De la serie: La cueva del burócrata
Leía esta mañana el muy ilustrador artículo de Enrique Dans sobre el trogloditismo tecnológico del sistema bancario español acaecido, en cierto modo, recientemente. Recomiendo su lectura, la recomiendo porque, al hilo de ésta, me vienen a la cabeza ideas parecidas pero respecto a un ámbito cuyo carácter pleistocénico estará, seguro, bien presente en el ánimo de todos los ciudadanos: las administraciones públicas. Y no sólo por lo tecnológico: si sólo fuera por eso, casi sería para darse con un canto en los dientes.
Como mis lectores habituales saben, mi padre falleció hace un escaso par de meses y, por mi condición de funcionario de la familia, ha recaído sobre mis hombros la tarea de afrontar el papeleo inherente que consiste en tramitarle a mi madre la pensión de viudedad y otra pequeña prestación de la mutualidad de los aparejadores, proceder a la ejecución del testamento de mi padre y reclamar el cobro de los seguros de vida.
Las administraciones públicas anglosajonas (y otras europeas que no son anglosajonas), pese a su inevitable cuota de burocracia -reservada, eso sí, a los trámites y documentos más graves- se basa en la confianza hacia el ciudadano. Si un señor dice que una cosa es de determinada manera, pues es de determinada manera ¿por qué no iba a ser así? Y así, en Gran Bretaña, van por el mundo sin carnet de identidad, por ejemplo. Ahora les está pasando por la cabeza implantarlo (lo que ha generado una oleada de protestas) pero es más debido a la paranoia antiterrorista (tras la que se oculta el claro intento de controlar estrechamente a la población) que a otra cosa. En los Estados Unidos -como sabemos todos merced a la vasta cultura que al efecto adquirimos a través de las series y pelis de Hollywood- no existe el carnet de identidad como tal, y la identidad se acredita (cuando hace falta, que no la hace con la frecuencia de aquí, ni mucho menos) con el permiso de conducir, la tarjeta de la seguridad social, la credencial militar o, en fin, cualquier documento suficiente, y el término suficiente es, para el caso, muy amplio.
Aquí es todo lo contrario: hay que documentar (y documentar prolijamente, además) hasta lo evidente. Y hay que documentarlo ante administraciones públicas a las que ya les consta documentalmente ese hecho para el que se exige documentación, documentación que, por lo demás, expiden ellas mismas. Las redundancias lo son a posta. Sí, hay una Ley 30/1992 -una ley de risa, así de claro lo digo- que permite soslayar ese aporte documental en muchas ocasiones, precisamente cuando la Administración pública ya dispone de ese documento o de datos fehacientes sobre los hechos o circunstancias que el tal documento acredita. Ni lo intentes. Todo serán dificultades, cuando no negativas redondas y, en todo caso, eso eternizará el procedimiento con toda seguridad. Además, casi nunca sirven las fotocopias: tienen que ser los documentos originales, lo que parece que al ciudadano se le presuma el carácter de falsificador. Así, por ejemplo, la Seguridad Social exige la presentación del DNI original de mi madre para solicitar su pensión de viudedad, lo que obliga a una señora de 81 años a desplazarse a la oficina correspondiente y a guardar la inevitable y tercermundista cola a que somos sometidos implacablemente todos los ciudadanos ante cualquier mostrador público. ¿Para qué hace falta que se muestre un DNI original al presentar una solicitud por escrito, solicitud en la que, además, obra la práctica totalidad de los datos de ese DNI y cuando la titular del rejodido DNI consta en tropecientos mil registros locales, provinciales, autonómicos y estatales?
Algunas entidades privadas no se quedan atrás, por cierto: una de las compañías de seguros me pide, entre otros numerosos documentos, los dos siguientes: fotocopia del libro de familia (menos mal que se conforman con la fotocopia, algo es algo) y certificado literal de matrimonio expedido por el registro civil en fecha posterior a la defunción del causante. Este último documento puedo comprenderlo: se trata de garantizar que no haya una ex-esposa arteramente ocultada que pudiera tener unos derechos o que la que solicita no sea, precisamente, la lista de la ex-esposa intentando burlar el mejor derecho de la esposa actual en el momento de la muerte; pero entonces… ¿a qué pedir la fotocopia del libro de familia si el otro documento ya cumple de manera mejor y más completa esa función? ¿Por qué piden todo eso, además, cuando exigen también la copia auténtica del último testamento y el certificado de últimas voluntades, siendo así que el testamento nombra a la esposa (con nombre y apellidos) como heredera universal, con lo que no hay más que hablar? Incidentalmente: mi padre cometió el comprensible error de no nombrar beneficiario, lo que conduce a que éste pase a ser el heredero, sea testamentario o ab intestato, en otro caso. Mi pregunta es: ¿nadie pudo avisarle de las consecuencias burocráticas de ese error? El empleado de la compañía que tomó el seguro ¿tan ocupado estaba pensando en la comisión por haber conseguido la póliza que no pudo prestarle el sencillo (y en absoluto oneroso para la compañía) servicio de prevenirle al respecto?
Es increíble que seamos súbditos ya no sólo de las administraciones públicas -que ya es malo- sino también de aquellas compañías particulares de las que somos clientes teóricamente libres (las telecos llevan la fama, pero muchas, muchísimas de otros sectores, cardan no poca lana).
