Recordad Nuremberg

De la serie: Esto es lo que hay

En la madrugada del 16 de octubre de 1946, diez hombres fueron ahorcados en la prisión militar aliada de Nuremberg (Alemania); uno más se suicidó para eludir el cadalso; y un duodécimo fue condenado a muerte en rebeldía, pero nunca se supo de su paradero (a estas alturas, y por razones de edad, si previamente no hubo otras, estará ya muerto con casi toda seguridad: me refiero a Martin Bormann). Todos ellos fueron ejecutados -con las excepciones citadas- por una serie de delitos que, a su nivel -eran los máximos dirigentes políticos y económicos de un régimen-, no preexistían como tales delitos. Además, y en las mismas circunstancias, otros fueron condenados a gravísimas penas de prisión, llegándose incluso a una condena a perpetuidad que no obtuvo remisión: Rudolf Hess murió nonagenario y enfermo en la prisión de Spandau. Además, muchos otros altos cargos, ya de segunda o tercera fila, fueron asimismo ahorcados o condenados a penas gravísimas habiendo sido hallados culpables de esos mismos delitos que, repito, no preexistían como tales al momento de cometerse sin que se tuviera en cuenta la obediencia debida en el caso de varios de ellos, militares o bajo estatuto militar. Se contravenía así un principio fundamental del Derecho y, más concretamente, del Derecho penal: nullum crimen, nulla pena sine lege previa, stricta et scripta, es decir, no puede haber delito si con carácter previo a su comisión no se ha tipificado, promulgado como ley escrita y perfectamente descrito por ésta. Pero se estimó que crímenes tan horrendos no podían quedar impunes por un principio legal teórico que, de todos modos, no había sido concebido para dar protección a criminales sino para que ciudadanos, digamos, normales, no fueran considerados como delincuentes a toro pasado y quizá por un capricho político o por una acción tiránica.

Los juicios de Nuremberg -el principal y los subsiguientes secundarios- establecieron dos importantes jurisprudencias: la primera, la tipificación de unos delitos que han continuado siéndolo y por los cuales han sido condenados ya algunos hombres (y no sé si mujeres); muy pocos, en relación a los que merecen condena por ellos, pero algunos condenados, en definitiva con toda regularidad en aplicación de leyes internacionales previas, escritas y con un tipo exacta y precisamente definido; y, la segunda, que el principio nullum crimen… puede ser sometido a excepciones; no gratuitas, no fáciles, no fútiles, pero excepciones a fin de cuentas, cuando los hechos luctuosos, cometidos con premeditación, tienen una acusada relevancia.

Pues bien: lo que está ocurriendo ahora mismo en el sur de Europa es un verdadero crimen contra la Humanidad, un crimen morfológicamente distinto a los que tipificó el Tribunal de Nuremberg con sus condenas, pero con entidad suficiente, más que suficiente, como para que la ciudadanía afectada pueda acogerse al segundo hecho jurisprudencial que he citado y, en cierta forma y parte, quizá al primero también. Un crimen de lesa ciudadanía, genocidio cívico o como se le quiera llamar. Millones y millones de parados -y, en casos que pueden contarse también por millones, con el paro que afecta a todos los miembros de la misma familia-, millones de ciudadanos inmersos en las escalas de pobreza, denegación de prestaciones sanitarias por razones económicas, denegación de prestaciones sociales, desahucios en serie y masivos que han llevado a la muerte, como causa última, de varios ciudadanos (en lo que se viene considerando ya, popularmente, no como suicidios sino como homicidios), muertes que hay que añadir a otras varias con el suicidio como causa inmediata pero que derivan también de problemáticas económicas evidentemente graves, aún cuando no comporten desahucio o no lo comporten inminentemente; discriminación en las prestaciones sanitarias por razón de la nacionalidad, privatización arbitraria de recursos públicos, retrocesión en derechos laborales fundamentales, partidización (ya no sólo politización) del poder judicial, incumplimiento flagrante y alevoso de preceptos constitucionales garantes de derechos fundamentales y así un etcétera aún largo.

