El canon “wertgonzoso”

De la serie: Correo ordinario

Uno de mis bravos me pedía justamente ayer, en su comentario inscrito en el artículo anterior, en el que llamo lo que hay que llamar a quienes ellos ya saben, que escribiera otro artículo sobre el nuevo canonazo, me pareció que insinuando que lo hiciera en el mismo tono.

Bueno, no sé qué tono me saldrá, porque estas cosas, al menos en mí, no son premeditadas ni planificadas, salen como salen, y, además, no tienen que ver con mi estado de ánimo: puede salirme un discurso florentino el día que estoy cabreado hasta la ignición, o puedo sentarme a escribir poseso de una beatitud de monjita ursulina y salirme un cóctel Molotov como la entrada anterior. Uno empieza a teclear sabiendo lo que quiere decir y, a partir de ahí, lo demás sale solo, fluye por sí mismo.

En un tono u otro, del canon de Wert hay que hablar. Ya tocaba, esta es la verdad, porque en la Asociación de Internautas nos hemos tirado un año y medio de molicie que ya va habiendo que levantar. Molicie que, por supuesto, no ha sido buscada de propósito, sino que ha sido instaurada por las circunstancias mismas. El 1 de julio del 2010, la Guardia Civil, por orden del juez Ruz, nos vuelve del revés el guante -bastante sucio, tal como ya sabíamos– del Palacio de Longoria (la sede de la $GAE, por si alguien no ha caído). Desde ese mismo momento, la $GAE tiene más problemas de los que puede causar, así que (aún sin saber si, de una vez por todas, se ha reconvertido -o ha revertido- de $GAE en SGAE) el frente permanece estable y sin movimientos dignos de tensión, a la espera de ver qué pasa. Por otro lado, viene Rajoy y pone a Wert como ministro de Cultura, en la perfecta tradición de sus predecesores sociatas: prepotente, arrogante, ignorante y, en definitiva, una rémora. Ya preparábamos munición de nuevo, cuando resulta que, como al Wert dichoso le han metido en la misma cartera a la Educación, nos adelantan como ferraris todas las fuerzas vivas escolares y universitarias del país y nos tenemos que poner a la cola de la muchedumbre que quiere darle… en fin… buenos deseos. También le han dado el Deporte, pero ahí no pasa nada, salvo que el deporte masculino español hace el más espantoso de los ridículos en las olimpiadas de este verano pasado, y que hay no sé cuántos escándalos en no sé cuántas federaciones y selecciones olímpicas y de las otras. No me preguntéis, que ya sabéis que en eso del calzoncillo no estoy muy à la page. Yo, por lo que leo, así, suelto, muy de cuando en cuando y de rebote. En todo caso, el deporte me importa tres cojones y, si alguien le da algún valor, que gaste bytes de su propia bitácora.

Al trío este de la bencina, Rajoy, Wert y Lassalle, ya los teníamos calados. Bueno, la verdad es que a Wert no mucho (al menos, no yo, que tengo desintonizada Intereconomía del dial de la TDT de mi casa) pero de Lassalle ya teníamos abundantes referencias cuando sustituyó a la Salmones como submarino del lobby de la farándula en el PP. Y de Rajoy, ocioso es decir nada.

Por tanto, no sorprendió a nadie cuando el 1 de marzo del corriente, se tragaron con patatitas -y prácticamente tal cual- la ley Sinde, que pasó a denominarse, ya para los restos, ley Sinde-Wert. La ley Sinde-Wert, dicho sea de paso, no ha servido prácticamente para nada salvo para causar algunas molestias y algún que otro cristal roto, pero eso no es nada comparado con las risas que nos va a dar cuando sus resultados ejecutivos empiecen a llegar a los juzgados. Sobre ello ya hablaremos en su momento.

