Poder «esgaesco»

De la serie: Correo ordinario

Hace ya días que vengo conteniéndome con el asunto de la ya muy conocida sentencia del Tribunal Supremo en el caso Quejasonline.com, hasta que anoche vi una entrada del Defensor del Internauta en la página de la AI al respecto.

Vaya por delante -esto es esencial- que Quejasonline.com cuenta con todos mis parabienes por este éxito y que éste no despierta en mí la menor envidia destructiva en su comparación con nuestro «caso putaSGAE». A ellos les ha ido mucho mejor que a nosotros y no siento sino alegría por que se hayan librado de este marrón.

Pero, claro, aquí hay cosas que no cuadran. Resulta que la cuestión es esencialmente la misma en ambos casos; pero mientras que a Quejasonline.com se le concede el beneficio de la duda en la interpretación de su presunta obligación (o no) de conocer la ilegalidad de los hechos de terceros por los cuales son imputados y a la Asociación de Internautas, no. Ni siquiera operó en nuestro favor el hecho de que algunas de las supuestas injurias alojadas en nuestros servidores viniera reproducida en un periódico («La Nueva España») que ni antes ni después del largo procedimiento con la la AI fue molestado por sus expresiones, como así se reconoció no sé si en una o en dos sentencias. Para más descuadraturas -que hay varias- me remito al enlace a la página de la AI del primer párrafo.

Así las cosas, es inevitable pensar que en España la Justicia hace trajes a medida. Las dos sentencias contrarias en primera instancia y en Audiencia, nos sentaron mal, evidentemente, pero las tomamos como el resultado de la ignorancia digital y de los prejuicios técnico-legales de los jueces locales, intelectualmente incapaces de asumir los efectos de una normativa que no les cuadra y más no habiendo sido producida en España, empecinados, en cambio, en aplicar a toda costa la tradicional -y a estos efectos obsoleta- normativa de prensa e imprenta, que va la mar de bien para los acróbatas del alguien -no importa quién sea- tiene que pagar. Hace cosa de un par de años, tuvimos la confirmación de que nuestra idea estaba en el buen camino cuando el fiscal del Tribunal Supremo solicitó en un informe que se elevara al Tribunal de Justicia de la UE la interpretación de la directiva que subyace en el fondo de la cuestión (algo parecido a lo que se ha hecho en la Audiencia Provincial de Barcelona en el «caso Traxtore», con tan satisfactorio resultado). Pero, de pronto (y sin que sepamos por qué, aunque la imaginación es libre), donde dije digo digo Diego y el buen rumbo que, por fin, parecía que tomaba la cuestión se torció y la cosa llegó a la sentencia ya por todos conocida que se dictó inmediatamente antes de las semanas navideñas. Sospechoso hasta erizar los mismísimos pelos del culo.

La falta de coherencia en las sentencias de dos casos similares es el efecto más destructivo que pueda imaginarse para la seguridad jurídica de un país. Si con la sentencia del «caso putaSGAE», los proveedores de servicios pudieron alarmarse, y mucho, ante la responsabilidad que esa sentencia podía echarles encima, la sentencia del «caso Quejasonline» los sumirá, con toda probabilidad, en el más negro desconcierto. Porque, sencillamente, deja de haber reglas y ese «Dodge, ciudad sin ley» que tanto les gusta algunos atribuir a Internet, se tralada a la vida jurídica y legal española: el problema ya no es que tus clientes insulten o digan o hagan trapazadas usando los servicios que pones a su disposición; el problema, según todos los indicios, reside en quién es la víctima del insulto o de la trapazada. Si es una mutua aseguradora, bien, la cosa puede salir barata o incluso gratis; si es una entidad de gestión de derechos peseteros de autor, oído al parche, que eso las altas togas supremas lo cotizan muchísimo. Eso es lo más hermoso que puedes hacerle a cualquier tráfico mercantil, civil o, en definitiva, social: quitarle la red de la seguridad jurídica. Apaga y vámonos, macho, que hay países más serios en los que la ley puede ser mejor o peor, favorecer más a unos o a otros pero, una vez promulgada, se aplica igual a todo el mundo (o, por lo menos, a todo el mundo al que se le aplica).

No deberá sorprender, en estas circunstancias, que la Asociación de Internautas haya decidido acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque, aparte de que estamos en un punto en el que el asunto ya es plenamente la interpretación de una directiva europea, sin más, pasar primero por el Tribunal Constitucional sería probablemente una pérdida de tiempo y de recursos. La Justicia española, desgraciadamente, no es fiable -como hemos podido comprobar a nuestras propias expensas- y, en lo referente al Constitucional, basta ir viendo la actualidad de los últimos meses para darse cuenta de que, por ese lado, no hay nada que hacer.

¿Existe la plena seguridad de que el Tribunal europeo desfaga el entuerto? En realidad, nada es plenamente seguro en el mundo de los procedimientos judiciales, ni en España ni en ninguna otra parte del mundo. En pura racionalidad, deberíamos estar seguros de que sí, de que el Tribunal europeo atenderá nuestras razones. Por el fuero y por el huebo. No solamente porque la Directiva 2000/31/CE exime de toda responsabilidad al proveedor de servicios por los contenidos de terceros más allá de toda duda e interpretación, sino porque la menor flexibilización en esa exención de responsabilidad puede suponer el varapalo más enorme que pudiera propinársele a la tecnología europea al poner en riesgo a las empresas de proveedores de servicios digitales. En otras palabras: cambiar el ancho de vía europeo y hacerlo distinto al del resto del mundo; establecer una decisiva desventaja competitiva frente a los Estados Unidos y las economías asiáticas y americanas emergentes que, lógicamente, canalizan hacia la tecnología sus más importantes esfuerzos. Pero después de lo visto en España y de lo largos que tiene los tentáculos cierta gente, mejor no fiarse demasiado de nada.

En cualquier caso, parece meridianamente claro que, una vez terminada la parte judicial de esta guerra -para bien o para mal- habrá que volcarse en que los poderes públicos afronten de una vez cómo se ha llegado a esta situación de inmenso, desproporcionado e improcedente poder de las sociedades de gestión de derechos de autor. Algo que debiera ser un híbrido entre un colegio profesional y un sindicato, ha devenido, por artes en las que es preferible ni pensar, en una especie de hidra cuyos tentáculos alcanzan a las más lejanas y encumbradas instancias. Tienen en sus manos gobiernos y parlamentos, y logran trajes a medida por parte de los jueces. Y, por otra parte, parece que estas entidades se han constituido en una suerte de sociedades de inversión, mobiliarias e inmobiliarias, cuyos efectos y acciones van mucho más allá de los objetivos para los cuales fueron creadas y por lo que se les dieron importantes prebendas recaudatorias por mor de leyes fabricadas -ahí sí, seguro- a su perfecta medida, redactadas por ellos mismos, incluso.

Esto es algo que, claramente, no puede tolerar un estado democrático ya bastante saturadito, de por sí, de poderes fácticos y es algo que -no será fácil- tendremos que conseguir a la larga: que el papel, el encaje legal y el volumen de las sociedades de gestión de derechos de autor entren en las campañas electorales. Parece una misión imposible, pero basta ver dónde estábamos hace siete años, cuando empezó la guerra del canon, y dónde estamos ahora para adquirir consciencia clara de nuestra propia fuerza como internautas y como ciudadanos.

Ponerse a ello será, en su momento, imperativo.

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