Terrorismo gubernativo

De la serie: Rugidos

Anoche hubo detenidos al ser desalojada la Puerta del Sol en una nueva acción de los antidisturbios. Proliferan las acusaciones de detenciones arbitrarias, hechas a saco, a peso, a pito pito colorito.

Una detención, en sí, no es nada, teóricamente: una fuerza gubernativa entiende -o eso dice- que un ciudadano ha cometido una trapazada y se lo lleva por delante encadenado a una comisaría, en la que dicho ciudadano es confinado en un calabozo -generalmente en condiciones higiénicas auténticamente africanas- después de haber sido despojado de todos sus efectos personales, es decir, todo salvo la ropa y el calzado (pero de éstos, se le expolian también sus cinturones, tirantes, cordones y demás). Pasado un máximo de 72 horas, el ciudadano debe ser puesto ante el juez y -siendo este el caso- cuando el juez observa que no ha lugar a mayores actuaciones, libera al ciudadano sin cargos. Pero, mientras tanto:

1. El ciudadano -un ciudadano común y corriente, no un patibulario- ha sufrido la angustia de una reclusión, de una incomunicación, probablemente de un interrogatorio más o menos legal pero bastante salvaje, y ha sufrido asimismo la incertidumbre de cuál va a ser su destino, de cómo va a acabar esto. En esas horas, va a ser, además, deficientemente alimentado e hidratado y pobre de él como necesite tomar cualquier tipo de medicación.

2. Ha sido fotografiado y se le han tomado sus huellas digitales: desde ese mismo momento y para los restos, este ciudadano tendrá antecedentes policiales. Esto quiere decir que cada vez que vaya a una comisaría a formular una denuncia, solicitar una documentación o cualquier otro trámite, va a ser mirado, así, como de través, por el funcionario correspondiente y pobre de él, encima, si cae en manos de una patrulla policial que le requiera la documentación en plena calle.

3. Por más que el juez libere sin cargos, ningún policía es sancionado por su arbitrariedad (que técnicamente se llama prevaricación), lo que convierte esa arbitrariedad, ese delito continuado de prevaricación, en sistemáticamente impune.

Un verdadero trauma para un padre de familia común y corriente, para un trabajador pacífico cuyo summum aventurero está en las series de televisión.

El primer punto constituye claramente un sucesión de actos de brutalidad policial (la cotidianidad de los mismos no obsta para que así deban ser considerados) y el segundo un atentado frontal contra la presunción de inocencia que sólo un sistema judicial sospechoso tolera. Sí, ya sé que es así en todos los países del mundo, pero ello sólo lleva a la conclusión de que todos los países del mundo practican la brutalidad policial y de que la distinción entre países democráticos y de países que no lo son va siendo caa vez en mayor medida una simple sutileza de prensa pesebrera que no responde a realidad alguna.

Y ambas cosas pueden utilizarse como chantaje a la ciudadanía y, de hecho, en España se están utilizando de esta manera en el común del país y, específicamente, en Madrid y en Catalunya, lo que demuestra, adicionalmente, que no importa el partido político en el poder: todos forman parte del sistema y no vacilarán en torcer el derecho y la moral todo lo que sea necesario para acallar la contestación ciudadana.

Tratar la contestación como terrorismo: este es el peldaño al que están subiendo en este momento personajes como Fernández Díaz o como el general Puig, y eso que aún no han conseguido -por falta de tiempo, no de oposición- adaptar el código penal a sus pretensiones. Si ahora la cosa es muy preocupante, cuando lo consigan esto será algo muy cercano a un infierno. La única gracia residirá (triste gracia) en lo que nos reiremos en las barbas de los derechistas cuando se rasguen las vestiduras con Cuba o con China (de Venezuela no digo nada porque eso es pura caricatura de Intereconomía).

Pero más allá de los chistes y de las gracias, estamos viviendo una auténtica situación de terrorismo gubernativo que va in crescendo a medida que los políticos se ven desbordados y puestos en evidencia por una protesta que, incluso, es moderadísima y minoritaria en proporción a la que debería haber ahora mismo en las calles.

Igualito igualito que en tiempos de Garicano Goñi. La diferencia es cada día menor.

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