El otro marrón que les quedaba era el del canon, el canon que se había cargado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como consecuencia del caso Padawan. Qué descojono me entra cada vez que me acuerdo de este caso, cada vez que pienso en los puntapiés en el trasero que aún hoy debe estar recibiendo el fulano que se empeñó en perseguir sañudamente a Ana María Méndez y a su familia, en vez de dejarla en paz, con lo que, quizá, aún estarían hoy dando por el culo con su canon de las narices. Pero, amiguete, no hay enemigo pequeño, bien lo sabrán a estas horas tus almorranas.

Y Wert, siempre haciendo amigos (es su especialidad, como todos sabéis) coge el toro por los cuernos, pero lo coge desde el burladero: mete el canon en los Presupuestos Generales del Estado y, además, lo evalúa como le da la santísima gana: por ejemplo, para este 2012 (que se pagará en 2013, porque ahora se liquidará a toro pasado) lo cifra en poquito más de cinco millones de euros. En fin, para qué voy a describiros la alegría de las entidades de gestión de derechos de autor, que han visto que la cosa pasa de 110 millones de euros a esos cinquito; con la que les está cayendo a algunos. Y, encima, sin previsibilidad posible: hasta que se proyecten los PGE del año siguiente, no sabrán lo que les va a caer en el año en curso. Claro que los ciudadanos tampoco.

De modo que, como ya se ha dicho hasta la saciedad, lo que antes pagábamos sólo los internautas, ahora lo va a pagar toda la ciudadanía, internauta o no. Pero, con perdón y permiso de mi presi, me voy a permitir el lujo de decir que ese es un argumento cierto sólo a medias y un tanto falaz porque, en realidad, no ha cambiado nada. El viejo canon pasaba como un impuesto internauta, pero no era así: el canon lo pagaba toda la ciudadanía en la medida en que compraba unos determinados aparatos, algunos no precisamente internáuticos: receptores de radio y televisión, reproductores de música y vídeo, y un larguísimo etcétera. La guerra del canon (vuélvase al ya lejano 2003 y recuérdese) empezó no por el canon que, efectivamente, se había aplicado desde siempre a ese tipo de aparatos, sino porque la depredación apropiacionista cayó sobre los CD y los DVD vírgenes estimándose que, como eran idóneos para grabar en ellos contenidos autorales, ya podían ser gravados (ojo a las “b” y a las “v”) por el canon, en la deliberada y rapaz ignorancia de que su uso mayoritario estaba destinado a contenidos no sujetos a derechos de autor o no cntemplados, en todo caso, por la Ley de Propiedad Intelectual. Por eso la guerra la llevó adelante la comunidad internauta liderada por la AI. Sin embargo, por lo que concierne a todos los demás dispisitivos, las víctimas no éramos exclusivamente los internautas sino la ciudadanía entera, con escasísimas y casi utópicas excepciones. Otra cosa es que los internautas utilizáramos todo el armamento para nuestra guerra, y expusiéramos al sol la vesanía de las entidades de gestión tomando otros ejemplos: el asalto a bares y establecimientos comerciales inauditos (mercerías, peluquerías, etc.), a conciertos y certámenes benéficos y un largo etcétera que pasaba a tener que ver con la guerra, pero no directamente con la internáutica.

Desde este punto de vista, y aunque nos guste usar lo de que ahora paga toda la ciudadanía, internauta o no, lo cierto es que la inmensa mayoría de la ciudadanía es internauta y que, en todo caso, con el régimen anterior, también pagaba prácticamente toda la ciudadanía aunque no fuese internauta. O sea, que las víctimas seguimos siendo las mismas, tanto en calidad (ciudadanos de a pie y empresas) como en cantidad (la entera ciudadanía). También de este modo, y burlando el literal y la intención del dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las empresas, en tanto que sujetos tributarios (es decir, en tanto que personas jurídicas que pagan impuestos como pepes) seguirán pagando el canon. De modo que puede parafrasearse al inolvidable cabo Maroño de la deliciosa «Casa de la Troya»: «el Tribunal de Justicia o las directivas europeas, me da igual, porque el ministro Wert se ríe de las sentencias, de la Constitución y de ustedes».

