Monthly Archives: octubre 2010

Marujas, fanáticos y funcionarios

De la serie: Los jueves, paella

El otro día era noticia que la comisión del Pacto de Toledo estaba estudiando la posibilidad de que los hijos computen, a razón de un número de años todavía por determinar por cada uno, para el cálculo de la pensión, con la idea puesta, sobre todo en mujeres que al casarse dejaron de trabajar y no han cotizado los años suficientes como para tener derecho a una jubilación.

No tengo bastantes manos para aplaudir esta medida, que es de entera justicia. Por muchas razones. Una de ellas, por ejemplo, es que los padres hacemos grandes sacrificios -económicos y personales- para levantar unos hijos que luego garantizarán las pensiones de otros (siempre he pensado que negarse a tener hijos al simple fin de vivir económicamente mejor tiene un algo de insolidario) y eso se nos tiene más bien poco en cuenta (en este país no hay políticas de familia, como tampoco las hay de juventud: las políticas sociales -en este sentido de la palabra social– no pasan de los viajes del IMSERSO, diseñados para subvencionar indirectamente al sector turístico, porque a esos mierdas de políticos los mayores les importan tres cojones, más allá del posible saco de votos. Pero hay otra de aún mayor importancia: paliar -y sólo parcialmente- la tremenda injusticia que se ha cometido -y se sigue cometiendo y se va a seguir cometiendo- con muchísimas mujeres que han trabajado como burras, tanto o más que sus maridos, sin ningún tipo de salario, sin otra asistencia o seguridad social que la que cuelga de su marido y, en todo caso, sin ver reconocido su esfuerzo y su aportación como algo útil, necesario e imprescindible no sólo para su familia sino para la entera sociedad. Injusticia tanto más grave en cuanto la mayor parte de los que pasamos de los 40 tenemos un más que evidente ejemplo en nuestras propias madres; no estamos hablando, precisamente, de la vecina de enfrente o de un habitante del planeta Marte.

Esta medida es, como digo de justicia, pero eso no debe distraernos del hecho de que en ese ámbito queda aún mucha justicia por hacer. El ama de casa, nuestra entrañable maruja ha sido siempre tratada a patadas; desde luego, fuera de su hogar, pero muchas veces, desgraciadamente, dentro mismo de casa. Y no hablo de agresiones domésticas ad usum, ni de tortura moral infligida a posta, sino del inmenso desprecio que supone el simple no hacer aprecio a su trabajo. Los que andamos visitando al endocrino tres o cuatro veces por año sabemos lo caro que nos ha costado no tener maruja en casa y sabemos lo que nos cuesta desarrollar un correcto plan de alimentación con los horarios de trabajo de hoy en día y sin un ama de casa que nos tenga una correcta y equilibrada comida en la mesa puesta a disposición a una hora decente. El signo de los tiempos, de acuerdo, pero todas los tiempos nuevos suelen generar grandes cambios [tenidos por] positivos y pequeñas contrapartidas negativas (cuando es al revés, estamos ante el anuncio de una convulsión histórica prácticamente segura, aunque quizá a plazo incierto) y esta del ama de casa forma parte, a mi modo de ver, del aspecto negativo.

Porque otra de las injusticias, en este caso de tipo conceptual, ha sido clasificar al ama de casa como una simple estúpida que friega suelos porque no sirve para otra cosa. Y esa es, si cabe, la peor de las animaladas que se ha cometido con estas mujeres. En primer lugar, muchas lo han sido o bien vocacionales o bien gustosas. Hay un cierto feminismo de mercadillo de saldos que ha establecido como axiomático que la mujer sólo puede realizarse como persona fuera del hogar y, consecuentemente, que el ama de casa, es necesariamente un ser alienado. Es cierto que hay casos, quizá muchos, si se quiere (pero jamás admitiré que sean mayoritarios), en que la condición de ama de casa se ha adquirido ante la imposibilidad social, geográfica, laboral o intelectual de ser otra cosa, como una especie de víctimas de lo metafísico; pero también es cierto que muchísimas más se han entregado a esta labor por puro amor a los suyos y que han llegado a la plenitud personal por esta vía. Hay muchas mujeres limpiando mierda por ahí -toma realización trabajando fuera de casa- que darían un brazo por poderse permitir no limpiar más mierda que la propia y la de los suyos. Porque a veces las feministas hablan como si todas las mujeres pudieran ser ingenieros, médicos o arquitectos, y no le veo yo lo vocacional o lo profesionalmente gratificante a ir fregando suelos por ahí (bueno, en realidad, conozco personalmente un caso, un único caso, una flor que no hace verano; también -sálvense las debidas distancias- he oído hablar de que hay alguna que otra prostituta que jura serlo por vocación: aunque fuera cierto, no desmiente la realidad del drama de la prostitución).

En fin, que me felicito y felicito a los políticos que, por una vez (y ojalá sentara precedente, aunque me temo que no), han pensado en el interés de los ciudadanos o, como en este caso, en un sector de la ciudadanía cuya atención específica no perjudica los intereses de nadie y es, además de plena justicia cuyo reconocimiento, imagino, será generalizado. Únicamente, eso sí, a reserva de que sea solamente un primer paso: el del camino que lleve -y, en lo posible, antes de que sea tarde para muchas- a que el trabajo doméstico familiar sea equiparado a cualquier otro trabajo, si no en lo salarial (sería muy difícil establecer quién debe pagar ese salario) si, cuando menos, en cuanto a los derechos sociales de tipo económico: pensión de jubilación completa -no depender del mísero 40 por 100 de la viudedad-, bajas por incapacidad laboral transitoria retribuidas, indemnizaciones por accidentes de trabajo, invalidez con su correspondiente pensión, etc.

