Justicia y TIC

De la serie: Correo ordinario

Leía ayer un lúcido artículo de Ramón Llena (Jueces para la Democracia) en el que diagnostica la obsolescencia de la administración española de Justicia -ciertamente dramática y a todas luces insufrible-, obsolescencia que basa fundamentalmente en tres factores a cual más cutre: organización, planta y legislación. No voy a efectuar su descripción completa, ya que no intento escribir un artículo propiamente jurídico: baste decir que tanto la legislación procesal, como la estructura territorial, como la organización vertical del sistema judicial responde netamente -pese a más de un siglo de parches- a un sistema decimonónico. Como la mentalidad -también hay que decirlo- de no pocos de sus miembros.

Lo que me llama la atención del artículo del juez Llena es esa alusión -que no hace, pero que insinúa- de la informatización -miserable, mezquina- que se está implantando en la administración de Justicia, efectuada con aquella vieja mentalidad -que aún perdura en no pocas PYMEs, ojo- de que introducir las TIC en la empresa consiste en ponerle un ordenador a la secretaria. Y conociendo a tantísima gente de la sociedad corriente y cotidiana que proyecta su ignorancia tecnológica en una pose tecnofóbica de la que se autoubica en un supuesto plano superior: yo, de ordenadores, no entiendo, como si esta ignorancia, en vez de constituir una severa carencia constituyera un signo externo de pertenencia a una hipotética clase intelectual privilegiada, al modo de como la nobleza antigua rechazaba cualquier tipo de arte u oficio manual y se jactaba de ello, imagino que este patético fenómeno debe multiplicar sus proporciones en el mundo, tan encastado, tan mohoso, de la judicatura. De modo que donde hay escasa voluntad política (es decir, poca fuerza emisora) aún escasea más la exigencia institucional (o sea, nula ansia receptora).

Porque, además, la tecnología en las administraciones públicas -incluyendo en este caso, pese a su particularidad, a la administración de Justicia- es una cuestión con pluses de complejidad, porque las administraciones públicas deben sujetar su actuación a normas de procedimiento muy estrictas. Las normas de procedimientos muy estrictas (que ahora veremos que no quiere decir automáticamente inflexibles) no son -o no deberían ser- un fenómeno de burocratización gratuita, como frecuentemente percibe -y no siempre con razón- el ciudadano obligado a pasar por ellas, sino una garantía de los derechos individuales del ciudadano frente a la potencia brutal de la propia administración, por una parte, y un modo de control y de fiscalización de los actos y disposiciones de esa administración, es decir, un sistema de garantías juridico-políticas, de servicio a los intereses generales.

Esto hace que la informatización de las administraciones públicas deba someter sus procesos y sus protocolos a la normativa procedimental pero obliga, al mismo tiempo, a que la norma procedimental se promulgue teniendo muy en cuenta la realidad tecnológica de la sociedad y los recursos presentes y razonablemente predecibles en el futuro de las propias administraciones. Es decir, que la labor legislativa debe ir estrechamente entrelazada con la consultoría de sistemas (y/o viceversa, como se quiera); ni se puede legislar ignorando la tecnología, ni se pueden diseñar redes, flujos ni protocolos ignorando una normativa que establece plazos, formas, notificaciones, etcétera. Cuando la legislación y la normativa van cada cual por su lado, ignorándose mutuamente, acontece el desastre porque ambas se anulan mutuamente o, cuando menos, rompen la una a la otra toda la eficiencia que originariamente pudieran suponer.

Llenar la administración de Justicia de ordenadores así, a saco, no supone sino llenarla de máquinas de escribir que hacen más cosas, pero poco más. Y, aunque en medida no tan acusada, podría decirse lo mismo de no pocas administraciones públicas. Estoy impaciente por ver cómo funcionará, el 2 de enero de 2010 -dentro de casi nada más de un par de meses- las fastuosa Ley 11/2007, la LAECSP, y que le contestarán muchas administraciones -estatal o autonómicas, las municipales tienen bula para retrarsarse un poco o un mucho- al ciudadano que pretenda efectuar digitalmente unos cuantos procedimientos que yo me sé. Teóricamente, un ciudadano provisto de firma electrónica certificada, debería poder hacerlo todo menos el servicio militar (y aún, si se me apura…) sin levantar el culo de la silla de su casa o de su despacho. Pero una cosa es predicar en el BOE y otra dar trigo digital.

En el caso de la administración de Justicia (que, anticipo, no está afectada por la LAECSP y así nos va a lucir el pelo) ni siquiera se conoce la firma digital; no se conoce en lo tecnológico, desde luego, pero aún estaría por ver si las polvorientas leyes de enjuiciamiento las admitirían; espero que, aunque sea a costa de retorcerlas un poco, sí sea posible, pero el problema es que quienes deben retorcerlas son precisamente los jueces, que no parecen estar mucho por la labor, en términos generales. Con lo bien que se vive entre montañas de papel, sumarios de cinco mil folios (y no es nada del otro jueves) y miles de ácaros bailando la jota en los pliegues de la toga.

Lo que me pregunto es si, tras este abandono de la justicia a las postrimerías del siglo XIX, se esconde, simplemente, el desinterés y el analfabetismo TIC de los políticos (ampliamente acreditados ambos) o hay algo más siniestro. Una administración de Justicia bien informada (información no es lo mismo que informatización, sino una consecuencia de ésta) es una administración de Justicia más independiente, y una Justicia más independiente es un mayor obstáculo al ejercicio despótico del poder. Porque obsérvese (véase, si no, el caso Sitel) que cuando se trata del ejercicio despótico y antidemocrático del poder, la cultura tecnológica de los políticos se eleva a la enésima potencia en cuestión de minutos. De pronto, es objeto del mayor interés. Vaya, vaya…

Reflexiones como la de Ramón Llena son interesantes y necesarias, pero uno tiene la percepción de que hay pocos magistrados con esta visión y quizá más grave aún es que la mayoría no es que se oponga a lo que propugna llena sino que, en lo que a la parte tecnológica se refiere, le importa un pito.

El si funciona, no lo toques es un principio muy discutible en términos de progreso, pero lo verdaderamente malo viene cuando lo que no hay que tocar encima no funciona.

Quosque tandem?, como tengo que decir demasiadas veces.

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