Con la boina hasta las cejas

De la serie: La cueva del burócrata

Ayer empezó a circular la lista de los municipios catalanes más endeudados, que hoy publica «El Periódico», adjudicándoles un porcentaje poniendo en relación deuda con presupuesto y facturas adeudadas, de donde un municipio endeudado en un 100 por 100 significaría que debe su entero presupuesto de un año (en cantidades del corriente ejercicio, imagino).

Las proporciones asustan: La Fuliola, en la comarca del Urgell, el primero de la lista, tiene una deuda equivalente a tres ejercicios presupuestarios como el actual. Moià (comarca del Bages) que fue el primer municipio que levantó este verano la liebre de un endeudamiento brutal (25 millones de euros para poco más de 5.000 habitantes) está en noveno lugar con el 188%, casi dos presupuestos. Los últimos de la fila son los afortunados que están en el 100%, es decir, los que deben solamente un presupuesto enterito.

Los casos de más arriba recuerdan un poco a los desahuciados sin derecho a dación en pago: uno se pregunta de dónde van a sacar 5.000 ciudadanos comunes y corrientes recursos para quitarse de encima una losa de 25 millones de euros, que representan más de 4.000 millones de las viejas, es decir alguito menos de un millón de pesetas por habitante; en otras palabras, imaginaos la cantidad de deuda que tiene que asumir una familia moianesa de cuatro personas. Bien, la cosa ni es tan fácil ni es tan mala (siéndolo mucho, ojo): Moià puede llegar a tener una población de derecho en los meses veraniegos de 15.000 habitantes, habitantes que se alojan en algún sitio que paga, cuando menos, IBI. Eso alivia, desde luego, pero no resuelve. Otros pueblos tendrán otro género de recurso (como el de plantar marihuana, por ejemplo).

¿Cómo se ha llegado a esto? Pues por dos razones alternativas o acumulativas, según el caso: o por ignorancia supina o por pura y simple corrupción. Sobre la corrupción, poco hay que hablar que no se haya dicho ya: esta lista (y los que no están en la lista por padecer deudas menos espectaculares, no cual no quiere decir que sean pequeñas) demuestra que en Cataluña no se ha tirado de la manta como se ha hecho en Baleares, en Valencia o en Andalucía (y aún así, en estas tres regiones no se ha hecho completamente) porque, como dice un comentarista habitual de este blog, si se hiciera no habría bastante dinero en las arcas del Estado para construir la cantidad de cárceles que haría falta; y más de un partido político tendría que buscar dirigentes poniendo anuncios en el periódico.

Sin embargo, se me antoja que, siendo la corrupción un agujero enorme, es aún mayor el de la ignorancia, el problema de que una colección de catetos acceda en un momento y lugar determinado a una poltrona que permite autoasignarse el sueldo, contratar personal y, sobre todo, meter mano en la cuestión urbanística. Esto ya lo había dicho yo en este mismo espacio, pero es que ahora lo leo también en un medio común: Saül Gordillo clama por Keynes y por la profesionalización que aportan los funcionarios. Es lo que se dice acordarse de Santa Bárbara cuando truena: precisamente ahora que se están poniendo en la calle laborales públicos y que las plantillas funcionariales están congeladas (lo que quiere decir en retroceso puesto que no se cubren jubilaciones, ni defunciones, ni excedencias).

Me sabe mal tener que decir esto, precisamente yo, que toda mi vida he sido un firme partidario de la autonomía municipal, pero las poblaciones de pequeño tamaño, digamos, de diez mil habitantes para abajo, tendrían que ser tuteladas e intervenidas. En diferentes grados, por supuesto: a un ayuntamiento de 10.000 habitantes bastaría con vigilarlo superficialmente teniendo ojo con sus planes de urbanismo (y toda la cagarela inherente: recalificaciones, compras, expropiaciones, etc.), los sueldos de sus poncios y la transparencia en la adjudicación de puestos de trabajo; los de 500 habitantes, en cambio, prácticamente casi no deberían tener ni alcalde: una comisión de secretarios-interventores de ámbito comarcal, incardinados en la diputación o en la comunidad autónoma y, hala, a pasar todos por la piedra, manos arriba y con las cuentas entre los dientes (antes de su aprobación y ejecución, por supuesto).

