Zapateces y juececes

De la serie: Los jueves, paella

Vuelvo a estar de acuerdo nuevamente con Ignacio Escolar cuando habla de política (otra cosa es cuando habla de asuntos de red, que entonces el acuerdo es prácticamente sistemático). Es la segunda vez, creo, en este semestre. No sé si hacérmelo mirar.

El caso es que tiene razón, efectivamente: el juicio por el caso Yak ha sido una cortina de humo tras la cual se ha ocultado el verdadero meollo de la cuestión. Es, efectivamente, muy lamentable que la mitad de los cadáveres no fuera correctamente identificada; es indignante que, al exclusivo fin de correr rápidamente un tupido velo sobre la cuestión, se hicieran mangas y capirotes con la documentación y se rellenaran los papeles a la buena de Dios a sabiendas de que eso iba a provocar que mucha famílias recibieran cadáveres ajenos. ¿Qué más da? El muerto al hoyo y el vivo al bollo, debieron pensar en Defensa. Lo que no pensaron en Defensa -o sí lo pensaron y les importó tres cojones- es que las familias de los muertos también son gente viva y también tienen derecho al bollo y el bollo es, en su caso, dar tierra a sus muertos, no a muertos ajenos por más que en vida en el instante final hubieran estado hermanados, que esa es la esencia del soldado.

Pero con ser esto intensamente dramático, no es lo peor; al contrario, es -si se me permite decirlo desde el máximo respeto- el chocolate del loro. Porque el verdadero eje de la cuestión en el que ningún juez ha visto nada siquiera raro -Grande Marlaska ha bordado su carrera con este asunto- es el turbio asunto del alquiler del Yak, un modelo ya viejo y un aparato pésimamente conservado y mantenido; y su tripulación parece que le había pegado al frasco antes de emprender el vuelo. Puede ser comprensible que haya que estar colocado para volar a sabiendas en un artefacto tal, pero no es ni de ley, ni de rigor ni de mínima prudencia. Nuestros soldados, sí volaban serenos, pero no a sabiendas, aunque al parecer algo se olieron o algo se habían olido en vuelos anteriores, aunque más afortunados, en similares artilugios.

Tras esto subyace el inmenso desprecio que, con mayor o menor disimulo -va por barrios-, sienten los políticos hacia los servidores públicos y, evidentemente, hacia los ciudadanos. La tercerización de servicios públicos -que casi siempre oculta, en realidad, una verdadera privatización- y el regateo en los medios necesarios para desempeñar la función pública, lo que, en el caso de soldados en un escenario de conflicto comporta, automáticamente, un incremento a veces muy grave del riesgo para su seguridad o, más redondamente dicho, sus vidas, es una cuestión cotidiana. Yo la veo cada día, aunque, afortunadamente, no me juego el pellejo, pero doy fe de que hay unidades administrativas en las que trabajan empleados de empresas privadas -evidentemente con contratos basura- que manejan información privada de los ciudadanos y que tienen acceso a datos muy sensibles. En realidad, este outsourcing supone la contratación a bajo precio de trabajadores que sustituyen a los funcionarios y que, privados del estatuto, se ven obligados a obedecer sin rechistar cualquier tipo de orden aunque ésta sea claramente contraria al interés público; están, además, contratados por empresas especialmente fabricadas para estos efectos, con lo que dejo la calificación del asunto al juicio del lector. Ni que decir tiene, además, que estos trabajadores son objeto de un trato… vamos a ser caritativos con el empresario y con algunos de los dirigentes administrativos que los tienen bajo su bota… draconiano. Hay unidades administrativas donde el terror laboral está a la orden del día. En algunos casos, los sindicatos han intentado -con escaso éxito- evitar o, cuando menos, paliar la práctica; en otros casos, han mirado para otro lado. Ahí la fiesta también va por barrios.