Volveré a hablar mucho de este canon, volveré a hablar, por enésima vez de su injusticia, de su obsolescencia, de su favoritismo hacia un sector industrial claramente ineficiente y de un montón de cosas más que ya se han dicho aquí (y en mil lugares más) pero sobre las que hay que inisistir porque en este país las cosas no pueden decirse una vez: acallado su eco, caen en la obsolescencia; periódicamente hay que repetirlas, aunque sólo sea para hacer patente que siguen vigentes y frescas. Por desgracia, en este caso.

Pero hay otra vertiente en este asunto sobre el que quizá se ha hablado poco: el concepto de «copia privada». En tiempos analógicos, lo que era la copia privada estaba claro: la que se realizaba de un soporte a otro (esto no lo decía la ley, pero no había otra forma de hacerlo) entre particulares, para uso individual y no lucrativo. Cuando la digitalización trajo formatos altísimamente eficientes de copia y compartición de contenidos, la industria puso el grito en el cielo (como, de hecho, ha venido haciendo desde hace más de cien años, cada vez que ha nacido una tecnología o un formato más eficientes). Pero esta vez, Internet trajo un modo de comunicación y de defensa de los usuarios. Y así, los políticos decidieron no meterse en veredas, dejar la ley como está, con esa inmensa laguna digital, y ni Aznar ni el pobre zapatilla osaron meterse en la vereda -conflictiva, se hiciera lo que se hiciera, desde luego- de aclarar si las descargas constituyen o no una manifestación de la copia privada (por supuesto, en tanto que se cumpla esa condición de uso privado del contenido sin comercialización del mismo ni por parte del que ofrece el contenido ni por parte de quien lo copia). Ambas partes, autores/industria e internautas/ciudadanos han sostenido sus propios criterios, pero la cuestión no ha llegado tal cual a los tribunales de justicia, que la han ido rodeando, la han ido merodeando, pero sin llegar a ella.

Esta era, entre otras muchísimas, una de las razones por las que se debía reformar la Ley de Propiedad Intelectual (que no sé -aunque imagino- por qué no se llama, mucho más apropiadamente, Ley de los derechos del autor y del editor): para definir de una vez y con claridad qué es copia privada y qué no lo es. Después de haber pactado con todas las partes interesadas o, cuando menos, haberlas escuchado con atención, aunque ya sé que eso es ilusorio. No es, en realidad, la cuestión más importante de una nueva LPI: hay que adaptarla toda ella a la era digital. Pero como una cosa que caracteriza a los políticos actuales, sean del partido que sean, es su profundo e irreversible analfabetismo digital, pillados entre la presión de unos lobbyes brutales y una ciudadanía que ha aprendido cómo hacer pagar cara cierta vesanía, sin saber por sí mismos qué hacer, parece claro que va a pasar incólume esta legislatura (y vete a saber cuántas más), porque no parece que estos tengan ganas de meterse en más líos. Y la guerra del canon ha logrado que las leyes que afectan a los autores determinen -aunque sea por pura escenificación de los modos políticos y de partido y no por otra cosa- el voto de muchísimos ciudadanos. Recordemos que, no la ley Sinde, pero la escenificación del rastrero compadreo partidista que se produjo en su trámite parlamentario, determinó nada menos que el 15-M.

Soplan, pues, vientos de guerra. Y esta es una causa no tan grave como muchas otras que, por desgracia, nos aquejan, pero que es mucho más fácil de exponer, de sacar a la luz, de definir y, por tanto, más susceptible de que, a través de ella, la ciudadanía sume dos y dos.

Por lo tanto, habrá guerra.

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  • By $GAE doliente « El Incordio on 13/12/2012 at .

    […] tiempo, con su particular e inexorable ley de la gravedad, lo solucione por la vía de hecho. Pero, como decía el otro día, la única ventaja de esta guerra es que es tan diáfana y tan sentida por la ciudadanía que sirve […]

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