Otro día hablaremos de políticas de juventud, que ya va tocando…

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Es un suceso confuso, al menos en sus detalles. Allá por las Galicias, se publica una revista satírica llamada Retranca, revista que ha sido noticia esta semana -al menos en la Red: el papel no se entera de estas cosas tan políticamente incorrectas- por tener el poco apetitoso honor de haber sido la primera publicación española víctima de un secuestro privado. La morfología del secuestro está aún en duda: la revista dice que la tirada ya se había hecho y la imprenta se negó e entregarla y la imprenta responde que no, que no había llegado a imprimirse y que se rechazó hacerlo en fase de pruebas. En cualquier caso, la empresa sí reconoce que se negó a la impresión o a la entrega de lo impreso porque el contenido de la revista iba contra sus convicciones morales. El contenido de la revista es una crítica -evidentemente negativa, ácida y probablemente bestiaja- al Papa y a su visita, ya inminente, a Galicia. La imprenta -este es un detalle incidental- está ubicada en Murcia, no sé si ciudad o región.

Evidentemente, es llamativo. En otros tiempos yo había trabajado asiduamente con impresores y como, en algún caso, la publicación podía ir más allá de ciertos gustos o ideas -pongamos, solamente para entendernos, que podía ser algo como «El Incordio» pero en papel- me curaba en salud preguntando primero y la respuesta, invariablemente, era que si el contenido de la publicación no entraba en el Código penal, no había obstáculo alguno (en algún caso hicieron alusión concreta a la propaganda terrorista, pero ésa ya estaba en el Código penal). Como es normal, pero es que en este país, a veces, lo normal es lo inaudito.

Conozco a varios -quizá muchos- abogados, católicos practicantes y convencidos, que llevan casos de divorcio. Y sin ningún problema: siguen yendo a misa todos los domingos confesando y comulgando, sin problemas y, que yo sepa, la Iglesia tampoco ha puesto nunca reparos -desde luego, jamás sanciones- a este ejercicio profesional (al contrario, por cierto, que en el aborto, donde el médico que lo practica sí que podría ser excomulgado). Por eso, ciertas sensibilidades y ciertas objeciones de conciencia me huelen más a chupacirios que se la cogen con papel de fumar que a verdaderos reparos de conciencias firmemente formadas.

Por otra parte, si bien es cierto que para un católico el Papa es algo más que un simple líder, por más que se le suponga vicario de Cristo en la Tierra, tampoco es el propio Cristo (aunque incluso en este caso tampoco quedaría justificada la actitud de la imprenta).

Cuando se fanatiza una creencia, se llega a extremos absurdos, incluso el de negar una verdad evidente. Recuerdo dos casos: en una ocasión, hablando de papas y de sus trapazadas, argüí que varios papas habían tenido hijos y, en más de un caso, incluso los habían promovido -toma nepotismo- dentro de la propia Iglesia haciéndolos obispos e incluso cardenales; pues bien: un interlocutor, rojo de ira, me espetó un «¡¡¡mentira!!!» que hizo que hasta un cura católico, presente en la tertulia, se echara las manos a la cabeza; en otra ocasión en que estaba negando en redondo las apariciones de la Virgen (todas, en general), otro individuo -también cabreadísimo: hay que ver cómo se ponen cuando cuestionas sus estrambóticas verdades- casi me agrede -y también al grito de «¡¡¡mentira!!!»– cuando le hice observar que hasta tal punto son dudosas esas supuestas apariciones, que incluso la Iglesia católica se niega a considerarlas dogma de fe, es decir, un católico puede negar tranquilamente y en voz alta lo de Lourdes y continúa en perfecta regla dentro de la asociación: está en su derecho de dudarlo y de negarlo y, por tanto, no hay castigo canónico por ello, puede incluso comulgar tranquilamente tras haberlo negado. Pues no. Para algunos, no. La frase hecha ser más papista que el Papa, tenía que ser española a la fuerza…

Bueno, veremos cómo acaba el asunto de la imprenta, que pasa ahora a manos de abogados, según anuncia la redacción de Retranca, aunque lo interesante del caso es el hecho central; lo que digan los jueces tiene poco interés, más allá de las partes directamente implicadas.

A no ser que se les aparezca la Virgen, claro…

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De modo que anteayer nos amanece un fulano llamado Isak Andic, presidente de un Instituto de la Empresa Familiar, al que pertenecen empresas que todos tenemos por arquetípicas empresas familiares, nada, como la tiendecita de abajo, sin ir más lejos, y ahí puedes ver a Inditex, Ferrovial, Acciona, Planeta, Mercadona, Mango (que me parece que es de donde sale el Andic este) o Catalana Occidente. Falta la Casa Real Española, que esa sí que es una empresa familiar como la copa de un pino.