Un juicio sobre el accidente del Yak, más allá o más acá del fraude en las identificaciones, hubiera sido útil -además de para que se hiciera la justicia inherente- para poner en la picota una práctica administrativa tan común como indeseable que realizan o han realizado todos los partidos en el Gobierno, en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Y hubiera puesto en la picota -en la picota penal- como mínimo a Federico Trillo, el verdadero autor intelectual -ya que les gusta tanto esto de las autorías intelectuales– de lo que sucedió con el avión dichoso. Trillo se cubrió las espaldas primero con el fraude de las identificaciones, después, cuando el fraude salió a la luz, cesando a un montón de cargos militares y de defensa; y, por último, utilizando como cabezas de turco a un general, a un comandante y a un capitán, todos ellos médicos militares. Ya ves tú.

Cuando Luis Alejandro Sintes, a la sazón Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra fue cesado, se quejó amargamente de la deslealtad que había sufrido por parte de varios subordinados. Le respondí en una carta a «El Periódico» (me la publicaron y todo… ¡íntegra y literalmente!) diciéndole que para deslealtad la suya, que las lealtades van de abajo a arriba pero también -y antes que nada- de arriba a abajo. No abandonar jamás a sus soldados es un requerimiento previo para exigir de éstos lo propio; no va explícito, pero sí implícito, en el juramento, amiguete. Sintes abandonó a sus soldados simplemente por oportunismo político: tenía ojeado el JEMAD, la jefatura del Estado Mayor de la Defensa, y parece que tenía muchos números para ello. Traicionó la memoria de sus soldados y luego resultó que Trillo no le pagó las treinta monedas y, encima, lo arrojó a las tinieblas.

Es lo que tiene el trato con políticos.

——————–

Si lo que quiere Zap es alborotar el gallinero, hay que reconocerle una especial habilidad para ello, hasta tal punto que cabe preguntarse si lo que, a toda apariencia, son impremeditaciones y tontadas de progre tardío de mercadillo de segunda mano no se tratará de maniobras perfectamente calculadas para que el personal desvíe la atención sobre lo sustancial. Si es éste último el caso, mete también la pata creyendo que ha hecho humo de una fruslería, porque, en realidad, ha pinchado un nervio muy sensible.

Me refiero a dos cuestiones que van muy unidas: el aborto entre los 16 y los 18 años sin consentimiento ni conocimiento paterno, y la administración de la píldora del día después sin receta médica.

Sobre lo primero, he de decir que no entiendo por qué ni para qué existe el concepto civil de la mayoría de edad, si luego resulta que, en la realidad, la mayoría de edad apenas sirve para votar y para beber alcohol en público, puesto que muchas cosas que teóricamente sólo se podrían realizar a partir de ese momento, o ya vienen realizándose con anterioridad o no van a poder realizarse de todas formas. Con menos de dieciocho años se puede, por ejemplo, conducir un vehículo que puede matar y sobre el que se puede morir y con más de dieciocho años, por otro ejemplo, se sigue dependiendo de los padres porque no se tienen recursos (y quien paga, manda) así que ya me dirán qué mayoría de edad es esa.

Lo del aborto secreto es una abominación pero, en términos cronológicos, antes que una abominación es una cretinez y una manifestación de ignorancia supina. La excusa que dan para esa historia desde el ámbito de la ya más que lamentable ministra miembra es el caso de una menor embarazada que se encuentre con unos padres presuntamente cazurros que no le permitan abortar. Bien, aún admitiendo ese supuesto como tan extendido que pudiera justificar legislar imbecilidades, hay una cosa que la mayoría de la gente probablemente no sabe pero que un gobernante sí debería saber -y empiezo a pensar que no lo sabe tampoco-: para estas cosas, hay un ministerio fiscal. La mayoría de los ciudadanos no juristas puede creer que el fiscal es un señor que se dedica a intentar que a los criminales les condenen a cuantos más años de reclusión, mejor; pero un presidente del Gobierno no puede ignorar -además es licenciado en Derecho- que el ministerio fiscal está justa y precisamente para estas cosas, además de para lo que sabe todo el mundo. Una menor embarazada que quiere abortar y cree que su caso es de los que la ley autoriza para abortar y se encuentra con que sus padres se niegan, por pura cazurrería, a firmar los documentos que permitan ese aborto, va al juez, explica su caso y el juez, lógicamente, citará a los padres después de escuchar a la chica, los escuchará a ellos a su vez y oído el fiscal -que es el defensor por excelencia del interés público, del orden público, y este es un caso de orden público- actuará en consecuencia con la ley en la mano. Porque resulta que los padres, cazurrerías aparte, pueden tener sus razones: imaginemos que la chica padece una patología o una malformación que ella oculta deliberadamente, que asociada a un aborto pudiera verse agravada reportándole a la muchacha graves perjuicios para su salud o discapacitaciones acaso severas. Es una simple posibilidad y probablemente haya otros supuestos similares.