De hecho, el tema de la profesionalización es un problema a nivel general, no sólo municipal y no sólo de bajo ámbito. Realmente, los políticos penetran a demasiada profundidad en las administraciones públicas. En todas las administraciones públicas, hasta el punto de ocupar puestos que tienen mucho más de técnico que de político. Ojo, que no estoy cargando contra los políticos (aunque razones para ello las tengo sobradas): también sé lo que sucede en una administración (porque lo he visto en mi área de trabajo) cuando falta el impulso de un proyecto político, y eso tampoco es bueno. El punto óptimo es que cada cual esté en su lugar: el político señalando objetivos y directrices generales y los profesionales de la administración pública, es decir, los funcionarios, señalando las directrices técnicas y ejecutando. Cuando el funcionario se mete a político o -mucho más frecuentemente- cuando el político se mete a funcionario, es cuando llega el desastre.

Este tipo de temas son muy peliagudos, sobre todo en un país en el que cuando se habla de reformar las administraciones públicas siempre se acaba la cosa en quitar o añadir a los funcionarios uno o dos moscosos o a cambiar las codificaciones de sus grados. Mientras tanto, nadie parece ver que las administraciones públicas, aún las autonómicas, que se supone que son de nuevo cuño, continúan con organigramas y con tipologías organizativas que por ser caritativo y no decir que entroncan directamente con las covachuelas de Felipe II, vienen, ahí sí, de esquemas mentales y organizativos del siglo XIX. Claro que, el que lo intenta, no puede hacer prácticamente nada más que modificar una fruslería aquí o allá, porque cambiar esto habría que cambiar toda la normativa pública de arriba a abajo, desde la Ley de Bases del Régimen Local hasta la pobre y desgraciada 30/92, la del procedimiento administrativo común, un viaje hermosísimo sobre el prospecto, que resultó al final un fiasco que hubo que modificar un par de años después… para dejar las cosas como estaban antes. O más o menos.

Mientras no se acometa toda esta reorganización administrativa a fondo, los desagües seguirán atascados de mierda. Yo llevo 21 años en esto y he visto no sé si dos o tres… o n reformas de la administración y/o de la función pública que, a la postre, nunca han reformado ni modificado absolutamente nada. Menos mal que el BOE (y sus primos de las 17) ya no consumen papel, menudo dispendio estúpido de árboles derribados para nada se ha evitado.

Y así… ¿hasta cuándo?

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Comentarios

  • Jordi  On 20/03/2012 at .

    El gran drama de las AAPP es que son la agencia de colocación de los partidos políticos. Luego cuantas más mejor. Así en Catalunya tenemos la Generalitat, las Diputaciones, los Consells Comarcals y los Ayuntamientos, a los que hay que sumar los órganos de la Administración General del Estado, que cambiaron de nombre (eso de “Gobierno Civil” era como un poco siniestro) pero no se fueron nunca. Y ojo, sazonar esta telaraña con una maraña de agencias, consorcios, fundaciones y sociedades públicas (ese magnífico invento de “las entidades de dereco público sometido a derecho privado”) para que esto alcance tintes de p… cachondeo.

    A fecha de hoy, hay miles de cargos y puestos en las AAPP que no han pasado por el aro de una oposición y que tienen como única finalidad la de enchufar a amiguetes del partido.

  • Elena  On 21/03/2012 at .

    y además de todo lo dicho, no acabo de entender (quizá mi boina tb es grande) por qué a un ladrón de gallinas lo encarcelan 30 años y a un ladrón de recursos públicos (dinero, tierras, favores…) no sólo no se le encarcela (que al fin y al cabo nos cuesta el dinero a todos) sino que no se le obliga a devolver todo lo robado más la correspondiente multa que haga pupa y sirva de escarmiento… si nos limitamos a echarlos del poder y votar a otro color que tb tiene su trayectoria delictiva, tendremos más de lo mismo…. y así entramos en un bucle infinito, cada vez menos funcionarios públicos, o trabajadores públicos (la administración debe dar trabajo a todo el que pueda) si se robara menos habría para todos, menos despachos de lujo, menos alquileres para altos cargos (cobran muchos, que lo paguen) menos cursos fuera de tu localidad, techo de sueldo coherente con la realidad de todos los ciudadanos, y más control… por favor, que hay muchos puestos de trabajo dedicados a controlar, si se les escapa algo, multa y a la calle… un médico que intenta salvarte la vida comete una ‘negligencia’ y puede ser multado y encarcelado ¿por qué no se pagan las ‘negligencias’ políticas?

  • Jordi  On 21/03/2012 at .

    Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, alucino que haya muchos alcaldes que han estado décadas en el poder y han dejado deudas astronómicas y las arcas vacías en sus consistorios y que nadie les pida cuentas.

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