A misas pagadas

De la serie: Rugidos

Ya les vale. Ya le vale, en primer lugar a la justicia española: diez años para resolver un despido. Sí, es verdad que el asunto ha llegado al Constitucional pero, aún así, diez años es pasarse diez pueblos. Para estas cosas, para los derechos de los ciudadanos, sí que no hay leyes Sinde que agilicen el proceso judicial (supuesto y no admitido que la Ley Sinde agilice el proceso judicial: lo que hace es fulminarlo, que no es lo mismo).

Ya le vale, en segundo lugar a la Conferencia Episcopal, pero a estos, como si bailas.

Ya nos vale a todos la mierda de estado laico –aconfesional, dice la Constitución, y ya me explicarán la diferencia- que dicen que tenemos en este país. Y eso con veintiún años, entre Felipito y Zapatilla, de gobiernos de izquierdas. Valiente izquierda de infusión de castañas pilongas… y todavía hay pardillos que se lo creen y hasta van a votarles creyendo que están asaltando el Palacio de Invierno. Lo único que asaltan es el estado del bienestar y los derechos básicos de la ciudadanía, porque otra cosa…

El Gobierno de UCD nos la metió doblada con un concordato claramente inconstitucional que se firmó deprisa y corriendo apenas unas horas antes de que la Constitución de 1978 fuese publicada en el BOE, por lo que, pese a haber sido ya aprobada por las Cortes y aprobada asimismo en referéndum por los españoles, aún no estaba formalmente en vigor. Un fraude de los gordos, sólo superado por la que nos ha montado el sistema financiero con esto de ahora, pero sin mucha diferencia, no vaya nadie a creer… Un concordato con el que se pagaban a la Iglesia Católica sus muy importantes servicios en favor de la transición -por aquel entonces, la Iglesia era un poder fáctico aún mucho mayor que ahora, que no es manca- y se pagaban caros: la Iglesia es mucho peor que la $GAE y llevamos treinta y dos años -más lo que te rondaré, morena- pagando este oneroso canon: más de 6.000 millones de euros anuales, es decir, un billón -con «b» de «barbaridad»- de las viejas (cifras de 2010). Una verdadera atrocidad, porque esto quiere decir que todos y cada uno de los españoles -hombres, mujeres, niños, ancianos y militares sin graduación- le regalamos al papa 10 (diez) euros al mes más otros 7 y 60 céntimos para felicitarle la Navidad. En mi familia (4 personas) eso representa 40 euros mensuales más otros 30 anuales de propina o, si se quiere, casi 511 euros al año. A muchas familias del volumen de la mía, a muchísimas, esos 511 euros les sacarían de algún apuro gordo. Y eso, en términos igualitarios: con cuatro millones y mucho pico de parados y el país abarrotado de mileuristas, seguro que mi familia, concretamente mi familia, pagamos mucho más que eso. Para que, encima, tenga que pagarles por ver no pocos monumentos que, más encima todavía, son míos, pertenecen al patrimonio cultural nacional (en términos conceptuales, no institucionales, aunque también en éstos deberían integrarse).

Pero no es solamente una cuestión de pasta, no siendo ésta moco de pavo. De este dinero, salen 600 millones de euros con los que se paga otra cosa alucinante, inaudita e increíble: instructores de religión católica en la enseñanza pública. ¿Y quieres saber algo más alucinante y más increíble aún? Pues que estos instructores están fuera de las estructuras del profesorado de centros públicos y son contratados y despedidos, a su unilateral gusto y ganas, por la jerarquía eclesiástica. Por el obispo, para entendernos.

Ahí enlazamos con el principio: en 2001, una señora, miembro de este estrambótico cuerpo docente, fue despedida del mismo por el obispado de Almería a causa de haber contraído matrimonio civil con un señor que estaba divorciado. Es decir, por haber llevado a cabo unos actos perfectamente acordes con la ley y con el orden civil, pero que no cuadran a la visión episcopal de la doctrina católica. Finalmente, tras 11 años -en los que se ha tragado igualmente el despido, porque ya me dirás de qué ha vivido-, el Tribunal Constitucional le ha dado la razón y el correspondiente juzgado de lo Social de Almería deberá resolver de nuevo a la luz de esta jurisprudencia del Constitucional, lo que con casi toda seguridad derivará en una sentencia declarando nulo el despido. Ya que estamos en el asunto, a ver, por cierto, quién va a pagar los salarios de tramitación de esta señora, las costas y las indemnizaciones que, después de once años, verás tú lo baratito que va a salir todo. Preparemos la cartera, que seguro que acabamos pagando nosotros. Como siempre.

Para mayor escarnio -un escarnio horrendo, gordísimo- esa señora -que, por otro lado, tampoco me da ni pena ni alegría- ejercía su actividad de propagandista católica en un colegio público denominado Ferrer Guardia. De traca.

Urge, por muchísimas razones, un cambio constitucional, un cambio a fondo. Y una de las razones es esta. Hay que acabar con ese concordato costosísimo e injusto, injusto hasta lo indigno y, por ende, lo indignante. No hay ningún país (ni siquiera Italia, que también son de mucho cura y mucha misa) en el que pase esto, algo que sólo encuentra símil en las dictaduras teocráticas islámicas. Esto es una aberración absolutamente impropia de un estado moderno y hay que terminar con ella de manera urgente y perentoria. Hay que acabar con esa posición privilegiada de la Iglesia Católica (diría que de cualquier confesión, pero es que no hay ninguna que se aproxime ni remotamente a la barbaridad papista) y no sólo en lo económico: la enseñanza religiosa debe desaparecer -igual que los signos- de la esfera pública. De una vez por todas.

El que quiera misas, tiene todo su derecho a ellas: pero que se las pague.

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Comentarios

  • Jordi  On 20/04/2011 at .

    Esta NO es mi Iglesia.

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