Secretitos

De la serie: Correo ordinario

Tal como se veía venir (en este país, como decimos los catalanes, no hi ha un pam de net), el anteproyecto de Ley de Transparencia y etcétera se está quedando en agua de castañas pilongas. Siempre sucede, cada vez que se intenta cubrir el expediente del déficit -inmenso por demás- de libertades y derechos ciudadanos frente a las administraciones públicas. La Ley 30/92, que modernizaba y homogeneizaba el procedimiento administrativo común, fue un inmenso pedo no al cabo de años sino de meses: hubo que modificarla en 1994 volviéndola atrás en muchísimos temas, sobre todo en el de la supresión del silencio administrativo denegatorio, una de las injurias más clásicas y brutales que desde las administraciones públicas se propina a los ciudadanos. Valga recordar también aquella maravillosa Ley 11/2007 que otorgaba a los ciudadanos unos derechos en materia digital que, nuevamente como siempre, se acatan pero no se cumplen; hoy, la 11/2007 es puro cachondeo administrativo aunque, eso sí, las páginas web oficiales están llenas de sedes electrónicas. Y eso por no hablar de todo lo relacionado con el software y los formatos libres en las administraciones públicas, porque en este caso entramos ya directamente en el mundo del circo.

Quedaba pendiente un cauce a través del cual los ciudadanos pudiéramos exigir a las administraciones públicas el acceso a la información, a sus datos; salvaguardando, por supuesto, los que afecten a la privacidad de las personas y otros intereses legítimos, pero bajo principios muy restrictivos (para la Administración).

Bueno, pues nada. El gozo de los ilusos en el pozo de la Casta. Aquí, ni transparencia ni historias, qué va a ser eso. Todo intento de averiguar cómo y por qué un determinado cuñado accede a una licitación pública se va a encontrar con doce mil barreras para averiguar poco más allá de lo que ya salía en el BOE incluso en tiempos de Franco, todo intento de saber quién está detrás de una empresa que se hace con un contrato gubernamental va a estrellarse contra murallas de presuntas privacidades, de necesaria confidencialidad por intereses nacionales y, en fin, con lo que le parezca al Gobierno de turno, que podrá decidir qué es lo que recae o no en los supuestos -en las decenas y más decenas de supuestos- de necesaria confidencialidad, decisión que, además, no será recurrible. Y para que, de todos modos, no haya sustos, se termina acerrojando la cuestión estableciendo que la Agencia Estatal de Transparencia y etcétera, no será un organismo independiente, sino que dependerá del minsiterio hoy de Hacienda y Administraciones Públicas.

En resumen, todo atado y bien atado.

Pusieron la cosa bajo una especie de información pública con el fin de que los ciudadanos perdiéramos el tiempo haciendo propuestas de mejora. Yo tuve la humorada de hacer una. La reproduzco a continuación literalmente:

«Creo que sería de sumo interés que se dispusiera también la publicación de los siguientes datos -entendidos como mínimos- de las empresas que obtienen una licitación o suscriben un convenio públicos: nombre de sus directivos superiores (cuando menos, gerente y consejero delegado, si no son las mismas personas), capital social de la empresa, identificación de accionistas con más del 10 por 100 de participación en el capital social cuando éste sea superior a los 100 MEUR y, en todo caso, sea cual sea la proporción y el capital social, cuando los titulares no sean personas físicas, relación de otras licitaciones y convenios en vigor y de las otorgadas en los últimos 5 años sea cual sea su situación actual, número de empleados actuales y la cifra media de los mismos en los últimos 3 años. En todo caso, la información sobre las empresas beneficiarias de contratos públicos ha de ir bastante más allá de lo básico; de lo contrario, la información pasa a ser una simple exposición sin apenas valor.»

Me asignaron la referencia para seguimiento: 220a1d18-ce9c-494d-9c3a-77d59c3ea711.

¿Vosotros habéis sabido algo? Yo no. Y, por supuesto, ni caso remoto a la sugerencia, pero bueno, eso ya me lo esperaba, porque en este país de mierda, proponer algo como lo que yo he propuesto debe tener algo incluso de terrorista: nada menos que querer saber demasiado sobre las empresas que obtienen una licitación o suscriben un convenio público del que van a obtener una pasta en dinero público (donde demasiado es ir más allá de su razón social y de su NIF). Hay que ser rojo para aspirar a esa atrocidad…

No me cabe duda de que esta Ley será aprobada en los prácticamente idénticos términos del anteproyecto. No sólo porque el PP tiene la mayoría absoluta sino también porque, aunque no la tuviera, gracias a la habitual comedia parlamentaria de abstenciones y sabias y oportunas oposiciones cuando no sirven para nada, todo lo que le interesa a la Casta -básicamente encarnada en PP, PSOE, CiU y PNV- se aprueba por unanimidad, entendida en términos reales, sin contar el timo de las votaciones.

Una de las explicaciones de lo que está pasando ahora mismo, si no la explicación misma es la corrupción. Realmente, una ley de transparencia (una ley bien hecha, quiero decir) no sería una panacea contra la corrupción, que precisa de mayores y más largos mecanismos, pero sería un paso importante contra ella, si sumamos a una buena información la capacidad de denuncia que nos permite Internet soslayando la censura editorial de la prensa convencional. Con una información de un mínimo volumen y una mínima calidad, no sólo se podrían poner en marcha campañas cívicas contra nombres y apellidos concretos, contra empresas y marcas perfectamente identificadas, sino que, además, la acción popular podría poner en marcha a los tribunales de justicia con acusaciones sólidas y bien apoyadas por pruebas insoslayables. Precisamente por eso se ha echado abundante agua sobre la idea de la transparencia obligada por ley: mucho cuñado podría ir a parar ante el juez y, debidamente acojonado por una petición fiscal de órdago, hablar demasiado sobre el impulso soberano de un concreto saqueo.

Por tanto, estamos como antes: quedamos a merced de los corruptos, que seguirán meándose encima nuestro impunemente y entre grandes risotadas; seguiremos teniendo ayuntamientos con quiebras insalvables mientras los alcaldes que llevaron a ellas (y sus cómplices políticos y empresariales) se salen de chiquitas y se dedican a disfrutar de lo robado con absoluta tranquilidad; seguirán los bancos haciendo lo que les dé la gana, respaldados con nuestro dinero cuando las cosas vayan mal, de forma que rizan el rizo estafándonos por partida doble: nos echan del piso, seguimos debiéndoles una cantidad tremenda de dinero y a ellos se les rescata con el que nos hace falta a nosotros para salir del hoyo.

Pues bueno. Como digo siempre, nos está bien empleado.

Por cabestros.

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