En el otro lado del mostrador, algún día explicaré las vergüenzas que como funcionario he llegado a pasar al exigir a los ciudadanos documentación absolutamente inane y estúpida, sólo porque el idiota que redacta los reglamentos en cada caso es de los que piensan que por mucho papel nunca mal año. No piensa en las molestias que causa al ciudadano ni piensa tampoco en el coste añadido -y frecuentemente enorme- que supone para la Administración procesar toda esa documentación, el setenta por ciento de la cual no sirve para absolutamente nada. Solo piensa que esa subvención, esa pensión, ese permiso, esa autorización que está reglamentando va a ser objeto de la codicia de todos los delincuentes del mundo, actúa como si todos los ciudadanos lo fueran. Papel, papel, papel, originales, copias compulsadas (porque todo el mundo sabe que los ciudadanos son unos artistas de la falsificación en la fotocopiadora y con el fotochó), no vaya a ser que nos la peguen. Como todos mis compañeros de la función pública, he visto cosas y explicaría casos que los ciudadanos comunes no podrían creer. Y ríete tú de la Puerta de Tannhäuser.
Tambien hay que reconocer no obstante, que el entorno sociopolítico no favorece. En el mundo anglosajón se confía en el ciudadano y, salvo casos muy determinados (y graves), se cree en su palabra, sin más comprobaciones. Claro que al que pillen en un fraude, que se agarre. Si en España la confianza en el ciudadano pudiera corresponderse con la confianza en que el defraudador sería fulminante y severamente castigado, quizá podríamos acercarnos más al sistema anglosajón. Pero es que ya sabemos lo que pasa con los jueces y con los tribunales en este país y vemos a diario y con puñados de ejemplos cómo los golfos se salen de chiquitas. Sí, muchas veces también los golfos de menor cuantía. Pero esa impunidad real de que goza el defraudador en España no tiene -ni siquiera eso, que es nuestro mal endémico- entidad suficiente como para justificar el atropello y el abuso documental que muchas más veces al día de los que nosotros mismos percibimos nos propinan las administraciones públicas a los ciudadanos. Porque, además, y como es notorio, el sinvergüenza siempre encuentra una vía para el fraude: ninguna administración pública con su sistemáticamente brutal exigencia documental ha evitado que este país sea un patio de Monipodio y que aquí quien quiere hacer lo que le da la gana lo hace y ya está, y no pasa nada. Aunque tenga que reirse de sus ciudadanos con la fotocopia del DNI -debidamente compulsada- entre los dientes.
Cuando Enrique refiere en su artículo -leedlo, de verdad, vale la pena- su pretensión de que le abonen en cuenta un cheque, bastando para ello con la simple fotografía de ese cheque realizada y transmitida mediante el móvil, yo también he pensado que este hombre se nos ha vuelto loco. Pero no porque esa pretensión suya sea intrínsecamente alocada, que no lo es, sino por su evidentemente momentánea ignorancia de la calaña de quienes encabezan los sistemas administrativos españoles. Todos: los públicos y los privados.
Otrosí (lo que es decir «manda huevos» en román vallisoletano o «té collons la cosa» en mi catalán). Ayer, mi regreso a casa se vió celebrado con la típica papeleta de Correos avisándome de que tengo a mi disposición una notificación (obviamente, certificada y con aviso de recibo y con toda la cagarela inherente) remitida por la Agencia Tributaria. Este mediodía he ido (¡glubs!) a ver qué pasaba. Bueno, un error material por mi parte, consistente en que un mismo gasto deducible lo había hecho constar dos veces en sendos apartados distintos. Total, que de una declaración a devolver de 380 euros, se queda en 48, asimismo negativos. Qué le vamos a hacer, es así y es así. Suerte que, habiéndose estimado, según todas las apariencias, que se trata de un simple error material y no de una perversa intención de defraudar, se deja la cosa en esa regulación de saldo negativo, sin recargos ni nada luctuoso. Acepto, pues, dócil, que caiga sobre mí todo el peso de la ley, muchas gracias y que Dios guarde a V.I. muchos años para bien de España.
La pequeña contrariedad queda largamente compensada, no obstante, por mi enorme alegría al constatar lo bien organizada que está la inspección tributaria en este país, que no se les escapa nada, oye. Un verdadero disparo de francotirador, hay que ver qué habilidad con la mira telescópica para cerrar el paso a los 332 euros de fraude que, aunque involutario, estuvo a punto de mermar las preciosas arcas del Estado. Da gusto ver que, en España, ni siquiera 332 miserables euros se pueden defraudar así como así.
¡Ah! ¿Que no…? Es decir, ¿que sí…? Vaya, que es igual, que ya se entiende.
La prevaricación no es sólo dictar resolución injusta; es también pasar del mambo y no dictar la justa cuando procede. Con mis 332 euros se ha hecho justicia, ya falta menos.
Ahora sólo falta que se haga justicia también con 332.000 millones de euros que andan por ahí, en paradero desconocido, que ya sabemos quién los tiene (porque lo sabe hasta el potito) y para los que no se ha dictado resolución alguna.
Y ahí te quiero ver.
El Incordio 