Bueno, pues el tío este decía anteayer que hay que modificar el estatuto funcionarial para que todos los funcionarios que entren en las administraciones públicas a partir de ahora, puedan ser despedidos, es decir, que tengan un régimen laboral idéntico al de la empresa privada. Pero, eso sí (¡oh, gracias, magnánimo señor!), habría que respetar los derechos adquiridos de los que ya lo somos; supongo que porque si pudiéramos ser despedidos como cualquier contratado laboral, también habríamos de ser indemnizados -suma años, nene- y prestacionados por desempleo como cualquier otro trabajador, y tanta pasta dadivosa ya le retuerce las almorranas a nuestro héroe; no jodas, anda, déjalos inamovibles y que revienten, que ya haremos cuenta nueva con los que vayan llegando. Aunque no fuera así, teniendo en cuenta que a mí me quedan -salvo ampliación- nueve años para la jubilación y que, aunque se llegara a eso, ese tío aún necesitaría unos años, yo [creo que] me salvaría de la quema con un poco de suerte o pillaría una jubilación anticipada o algo así.

Desde esa tranquilidad, y completamente consciente de que a muchos ciudadanos nuestra estatutación les sienta como un puntapié en los mismísimos, digo: pues ya me gustaría que sí, que ese tío lo lograra, solamente para reirme desde mi mecedora de jubilado, de cómo íbais a cagar cerillas. Eso es: no basta con la corrupción política, de modo que ponedle un puente de plata a la corrupción funcionarial -que sería no inevitable, no: axiomática- y veréis qué risa.

¿Queréis una administración a la mexicana? Os voy a contar lo que pasa en México. Tal como pasaba aquí cuando los funcionarios eran empleados como los que sueña el Andic de los cojones, cada vez que hay un cambio político, el nuevo partido trae a sus propios funcionarios y pone en la puta calle a los del otro. A veces no hace falta que ese cambio político sea externo, que cambie el partido: basta, simplemente, con que cambien las estructuras internas del mismo. Los funcionarios, por tanto, saben que tienen prácticamente un trabajo basura, de modo que se trata de arrambar con lo máximo posible por mientras dure el chollete -que con la cola que hay para pillarlo, ya os podéis imaginar que no dura mucho- o sea que la mordida y la prevaricación están a la orden del día, y, como traca final, cuando se van se llevan hasta las sillas (literalmente, según me han contado). Lo que, desde luego, no perdonan, son los ordenadores. Y dentro de ellos, las bases de datos, imprescindibles para el trabajo del funcionario entrante, el cual, si las quiere, se las habrá de pagar al saliente.

Si alguien cree que fabulo, que lea Miau, de Pérez Galdós, que no habla de México, habla de España y habla de una situación increíble que la estatutación de los funcionarios vino a resolver.

Y es que muchos se creen que estamos así de protegiditos por guapos, ya ves… Seguramente porque muchos ignoran la cantidad de mierda que no les llega porque previamente la filtramos los profesionales de la Administración o porque nuestra existencia es en símisma disuasoria para los políticos (que no lo dirán nunca porque se juegan los votos de tres millones de familias, pero sueñan con lo mismo que el Andic: quitarnos de enmedio). A veces, el problema de los políticos no es de malicia y/o de corrupción, sino simplemente (o además) de ignorancia: sufren lo que Gil y Gil (buen conocedor de la sinvergüencería nacional) calificaba de síndrome de la gorra de plato: le pones a un pringao -decía- una gorra de plato y ya se cree que es el sheriff del Oeste. Pues, efectivamente -nosotros lo vemos cada vez que hay un… relevo-, lo primero que tenemos que repetirle al político durante varios días, hasta que se entera, es: «mira, oye, esto no funciona exactamente así: todo lo que se hace, hay que pagarlo y, para eso -y entre otras complicaciones-, hay que tenerlo antes metido en una cosa llamada Presupuesto; además, las cosas no se hacen en plan ordeno y mando: hay una serie de normas de procedimiento administrativo que complican un poco la cuestión para que el ciudadano pueda ir por el mundo con unas mínimas garantías». Imagináos ahora, que los funcionarios acaban de llegar, como el político, y que encima proceden del mismo sitio que el político.

Los funcionarios estamos estatutados en todos los países civilizados del mundo, lo cual quiere decir que, en principio, en cualquier parte son tan difíciles de despedir como aquí. Otra cosa es que, ante la trapazada, el expediente administrativo que culmina con la expulsión de un funcionario, en Norteamérica se sustancie en un mes y aquí, entre el expediente, los recursos, el litigio contenciosoadministrativo y demás, la cosa pueda durar, tranquilamente, cinco años. Y otra cosa es que la prensa, tan rigurosa ella, hable de despidos de funcionarios -referidos siempre al extranjero- como si fueran así de fáciles, así de normales y así de laborales. Pues no.

Es verdad que hay corruptelas, es verdad que hay cosas anacrónicas y es verdad que en la función pública hay muchísimas cosas que pulir. Eso nadie lo discute. Todo es perfectible, y la función pública española aún más. Pero que nadie se deje llevar por prejuicios y por las tonterías de un fulano -el nombre de cuya empresa lo sugiere todo- porque los daños pueden ser terribles. Para la ciudadanía, ojo, no para… ellos. Ahí está el detalle.

Oído al parche.

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Bueno, pues nada: he aquí el arroz.