Esta agresión brutal e inhumana a los ciudadanos (muy especialmente a los griegos, portugueses, españoles, italianos e irlandeses, aunque cabe no excluir a otros ciudadanos europeos) alcanza, tanto por su extensión territorial como social, proporciones históricas y su superación debe serlo, asimismo, a través de un proceso de trascendencia histórica.

¿Quiere esto decir que hay que levantar patíbulos? Pues no. Y no por falta de merecimientos. Calculo que entre consejos de administración bancarios y de grandes corporaciones, partidos políticos, patronales y también en los órganos rectores de algunos sindicatos, puede haber entre medio y un millar de individuos, sólo en España, cuya imagen colgando de una cuerda no me produciría ninguna angustia. Pero esto, como he dicho siempre de la pena de muerte, es denigrante. Denigrante no desde el punto de vista del reo (que, salvo los casos de errores judiciales, mucho más excepcionales de lo que, a veces, nos pintan, suele ser, efectivamente, un canalla de marca mayor) sino para la sociedad que se considera a sí misma tan débil moral y políticamente que necesita exterminar materialmente a seres humanos que pueden ser reducidos a la inanidad por otros medios más adecuados. Pero, descartada la pena de muerte, está claro que las barbaridades que está cometiendo el sistema financiero mediante la instrumentalización del régimen político no pueden eludir el reproche penal, si es que en algún momento va a querer cerrarse el episodio genocida que estamos viviendo en la actualidad.

Y no puede hacerse mediante simples juicios ordinarios, como si las causas fueran ordinarias.

Es necesario que los autores de esas atrocidades sean sentados en un banquillo y, establecida su participación en los hechos, condenados a penas de prisión verdaderamente duras y sin remisión en las mismas; examinando también, y no en último lugar, los actos relacionados con genocidios llevados a cabo en otros países en saqueo de sus recursos naturales, especialmente los llevados a cabo contra enteras comunidades indígenas en América del Sur y África (no desdeñando, naturalmente, atrocidades cometidas en otros continentes).

Es necesario que no nos dejemos engañar por la cantinela ya tan manida de que estamos ante una de las crisis cíclicas del capitalismo. Esta crisis no es una de las habituales (si es que las habituales fueran tolerables, que no lo son); esta crisis es la culminación de treinta años de ultraliberalismo desbocado, es el expolio final de un saqueo monstruoso y despiadado que el poder financiero ha venido practicando sin el menor escrúpulo desde que la caída del imperio soviético otorgó barra libre a la iniquidad capitalista. Podríamos decir que esta vez se han pasado, pero ésa es una expresión demasiado coloquial, demasiado suave, para valorar el horror de las enormidades que han llevado a cabo.

Es necesario adquirir la plena conciencia de que se han cometido -y se siguen cometiendo- crímenes contra la Humanidad; de nueva tipificación, sí, pero no menos horrendos que otros por los cuales ya ha habido personas juzgadas y condenadas, en ocasiones a penas durísimas.

Si no se hace así, si además de rectificar la tendencia y reparar los daños, no se lleva a cabo una importante catarsis como la que se llevó a cabo en Nuremberg o como las que se intentan -sin demasiado éxito, es triste reconocerlo- desde el Tribunal Penal Internacional actualmente, no estaremos nunca libres, ni nosotros ni nuestros hijos o nietos, de que en un futuro no muy lejano, vuelva a producirse otra crisis cíclica del capitalismo aún peor.

No superaremos verdaderamente, moralmente, esta crisis, sin recordar Nuremberg.

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Comentarios

  • DaniFP  On 13/11/2012 at .

    Ayer lei un artículo relacionado que me parece muy interesante: http://juantorreslopez.com/impertinencias/rajoy-esta-usted-matando-a-gente/

  • asmpredator  On 19/11/2012 at .

    La pena negra es que la mayoría de los que deberían sentarse en el banquillo por delitos contra la ciudadanía son los que determinan mediante su poder las leyes que deberían juzgarlos como criminales y lógicamente no se van a auto inculpar de esos crímenes que están cometiendo

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