Lo de la píldora del día después es otra cosa, pero que nos lleva en parte a lo mismo: no sé de dónde han sacado que la píldora del día después no tiene efectos secundarios ni contraindicaciones, cuando todos los médicos de todos los ámbitos ideológicos dicen que sí que las tiene, y muchas, e importantes. La propia Organización Médica Colegial asegura que la administración indiscriminada de esa píldora sin indicación médica es un grave despropósito. ¿Corporativismo? Es posible, no lo excluyo, pero con todo el corporativismo que se quiera, me fío mucho más de la OMC que de Zap y su banda.

¿Qué pretende Zap con esto? Francamente no puedo entenderlo. ¿Seguir jugando al progre? ¿Qué culpa tendremos los españoles -más allá de la de haberle puesto ahí- que ese tío esté rabiando por no haber nacido diez, quince o veinte años antes, y no haber podido ser un progre con pedigrí, luchador antifranquista y tal? Si tiene traumas que vaya al psiquiatra, pero que deje tranquilos los problemas familiares de la gente, por graves que sean; en todo caso, tampoco va a ser él el que los va a resolver (cuando no sea él parte de la causa de esos problemas, ya que nos ponemos en estas…). Porque… no esperará el voto joven con paridas así ¿verdad? Bueno, cuidado, igual sí: una de las excusas para meter a la Sinde en el Gobierno fue la de atraer jóvenes. Precisamente la Sinde. Que santa Lucía le conserve las orejas, porque lo que es la vista… En todo caso, los jóvenes pueden ser inexpertos, incautos, tal que cervatillos, pero no gilipollas. Y los que son gilipollas no lo son por jóvenes: cuando tengan cincuenta años, seguirán siéndolo; se trata de una enfermedad crónica e incurable que, además, tiende a agravarse con el paso del tiempo.

Y esa sí que es una pandemia de las gordas.

——————–

Estaba yo preguntándome con qué cerraría la paella de hoy cuando, tachán, viene un juez y me lo pone a huevo: un padre condenado a un año de prisión porque grababa a su hija en el lavabo sospechando que padecía anorexia. Hay que especificar, además, que, en primer lugar, la chiquita padecía efectivamente bulimia; y, en segundo lugar, que esas grabaciones no fueron jamás ya no sivulgadas, sino ni siquiera conservadas, puesto que una vez vistas, el padre las destruía. Bueno, pues un año de prisión -si el hombre no tenía antecedentes no ingresará, menos mal- 3.000 euros de indemnización a la chica, otros tantos a la madre (están separados pero, en todo caso, me pregunto por qué habrá que indemnizar a la madre), más de mil euros de multa y -eso es lo peor de todo- cinco años de alejamiento. Esto -me importa tres cojones que lo haya decidido un juez- es arbitrario, es una atrocidad y es sencillamente inhumano.

Precisamente no hace mucho supimos de una madre condenada por darle un bofetón a su hijo y, entre otras gracias, se le imponía también un alejamiento, me parece que de un año; y el hijo era niño, no un adolescente que tiene ya una cierta capacidad de comprensión, de encaje de las adversidades y de sufrimiento. Un niño, sencillamente no entiende nada. Por no hablar de lo que podría llegar a culpabilizarse el chaval del drama que le ha caído encima a la familia. Felizmente, la madre fue indultada, pero esa no es la cuestión: la cuestión es que la normativa que permite esas barbaridades sigue vigente y el caso podría repetirse.

Lo que ha ocurrido con ese padre de Balaguer (Lleida) al que me refería en el primer párrafo, no es exactamente lo mismo, pero tiene la misma etiología: la inflexibilidad de unos jueces que parecen no darse cuenta de que para interpretar la ley en su estricto y exacto rigor, no hacen ninguna falta: con un ordenador ya es suficiente; y, como dije una vez, incluso equipado con Window$ podría funcionar, porque, para obtener estos resultados, la tarea no es muy complicada.