Tengo una mala noticia para vosotros. La próxima semana tengo un problema familiar de cierta consideración, precisamente en jueves, y no sé si voy a estar ni para paellas ni para leches. A lo mejor sí, a lo mejor el miércoles estoy de humor y la dejo preparada, pero no lo tengáis nada claro. Ya lo siento. Me quedaban unos días de vacaciones que pensaba tomármelos para darme una vueltecita por Zaragoza, por los baretos de tapeo, de comilona por las Cinco Villas y acercarme incluso a Logroño, andar con mi santa en plan de tigo y migo de copita de Rioja en copita de Rioja, aprovechando que a las chicas las tenemos en el cole (nevera llena, pase de Bus, unos eurillos y ahí os quedáis), pero nada, a tomar por el culo. Estaré de vacaciones, ciertamente, pero sólo en términos laborales.

Esto es lo que hay, repito que lo siento.

Hasta el jueves 4 o -mucho más probablemente- hasta el jueves 11.

Hedor de corrupción

De la serie: Correo ordinario

No es Ignasi Guardans un hombre de quien me fíe mucho. Aparte de su simple existencia y de su condición de nieto de Cambó, no supe prácticamente de él hasta que, siendo diputado europeo, montó aquel número en el aeropuerto de Barcelona -tan aplaudido incluso por mí mismo- que derivó a sus instancias -entre otras- en que la lista de artículos prohibidos en los embarques aeroportuarios fuera pública so pena de nulidad. No fue una gran cosa -los controles en los aeropuertos siguen siendo inútiles, aberrantes, insultantes, humillantes, vejatorios y encabronantes-, pero siempre es un arma, aunque sea de pequeño calibre, que oponerle al segurata que se pone borde y provocar con ello la intervención de los guardias civiles que están por allí tutelando a los privados y que, después precisamente de lo de Guardans, ya están muy reciclados en materia del delito de prevaricación. Aplausos pues, aunque, con posterioridad, conociendo más al personaje, me dio la impresión de que la motivación de todo el asunto fue más el a mí me la habéis hecho, pues a mí me la vais a pagar, que no reprocho -cuando menos aplicada al caso concreto- pero que sospecho de intencionalidad alejada del servicio al ciudadano.

Esta sospecha se confirmó cuando en el Parlamento europeo, en el famoso caso de las enmiendas torpedo al paquete Telecom, Guardans se alineó con el apropiacionismo en contra de la ciudadanía y votó a favor de resoluciones restrictivas de derechos fundamentales que, afortunadamente, fueron rechazadas por mayoría. Y no sólo había votado a favor, sino que había realizado insistentes actividades de lobbying en pro de las mismas.

Casi inmediatamente después, Guardans, excluido de las listas de candidatos para la siguiente legislatura del Europarlamento, abandonaba Convergència i Unió y era premiado por el apropiacionismo galopante -galopante, porque cabalgaba, y aún cabalga, sobre la Sinde- con la Dirección General de Cinematografía, obviamente la joya de la corona de la ministra.

Y un año y medio después, la propia Sinde lo pone de patitas en la calle. ¿Por qué? Según fuentes apócrifas presuntamente próximas a la desgraciadamente aún ministra, porque el amigo Guardans es muy suyo y muy dado al vedetismo y a hacer lo que le da la gana. Bueno, no es una explicación que descuadre mucho con la personalidad de nuestro héroe, al menos hasta donde puede ser públicamente conocido. Pero Guardans tiene otra versión. Y una versión que, conociendo el paño que gastan ambas partes, tampoco parece en absoluto descabellada. Es más: tiendo a crérmela. Insisto en la poca fiabilidad de Guardans y menos cuando está contrariado, pero su versión de los hechos es del todo verosímil.

Porque no sólo confirma nuestras mucho más que sospechas de que el sector de la industria del ocio controla a gusto y ganas la acción de gobierno, sino que describe ese control en una actitud prepotente, grosera y chulesca, actitud que constituye una constante en el sector (recordemos, sin ir más lejos, al señor Sánchez ese representante que las sociedades de gestión han echado a los leones, empleando en primera persona el verbo «legislar», sin cortarse un pelo y en directo en un medio público). Que Guardans diga que «el móvil de la ministra sólo lo tiene la gente del cine» o que «me ha tocado ser el responsable de un área a la que pertenece, de la que procede y a la que volverá la persona que me daba las instrucciones» (siendo lo último, además, más que obvio), da mucho que pensar. Y pensar mal, claro. O cosas como «en el caso del cine uno está permanentemente vigilado por los propios destinatarios de las ayudas públicas, que acaban decidiendo, como se acaba de demostrar, quién conviene que esté allí y quién no conviene que esté allí» o bien «en el caso del cine uno está permanentemente vigilado por los propios destinatarios de las ayudas públicas, que acaban decidiendo, como se acaba de demostrar, quién conviene que esté allí y quién no conviene que esté allí».

La mala baba del cesado, evidentemente; un síndrome habitual que, en alguien como Guardans, no podía ser menos que superlativo. Sin embargo, los hechos -antiguos y constantes- le dan la razón. Guardans simplemente pone firma a una descripción cuyos hechos venimos constatando los ciudadanos desde hace muchos años.

Ayer leía en la bitácora de Enrique Dans una entrada que hace relativamente poco tiempo hubiera calificado de inusualmente dura, pero en las últimas semanas el adverbio inusualmente se cae. Y no es que Enrique Dans haya experimentado un cambio de personalidad que le haya llevado de un discurso académico y estudiado a un registro broncas casi más propio de esta página que de la genuinamente suya, es que según se van sucediendo los acontecimientos, la situación se va haciendo más y más insostenible, más y más intolerable. Dans habla -y yo lo suscribo- de un estado de corrupción generalizada y endémica en materia de propiedad intelectual y en materia de nuevas tecnologías, hasta el punto de afectar -Dans dixit y yo sigo suscribiendo- al mismísimo sentido común. La perfecta incardinación de los hechos que describe Guardans en esta misma y exacta línea hace completamente creíbles sus sapos y culebras.

La sentencia del pasado jueves mediante la que el Tribunal europeo de justicia derrumbaba un importante pedazo del canon por copia privada, inmediatamente seguida por el comentario de una ministra asegurando que iba a hacer unos pequeños retoques y por los afectados, diciendo sin ambages que iban a estudiar la fórmula para que todo quedara como está, ha tenido indignante continuidad en la intención de las entidades de gestión de negarse a devolver lo indebidamente percibido. Cosa que conseguirán o no, porque como estamos en una materia en la que la razón y el derecho -como ciencia- no cuentan absolutamente para nada, todo es perfectamente posible, pero esa simple fórmula de resistencia donde debiera haber, cuando menos, el reconocimiento de una equivocación (y eso que, de equivocación, nada: todo cuanto rodea al canon está recubierto de una espesísima capa de mala fe por parte de las entidades recaudadoras), un propósito de enmienda. Pero nada de eso: un chulesco e intolerable «legislaremos» y una alucinante pretensión de retener lo injustamente apropiado. No había justo título en la recaudación y sigue sin haberlo en la retención: pero ellos se empecinan. Son los amos y basta. ¡Pues claro que hasta un Dans pierde la paciencia!

La única pregunta es cuándo la perderán -pero en serio- los ciudadanos. En lo que se refiere al consentimiento, la unanimidad es prácticamente absoluta: todo el mundo, con excepciones en cantidad -y en calidad- despreciables, abomina del apropiacionismo. Se trata ahora de ver cuándo impondremos esa voluntad reiteradamente manifestada y a través de qué medios. Pero algo hay que hacer, porque esta situación no se sostiene.

Las cosas han cambiado y la digitalización ha vuelto del revés la relación entre los creadores -entre quienes lo son verdaderamente, no hablo de vividores- y sus seguidores. Hace pocos días, uno de estos tíos, que nos llamaba «cabritos» con todas las letras (luego lloran porque se sienten insultados, hay que joderse) decía que si no nos gusta el precio, no compráramos. Como siempre, lo entienden todo al reves: la realidad digital -y legisla lo que quieras con el asentimiento rebuznatorio de los corruptos- es «si no te gusta el mercado, no plantes el tenderete». Así de fácil: te dedicas a otra cosa.

Pero, bueno, estos van a la suya y eso puede no justificarse ni disculparse, pero sí comprenderse: les van en ello pingües beneficios y montañas de privilegios. Con quien hay que ajustar cuentas de verdad, a quienes hay que apretar la tuerca hasta ponerlos al borde de la asfixia es a los políticos. A todos ellos. Porque ahí está la clave. O les pasamos una factura carísima por su venalidad, por su corrupción, por su entrega -ellos sabrán a cambio de qué treinta monedas- a los enemigos de la ciudadanía, o preparémonos nosotros a pagar facturas ingentes.

Esto es una guerra, y en las guerras o se mata o se muere. No hay más tu tía.

La larga resaca del «canonazo»

De la serie: Correo ordinario

Poco a poco y, sobre todo, con la tranquilidad del fin de semana, hemos ido asumiendo el hermosísimo pelotazo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y vamos tratando de pronosticar -hasta donde es posible- sus consecuencias. Consecuencias que, de ningún modo, son positivas para la $GAE. Otra cosa será que la devastación que causen en la ominosa sea mayor o menor, pero de positivo no hay nada para ellos. Su ridícula nota celebrando la consagración europea del canon, choca con algunas obviedades. La primera, que en los pedimentos que dieron lugar a la consulta de la Audiencia Nacional no se cuestionaba el canon sino, precisamente, su aplicabilidad a las empresas, administraciones y, en definitiva a todos cuantos la LPI no otorga el derecho de copia privada; en este punto, la $GAE y sus colegas (que comparecieron en masa a la vista personadas como partes) han salido derrotadas por goleada. La segunda, que la conformidad del canon -como concepto general- a derecho europeo no implica automáticamente -ni como concepto ni en los términos que se han establecido- que el canon sea conforme a derecho español y, en este ámbito, cabe recordar que hay un recurso de la Asociación de Internautas en la Audiencia Nacional.

La pretensión de la Sinde de que este es un problema menor que se arregla puliendo unos cuantos detallitos no es menos ridícula: la sentencia europea es rotunda y no permite detallitos: el canon no puede aplicarse a empresas y personas jurídicas y punto. La pretensión de ese tal Sánchez al que el gremio apropiativo ha echado a los leones para dar la cara y que lleva no sé cuantos días tragando saliva bajo su corbata fucsia de seda no sé si natural o artificial (yo estas cosas no sé distinguirlas) de que legislarán (en el canal 24 horas de televisión española se le escapó el subconsciente con un significativo strong>legislaremos, así, en primera persona), de que harán encaje de bolillos para salvar los muebles, choca con la rotundidad europea que deja poco margen de maniobra.

Por lo tanto, el problema real que tienen la $GAE y sus colegas -y el Gobierno, claro, como machaca de éstas- es por dónde van a recuperar la pasta que van a perder, que cálculos muy conservadores estiman en un 30 por 100 de la recaudación actual. A mí me parece poco, cuando pienso en lo que consumen solamente la administración de Justicia y las editoras de revistas de informática (imaginarse, pues, todo lo demás del mundo empresarial y administrativo) en CD y DVD y el bajo consumo privado de estos soportes, cuya necesidad ha disminuido debido a la propia disminución de las descargas de redes P2P en beneficio de otras alternativas de consumo como el streaming cinematográfico, televisivo y musical y por el uso de otras alternativas de almacenamiento (memorias USB, discos duros, almacenamiento in the cloud, etc.; la mayoría de ello, por cierto, también gravado ya por el canon pese a que su uso no es mayoritariamente el almacenamiento de contenidos sujetos a derechos de autor). Yo sospecho que ese 30 por 100 puede ser fácilmente el doble. Bueno, peor para ellos, de cualquier modo.

Hay más problemas, por supuesto, el más importante de los cuales -al menos, según se vislumbra ahora mismo- es el de los efectos retroactivos. Si la normativa sobre el canon es contraria a derecho europeo y esa normativa se hizo, precisamente, en desarrollo de la propia normativa europea la sentencia declara, implícita pero diáfanamente, nula de pleno derecho la imputación del canon a administraciones y empresas. Las reclamaciones podrían sucederse en cadena y masivamente, además. De hecho, ya hay ayuntamientos que han decidido reclamar los importes indebidamente abonados y en muchos más sus grupos políticos están exigiendo que se adopte esa medida. Muchas empresas estarán consultando ya con sus abogados la posibilidad de esa reclamación y con sus asesores el ajuste de sus contabilidades, porque esa deuda que ahora pasaría a tener contraída la $GAE -y sus colegas- podría mejorar acaso mucho la situación de algunos libros (lo de libros es ya también virtual) que ahora andan de paseo por los juzgados mercantiles. Para muchas empresas, la simple posibilidad contable ya es un bocado goloso, pero para no pocas otras no se trata de la posibilidad contable, sino de dinero contante y sonante. Veremos, por ejemplo, qué hacen ayuntamientos como el de Barcelona, que pueden reclamar una verdadera fortuna, y veremos como justifican la renuncia a perseguir esa fortuna -si es el caso- y más en los tiempos que corren, con tesorerías que están llenas, pero de telarañas.

Todos estos problemas, no pequeños, van a converger en otro aún mayor, que es la propia obsolescencia del canon y, en definitiva, en la propia obsolescencia del sistema. Pensemos en la locura de sus bases. De acuerdo con la última modificación de la LPI, copia privada sólo lo sería estrictamente la que se realiza entre personas físicas para su uso privado y desde un soporte original. Supongamos que «A» tiene un CD original de música. «A» le hace una copia a «B»; perfecto, eso es copia privada. Ahora, coge «B» su copia y le hace a su amigo «C» una copia a su vez: ¡¡¡Pirata!!!. Es, en puridad, una copia ilegal. Esto me lo confirmó tal cual y así mismo el Sánchez este en los micrófonos de Radio Nacional de España (Ràdio 4) este mismo viernes pasado. Con lo que nos encontramos con un completo timo del que se habla muy poco: la pretensión de que los ciudadanos devengamos -como mínimo, porque la recaudación exacta no hay manera de conocerla- cien millones anuales de euros (16.600 millones de las viejas) anuales en copias a la antigua usanza, que todos sabemos que ya apenas hace nadie desde hace bastante tiempo.

La descarga de redes P2P no la reconocen como copia privada porque, claro, sus contenidos ya son una copia en sí mismos. Es demencial, pero es así. Por tanto, cuando decimos que el canon es un pago por nada, no estamos haciendo una acrobacia dialéctica, sino que estamos exponiendo la pura y simple verdad, previamente establecido -ellos no dejan de insistir en eso- que el canon no compensa por la piratería sino que retribuye exclusivamente la copia privada. Cuando a la copia privada no le cabe ni siquiera esa dudosísima presunción que establece la LPI, entonces pasa lo que pasa: que viene el TJUE y la tumba.

En realidad, es lo que hace ya muchos años venimos diciendo algunos, hace algunos años dicen, además, bastantes más, y desde hace unos pocos años, viene diciendo todo el mundo con una unanimidad sólo rota por las entidades de gestión, la industria interesada, cuatro privilegiados que viven del cuento y la práctica totalidad de los políticos (la inmensa mayoría de los cuales -de todos los partidos- jura por sus ancestros ser anticanon, pero luego vota a favor del mismo, es que no sé a qué clase de chusma estamos votando, la verdad…): el sistema se rompe por todas las costuras y cada vez que modifican la ley o que legislan más es para apuntalar aún más no un edificio -ya no queda nada que pueda llamarse edificio– sino una fachada ruinosa. Ruinosa, lo cual no obsta para que de ella se estén enriqueciendo unos cuantos.

Hay que replantearlo todo. «Todo» incluye el sistema de compensación (la compensación, así, en general, no la discute nadie: se discute el sistema), el sistema de sociedades de gestión, el sistema de edición y distribución de contenidos (el otro día, Lara -supongo que en un delirio- decía que a la literatura -por la edición de libros- no le iba a pasar como a la música -por la edición de discos-: ¡anda que no! Que espere -y no mucho- y verá) y el sistema entero, en fin, de difusión cultural. De arriba a abajo. La digitalidad, como fenómeno que ya va mucho más allá de lo puramente tecnológico para pasar a ser político (aunque los políticos no se enteren), económico (aunque muchos economistas no se hayan enterado aún) y social (aunque muchos sociólogos estén cazando moscas analógicas), ha llegado para subvertirlo todo, para cambiarlo todo, de la misma forma que la imprenta lo subvirtió y lo cambió todo también, en su momento. El copyright y otros sistemas paralelos (las reales cédulas de aquí) pudo ser un buen sistema temporibus illis, sobre todo porque protegía al autor de la rapiña del impresor -hoy, editor- sin meterse para nada en el uso que los lectores hacían de las obras. El sistema, hoy, ha degenerado hasta convertir a los editores -y a sus tristes cómplices de las sociedades de gestión- en cazarrecompensas a costa del propio autor (al que previamente ya han esquilmado) y de los ciudadanos, utilizando a aquél como rehén ético contra éstos (con la inestimable ayuda de una serie de tontos útiles de los que nunca faltan, aparte de los grandes chupadores del bote).

Todavía no hace mucho tiempo, arguían -y todavía arguyen- que los españoles somos unos bárbaros porque cuestionamos un sistema que en Europa nadie cuestiona. Mentira. Además de que sabemos -y saben- perfectamente que en muchos países de Europa está puesto en cuestión (con todo y que la mayoría de países tiene un sistema, dentro de lo intrísnsecamente injusto del mismo, mucho más equilibrado y racional que el español), la sentencia del tribunal europeo sobre el caso Padawan, SL ha levantado la alfombra del entusiasmo anticanon. Empezamos cuatro gatos en España, y a la vuelta de muy poco tiempo, años, quizá, pero no muchos, habrá un clamor contra el canon y contra el apropiacionismo de la industria del ocio a nivel europeo. El exceso en los expolios acaba conduciendo a la rebelión general. Es aquello del cántaro que va tanto a la fuente, cuya rotura el aguador, en su arrogancia, es incapaz de prever, pese a que, delante de sus narices, el concesionario del ayuntamiento está cavando la zanja por la que pasará la conducción municipal de agua hacia las acometidas de los edificios.

Sic transit gloria mundi.

¡¡EXITO JUDICIAL!!

El Tribunal de Justicia de la UE

le propina

LA GRAN HOSTIA

a la $GAE

Envainarse la puntita

De la serie: Correo ordinario

Hace unos días la Junta de Andalucía anunció la inopinada y súbita suspensión de la Conferencia Internacional de Software Libre (OSWC) que, con carácter bienal, se venía realizando en Málaga, a lo que hay que sumar el nada elegante detalle de haber anunciado su ukase apenas veinte días antes de la celebración del evento, con ponentes comprometidos, billetes adquiridos, reservas de hotel efectuadas y muchísimas empresas que habían realizado ya inversiones, en muchos casos importantes, para su concurrencia en el evento, lo que hizo que la organización quedara, materialmente, con el culo al aire y con mucha gente, personas y entidades, profundamente defraudadas.

Como consecuencia de semejante alcaldada, en la red se lió la grandísima bronca, bronca que culminó con la publicación en la página de la Asociación de Internautas, de una carta abierta tremenda dirigida al consejero de Economía, Ciencia e Innovación de la Junta, al que se hacía responsable de la trapazada, cometida, en fase ejecutiva, por Juan María González Mejías, director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, sobrinísimo de Felipe González y afectísimo a Micro$oft, según todos los indicios, al que Juantomás García dedicó en su día la correspondiente catilinaria.

La Federación Nacional de Empresas de Software Libre (ASOLIF), cuyo Encuentro nacional había asociado al OSWC, mantuvo, a pesar de todo, su propia convocatoria, con lo que palió un poco, siquiera un poco, los daños causados por la suspensión de OSWC.

El asunto tenía, además, dos muy indeseables proyecciones: la primera, obviamente, la malísima imagen que de España y de sí misma proyectaba, a un importante nivel internacional, la Junta de Andalucía; la segunda, aún más importante (no siendo la anterior grano de anís), el terrible indicio de que la Junta de Andalucía abandonaba su firme avance por la senda del software libre. Es el momento de recordar que, después de Extremadura, Andalucía es la región española donde el software libre ha recibido un mayor impulso, sobre todo en el ámbito educativo, pero con prometedores -y hasta ahora creíbles- proyectos de futuro -que habrían de engrosar la tarea ya realizada- en las administraciones públicas. Y su segunda posición con respecto a Extremadura es cualitativa, porque, cuantitativamente, Andalucía es una región muchísimo más potente en cuanto a presupuesto propio y gestionado, en cuanto a número de habitantes (la mayor de España, con más de ocho millones de habitantes) y, por tanto, en cuanto al volumen de su sistema administrativo y educativo; pensemos que Extremadura es una comunidad con poco más de un millón de habitantes.

Ayer, finalmente, la Junta de Andalucía se la envainó. En una nota de prensa en la que justifica la suspensión del OSWC por un reajuste presupuestario -cosa que no se cree nadie, habría que ser tonto-, manifiesta su inquebrantable adhesión al software libre y su compromiso de seguir trabajando en su implantación y extensión en el ámbito administrativo, empresarial y ciudadano, como única opción sostenible para motorizar los diversos proyectos y el futuro socioeconómico andaluz.

La nota, no voy a decir una cosa por otra, es tranquilizadora. Aunque la suspensión del OSWC no queda para nada justificada, ni en su forma, ni en su fondo (la excusa no puede, realmente, ser más tonta, y menos aún pretextada apenas tres semanas antes del evento en cuestión), también es cierto que la reafirmación de la apuesta por el software libre parece lo suficientemente enérgica como para que podamos respirar más o menos tranquilos, por lo menos, de momento. Habría que tener muchísima jeta para pronunciarse en los términos en que lo hace la nota teniendo en el bolsillo la condena a muerte del software libre; aunque, bueno, de estos políticos puede esperarse cualquier cosa y por eso digo que podemos respirar más o menos tranquilos y solamente de momento, porque nunca se sabe si el palo realmente va a caer y, si ha de caer, puede hacerlo en cualquier momento.

Lo que no dice la nota es qué pasa con los dos millones y medio de euros regalados a Micro$oft, que, según parece, quedan preservados y a salvo de reajustes presupuestarios y ése es uno de los indicios que obliga a mantener las reservas a que aludía en el párrafo anterior. Y es que aquí es donde está el problema: allí donde aparece Micro$oft, aparece la negra sospecha de la corrupción.

Lo cierto es que Micro$oft es un lobby en sí mismo -no necesita de nadie más para formarlo, sin perjuicio de que, además, forme parte de otros- y las sospechas adquieren consistencia si contemplamos la cuestión desde cierto ángulo: salvo por su facturación -cuyo valor sale de manera prácticamente íntegra al exterior y aquí sólo se queda el IVA- Micro$oft no pasa de ser una PYME. Basta contar su número de trabajadores en España, basta ver su aportación al PIB y basta buscar con un farol y una buena lupa su aportación al desarrollo tecnológico español para darnos cuenta de que hay multitud -pero que una verdadera constelación- de empresitas con una mayor entidad y una mayor aportación al país en todos los órdenes. Eso, en sí mismo, no concuerda con su acceso fácil y habitual a los más altos e inaccesibles salones estatales -incluyendo cenas monárquicas- y sólo se explica en clave de turbia sospecha… o bien en base a la toma de rehenes que la compañía, como es de general conocimiento, practica con sus clientes, cerrando el paso a toda competencia con todo tipo de argucias, y convirtiendo las migraciones o cualquier modo de abandono de sus sistemas en una cruz. La implantación -por no ir más allá y no hablar de otras aplicaciones- de su sistema ofimático en todas las administraciones públicas españolas -con poquísimas excepciones- habiendo alternativas materialmente gratuitas y de muy fácil migración técnica y de formación de personal es algo que, tomando distancia, resulta absolutamente inaudito y no se ajusta a ninguna explicación lógica… y, a veces, ni ética.

Si los políticos no quieren traguitos como el que acaba de pasar el consejero de Economía, Ciencia e Innovación de la Junta de Andalucía, Micro$oft tiene que dejar de pasearse como Perico por su casa por las administraciones públicas españolas y hay que limpiar éstas de factótums del Imperio, porque esto no puede ser. Incluso coporaciones con muy firme mando en plaza gubernamental (Telefoníca, Santander, la Caixa…) actúan con mucha mayor discreción, pese a que su juego es igualmente sucio. Y, desde luego, hay que terminar con las licitaciones fabricadas a medida -y descaradamente- para Micro$oft. Es necesario que se liciten productos o servicios genéricos, sin especificación de marcas o denominaciones, a las que cualquier pueda concurrir (incluso cooperativas o joint ventures creadas al efecto) equipado con soluciones libres. Tiene que acabarse ese servilismo hacia Micro$oft, que cada día es, además, más descarado. Y que, encima, es poco futurible y no sirve para nada más que como factor agravante de la baja competitividad española en todos los ámbitos.

Como única satisfacción en todo este asunto mal resuelto (siempre que pueda decirse que ha sido resuelto, cosa más que dudosa) es constatar que los políticos acusan el golpe cuando se les da duro. Es verdad que en Andalucía -y esto es una importante clave a tener en cuenta- se vive ya ambiente electoral y el PSOE en el poder está en la incertidumbre. El otro día hablaba de lo malo que es para nosotros cuando todo indica que están en el hoyo (igual de malo que cuando están al cien por cien seguros de vencer) y lo fuerte que es nuestra posición cuando el voto internauta puede ser decisivo. Los internautas andaluces cuentan con esa ventaja que es, en cierto modo, casual, pero que no por ello hay que rechazar. Cuando pasen las elecciones, las gane quien las gane, veremos qué pasa realmente con el software libre andaluz. Aunque soy pesimista, no sé por qué.

Bueno, sí que lo sé.

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