertad y la privacidad de los ciudadanos en la red no admiten el menor retroceso, y menos aún en la medida en que se necesitan -y perentoriamente- muchos avances.

Conviene que los árboles no nos impidan ver el bosque: detrás de las faldas de la $GAE se esconden otras hermanitas más pequeñas que parecen inexistentes porque han dado menos la cara -en este aspecto, la $GAE ha sido un escudo eficaz, aunque no sé si a pesar suyo- pero son igualmente peligrosas, igual de infecciosas.

De todos modos, lo presuntamente contentos que nos pudiera dejar una normativa teóricamente más blanda que los métodos Sarkozy (que ya vemos que no y hemos visto por qué no) no soluciona otros problemas igualmente vigentes: en primer y principal lugar, el del canon digital, que no vamos a olvidar bajo ninguna circunstancia porque su injusticia y la barbaridad conceptual y económica que significa no queda en absoluto disminuida por ese teórico -y poco creíble- cambio de actitud; y, en segundo lugar -aunque esa ya no es una reivindicación exclusivamente internauta sino de la sociedad entera, dentro y fuera de la red-, la aberración de que so pretexto de protección a la cultura, se esté subvencionando a base de grandes paletadas de dinero público a una industria clientelar, gremial, negligente e ineficiente, enfeudada y encastillada en unos privilegios injustos y desmedidos (y todo ello, además, mientras muchísima gente que hace cultura -y en no pocos casos, de gran calidad- no ve un euro de ayuda ya no para vivir sino, siquiera, para poder llevar adelante su proyecto, aunque no aspire -o no tenga esperanzas- de ganar dinero con él.

En definitiva, el apropiacionismo está jugando una carta tan inteligente como desesperada: visto que no puede aspirar a todo, a riesgo de perder a sus valedores en un escarmiento político de severa magnitud si se empeña en ello, intenta mantener lo esencial de sus privilegios: que el control del mercado no se les desmande -que se descarguen lo que quieran, pero la caja y la distribución la llevamos nosotros- y el canon, que constituye una partida de ingresos fuera de todo control que facilita, asimismo y por ello mismo, que los gastos también queden fuera, al menos en la parte correspondiente al ingreso incontrolado, de toda fiscalización.

No. No con nuestro dinero. No con nuestra privacidad.

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