Tenemos jueces para que haya una visión humana en la interpretación de la ley, de los hechos y de la conexión entre ambos. Es verdad que no se puede instalar una cámara oculta en un lugar que, como un lavabo o un vestuario, deben ser objeto de culto a la privacidad; es verdad que el derecho a la intimidad es para todos los ciudadanos, cualquiera que sea su edad. Pero hay unos límites que la ley no indica porque, entre que tenemos los legisladores que tenemos y que, en fin, el simple ejercicio de la razón se supone que debiera hacerlos aflorar, no deberían sobrepasarse. El hombre ahora condenado no hacía sino cumplir con su deber de padre intentando averiguar si su hija padece una enfermedad (una enfermedad parte de cuyas características consisten, precisamente en su ocultación sistemática y en el despliegue de una gran habilidad para hacerlo); y, encima, realmente la hija padecía tal enfermedad. El estricto sentido de la ley establece que la simple instalación de la cámara en el lavabo ya es causa delictiva pero, hombre, el padre, como he dicho, no sólo no divulgó las filmaciones sino que ni siquiera conservó, una vez vistas, los archivos que las contenían (podía haberlo hecho para enfrentarlas a su hija en la negativa de ésta a reconocer la existencia de su problema).

Y a un hombre que acredita tanta atención por la salud de su hija, cuya actitud es tan indicadora de cariño y de solicitud paternal, se le condena a cinco años de alejamiento. Esto es horrible. Esto es espantoso. Es inhumano. Es cruel. Es, simplemente, abominable. Deberían abrirse diligencias contra el juez que ha dictado esa sentencia en la misma medida y con la misma razón que las que se tomaron contra el dichoso Calamita (el que congeló el expediente de adopción de la pareja de lesbianas… entre otros despropósitos anteriores).

Porque con jueces así -como si no tuviéramos bastante con unos políticos y con unos legisladores de verdadero asco- la seguridad jurídica y, lo que es más importante, la seguridad moral de este país, se van a la mismísima mierda irremediablemente.

Esto es un perfecto manicomio. O algo aún peor.

——————–

Misión cumplida en este jueves 21 que inicia la cuenta atrás en el camino hacia el verano, para la llegada del cual ya falta desde hoy menos de un mes. Para mí, que odio el calor, no es una buena noticia, pero es lo que hay.

El próximo será 28, último de mes. Pero entre ambos jueves habrán sucedido cosas apasionantes que van a dar lugar a muchos bits en esta bitácora: de paella y de lo que no es paella.

Por allá nos vemos.

Anuncios
Both comments and trackbacks are currently closed.

Comentarios

  • Jordi  On 21/05/2009 at .

    Javier, me encantaría leer la carta que le enviaste al JEME.

    Una paella magnífica, una vez más.

  • Javier Cuchí  On 21/05/2009 at .

    No la envié al JEME, la envié a «El Periódico». Creo que la tengo por ahí digitalizada. Te la busco.

  • Monsignore  On 21/05/2009 at .

    Pues la de zetapé es la misma enfermedad que ya aquejaba a González (ohimé, que entre Ánsar y este aún tendremos que acabar echando de menos a Felipe), y se llama progresismo de sillón. Semos los más enrollaos, aprobamos el matrimonio homosexual, el aborto a los dieciséis (que -dicho sea de paso – no me parece tan mal; lo que me jode es que, en bastantes casos, no debería de ser gratuito) ministras casi tan impresentables como sus homólogos masculinos, pasen y vean, leidis an gentlemen.

    Y así, con un poco de suerte, el respetable no se da cuenta de que, en medio de una crisis a la grande colloni, la banca y las grandes empresas siguen teniendo beneficios récord.

    Triles, se llama a ese juego. Y, como en todos los juegos, siempre gana la banca.

  • A  On 21/05/2009 at .

    Yo apuntaría otra cuestión interesante que se podría plantear con el asunto “Yak”… y con muchos otros. ¿Los políticos nunca son responsables de nada? Porque la verdad es que lo parece.

    En cuanto a todo lo demás, sólo puedo decir amén. Gracias Javier.

A %d blogueros les gusta esto: