Golpe [in]constitucional

De la serie: Correo ordinario

La contemplación de los dichos y hechos de nuestra infecta clase política llevan a sostener pocas esperanzas respecto a la barbaridad que el Gobierno está empeñado en cometer con la aquiescencia de los grandes partidos de la oposición (sobre todo PP y CiU), y estamos a la espera de ver qué hacen los demás.

No caben muchas esperanzas cuando, además, las sesiones parlamentarias de la subcomisión del Congreso que estudiará la disposición adicional conflictiva del anteproyecto de Ley de economía sostenible ya nacen amañadas y mientras el enemigo intervendrá reiteradamente, porque acuden a las sesiones no solamente todas las entidades de gestión de derechos de autor, sino incluso asociaciones que agrupan a varias de ellas, de modo que éstas intervendrán por partida doble: una con voz propia y otra representadas; lo mismo cabe decir de la industria del ocio e ídem de la industria electrónica. Horas y horas de declaraciones ante los diputados mientras que la ciudadanía pura y simple tendrá tres valedores: Enrique Dans, eXgae y CECU. Las ausencias -en cantidad y en calidad- son clamorosas y aún menos mal que eXgae, integrada en la plataforma Red SOStenible, dará algo de voz a ésta, aunque eXgae ha sido llamada no tanto por internauta sino por agrupar a autores no alineados en las sociedades de gestión y tendrá, lógicamente, que utilizar buena parte de su tiempo en llevar la voz de sus propios y concretos representados. CECU es una asociación de consumidores muy respetable, pero no ha destacado espectacularmente por su defensa de los derechos en red (mucho más apropiada hubiera sido, por ejemplo, FACUA, que se ha mojado muchísimo más y con muchísima mayor frecuencia en favor de los derechos cívicos en el ámbito digital). Enrique Dans, por su parte -y, personalmente, confío en él plenamente- representa un amplio espectro de sensibilidades -hablo de sensibilidades, no de personas: hay que tener cuidado cuando se habla de representatividades en la red- pero tampoco a todas las sensibilidades, como es lógico, porque las hay contrapuestas y no puede defenderse simultáneamente una misma opción y su contraria. Por tanto, la representación cívica queda clara y premeditada y alevosa y desproporcionadamente coja. Así las gastan nuestras señoras y señores diputados. Vaya tropa.

Y eso que la disposición adicional primera del anteproyecto de LES es un golpe inaudito al sistema constitucional, el más grave después del 23-F (y esperemos, aunque no confiamos, que acabe como éste). Se lo decía a Joan Herrera en la reunión que tuvimos anteayer al mediodía diversos miembros de Red SOStenible con el citado diputado y con varios miembros de ICV: hablar de propiedad intelectual en el contexto de la disposición adicional primera de la LES no es más que un enmascaramiento, es una pura y dura cortina de humo. Lo cierto es que esta dispisición supone una ruptura del ordenamiento constitucional que constituye una ruptura -inédita hasta hoy- de la norma básica, de la norma en que se fundamenta toda la estructura jurídica, política, económica y social del país, una verdadera subversión del orden establecido hace treinta años. Estamos hablando de que se rompe la baraja, precisamente en el momento en que la desafección ciudadana hacia el sistema es más que notoria y en el momento en que amplios sectores de la ciudadanía (ya no sólo desde la izquierda extraparlamentaria), en que en el seno de millones de familias corrientes y molientes se está planteando -con respuesta frecuentemente negativa- si la morfología democrática que hay hoy en España está funcionando, si es verdaderamente representativa y si está repsondiendo a los anhelos, necesidades y exigencias del común de los ciudadanos, de su mayoría tan aplastante que se aproxima a la unanimidad.

Este es el contexto correcto y no si Rosario Flores pasa hambre.

La mofa y befa que se hace, además, del poder judicial, no tiene otro calificativo que el de escalofriante: obligar a un juez a que estampe acríticamente su firma en un acto de clara y patente censura, sin que se le permita entrar en el fondo de la cuestión. Mofa y befa del concepto de los derechos fundamentales, añadiendo a los restrictivos cuatro supuestos que establece la LSSI como únicos motivos que permiten cerrar una página web un quinto sacado de la manga: la protección de los derechos de propiedad intelectual.

Hay un pequeño, casi microscópico resquicio de esperanza: el artículo publicado anteayer en EcoDiario por Francisco José Navarro, magistrado de la Audiencia Nacional, supone una voz de protesta (muy dura y bastante airada) sobre este intento. Si esa voz es mínimamente representativa de lo que piensa el conjunto de jueces de la AN, podríamos estar -más o menos- salvados.

Pese a la circunspección formal que envuelve el artículo del juez Navarro, hay expresiones que, precisamente por estar incardinadas en esa circunspección, resultan adicionalmente duras, toda vez que intrínsecamente son tremendas. Veamos algunas (las negritas pertenecen al artículo original):

«[…] Se atribuye a la Comisión una competencia exorbitante que permite sacrificar un derecho fundamental -uno de los consagrados en el artículo 20 de la Constitución, como la libertad de expresión o de información- para que prevalezca otro derecho de menor rango que éstos, el de propiedad intelectual».

«[…] Están ausentes elementales garantías jurídicas. Basta citar dos, entre las clamorosas: la tipicidad, tanto de las conductas infractoras como de las sanciones que les corresponden; y, sobre todo, la presunción de inocencia, con la que el proyecto arrambla abruptamente, vista la facilidad de ejecución de la medida, antes de que pueda articularse seriamente la más mínima defensa jurídica contra ella».

«[…] Se puede ejecutar sin miramientos una sanción antes de que un Tribunal de Justicia tenga oportunidad de examinar si proceden medidas cautelares frente a ella, tal como el Tribunal Constitucional preceptúa, sin que tal garantía pueda ser reemplazada por esa especie de interdicto que no parece diseñado para que el juez pueda impedir la efectividad inmediata de la medida ante la sospecha de su ilegalidad […]».

«[…] Se priva al juez civil de una competencia natural suya, concebida en garantía de los ciudadanos, por una pseudogarantía que sólo de forma tardía, limitada y pro forma desemboca en el control judicial, que parece pensado como coartada para acallar las voces críticas que denunciaron el asombroso parecido de los cierres de páginas web con el secuestro de publicaciones, que sólo el juez, por mandato constitucional, podía acordar (art. 20.5 CE)».

«[…] Es inexplicable que se instaure un procedimiento exprés de cuatro días, lo que no sucede ni siquiera en materia de derechos fundamentales, para amparar un derecho que no es fundamental, pese a algún lapsus linguae de quien, por su cargo, no debería incurrir en ellos».

Tal cual.

La evidente inconstitucionalidad de esta disposición adicional primera debería pronosticar su inaplicación absoluta desde el primer momento de su promulgación, pero todo parece indicar que no va a ser así. Ningún partido parlamentario va a impugnarla (lo que llevaría a su efecto suspensivo). La impugnación quedará a cargo de la sociedad civil y de los afectados por actos administrativos ejecutados de acuerdo con lo dispuesto por dicha norma, con lo que hasta que se obtenga una sentencia del Constitucional (y si, mientras tanto, no adolece el Constitucional un estreñimiento resolutorio, como parece que le pasa con el Estatut catalán, que haga la cuestión eterna), la libertad de expresión puede quedar exangüe. Y eso, en fin, suponiendo que el Tribunal Constitucional sea, para entonces, digno de cierta confianza, cosa que hoy mismo no puede decirse.

Se va a hacer largo todo el trámite de ese engendro legal liberticida, sobre todo porque, en el ínterin, se va a ir lacerando el trasero del ciudadano con otras brutalidades, como esta de hoy, de retrasar dos años la edad de la jubilación; no hay dinero para pensiones, pero sí para sacar a los bancos del pozo en que se/nos metieron ellos solitos. Y la patronal de la especulación inmobiliaria pidiendo descaradamente la intervención del ICO para evitar su hundimiento (lo que hace prever que, al final, intervendrá el ICO). Y esto con un gobierno… bueno… ejem… socialista. Manda huevos.

Pese a todo, pese a las menguadas posibilidades de éxito, con un Gobierno entrgado sin reservas e indisimuladamente a intereses particulares, minoritarios y espúreos, no vamos a dejar de luchar. La disposición adicional primera saldrá adelante o no, esto está por ver, pero en todo caso los ciudadanos estamos más dispuestos que nunca a que la factura que tengan que pagar por ese desafuero -nunca mejor dicho- sea elevada. Porque es nuestra única esperanza para el futuro (en la red y fuera de ella): que perciban con severas laceraciones el cabreo monumental que llevamos todos encima. Porque si no es así, seremos, encima, acreedores a todo lo que nos pase.

Sustituir lo que queremos por lo que toleremos no es más que el camino al desastre.

Tanto los comentarios como las referencias están actualmente cerrados.

Comentarios

  • Jordi  El 29/01/2010 a las .

    Esto tiene que acabar en el Constitucional a la décima de segundo de publicarse en el BOE.

A %d blogueros les gusta esto: